El gobierno español ha puesto en marcha un ambicioso proceso de regularización extraordinaria que pretende cambiar radicalmente el estatus legal y social de más de medio millón de personas migrantes que residen en el país sin la documentación adecuada. Calificada como una jornada histórica por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, esta medida representa la primera de su tipo en más de dos décadas y busca ofrecer dignidad, derechos y oportunidades a un colectivo que ya forma parte activa de la sociedad. La iniciativa, fruto de un acuerdo político y de una considerable presión social, tiene como meta simplificar los complejos trámites burocráticos y eliminar las barreras que han dificultado procesos anteriores. El objetivo fundamental es reconocer una realidad existente en las calles, proporcionando un marco legal que beneficie tanto a los migrantes como al conjunto de la economía y la sociedad española, integrando a cientos de miles de personas al sistema formal de trabajo y contribución.
Criterios de Elegibilidad y Perfil del Solicitante
Para poder acogerse a este plan de regularización, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos específicos diseñados para abarcar un amplio espectro de situaciones de vulnerabilidad administrativa. El plan se dirige a personas que se encuentren en España en situación irregular y a solicitantes de asilo, estableciendo como requisito temporal clave la capacidad de acreditar su permanencia en el país o haber solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025. Adicionalmente, se exige un periodo de estancia continuada en el territorio nacional superior a los cinco meses. Un criterio indispensable para acceder al proceso es la ausencia de antecedentes penales y la garantía de que el solicitante no representa una amenaza para el orden público. Estos requisitos buscan asegurar que la regularización beneficie a individuos integrados en la comunidad y que no supongan un riesgo para la seguridad, equilibrando la respuesta humanitaria con las responsabilidades del Estado en materia de seguridad ciudadana y orden legal.
Una de las innovaciones más destacadas de este nuevo marco regulatorio es la considerable flexibilidad que se ofrece para acreditar la permanencia en el país, una de las mayores barreras en procesos anteriores. La normativa permitirá el uso de «cualquier documento público, privado o una combinación de ambos» como prueba válida. Esta apertura incluye documentos oficiales tradicionales como certificados de empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales gestionados por administraciones públicas. De manera crucial y respondiendo a una demanda histórica de diversas entidades sociales, el plan también aceptará los justificantes de envío de remesas como prueba de residencia. Esta inclusión es fundamental, ya que reconoce las enormes dificultades que enfrentan las personas en situación irregular para acceder a registros oficiales como el padrón o para formalizar contratos, ofreciendo una vía alternativa y realista para demostrar su arraigo en España.
Detalles del Proceso y Permisos Otorgados
El gobierno ha diseñado un procedimiento que busca ser ágil y proporcionar seguridad jurídica tanto a los solicitantes como a los empleadores desde el inicio del trámite. El periodo para presentar las solicitudes se abrirá a principios de abril y se extenderá hasta finales de junio. Una de las garantías más significativas del plan es que, una vez presentada la solicitud, quedarán automáticamente suspendidos todos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesen sobre el solicitante. Este mecanismo de protección inmediata busca evitar situaciones de incertidumbre y vulnerabilidad durante el tiempo que dure el proceso de evaluación. La intención es crear un entorno de confianza que incentive la participación masiva en el programa, asegurando que nadie sea penalizado por iniciar el camino hacia la regularización de su situación administrativa en el país.
La mera admisión a trámite de la solicitud, que se resolverá en un plazo máximo de quince días, permitirá a los inmigrantes empezar a trabajar de forma legal «desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país». Según la ministra Saiz, este enfoque beneficia tanto al trabajador, que adquiere derechos laborales y sociales desde el principio, como a las empresas, que ganan en seguridad jurídica al poder contratar personal de manera formal y transparente. El gobierno se compromete a resolver todas las peticiones en un margen de hasta tres meses. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia provisional por un periodo de un año, que permite trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. El plan también contempla la integración familiar, ya que los hijos de los solicitantes que obtengan la regularización recibirán un permiso de residencia de cinco años, proporcionando una mayor estabilidad al núcleo familiar.
Un Intenso Debate Político y Social
La aprobación de esta medida se ha realizado mediante un Real Decreto, una herramienta legislativa que emana directamente del poder Ejecutivo y que permite evitar el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Esta vía fue elegida previsiblemente para sortear las dificultades que el gobierno y sus socios podrían enfrentar para alcanzar una mayoría, dada la férrea oposición de los partidos de la derecha. Es importante destacar que la medida recoge el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso con el respaldo de más de 600.000 firmas y que superó un primer trámite en abril de 2024 con un apoyo casi unánime. Sin embargo, dicha iniciativa se encontraba bloqueada desde entonces por falta de acuerdo. El plan actual cuenta con el impulso de cientos de organizaciones de un amplio espectro ideológico, incluyendo entidades religiosas como la Conferencia Episcopal, asociaciones anarquistas y diversos colectivos empresariales.
Las reacciones de los principales partidos políticos han sido contundentes y diametralmente opuestas, reflejando la profunda división que genera la política migratoria en España. El Partido Popular (PP) ha rechazado la medida de plano, con su portavoz, Ester Muñoz, criticando las «regularizaciones masivas» y argumentando que estas deberían estar vinculadas estrictamente al empleo y no a la mera residencia. Calificó el procedimiento de «ilegal» y abogó por un sistema de regularización «persona a persona». Por su parte, el partido de ultraderecha Vox anunció que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo, considerando la medida una «locura», una «barbaridad» y un «atentado a la identidad nacional», advirtiendo que fomentará un «efecto llamada» que atraerá a más inmigración irregular. En contraste, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, celebró la iniciativa como «una buena noticia» que contribuirá al «bien común de muchos inmigrantes» y que «reconoce así su dignidad».
Una Mirada a los Precedentes Históricos
La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de emprender esta regularización extraordinaria se inscribe en una tradición de procesos similares que han marcado la historia reciente de España bajo gobiernos de distinto signo político. Si bien esta es la primera regularización de carácter masivo bajo el actual ejecutivo, no representa un hecho sin precedentes. En el año 2005, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo la que es considerada la mayor regularización hasta la fecha, un proceso que benefició a más de 570.000 personas y que transformó el panorama migratorio del país. Aquella medida, al igual que la actual, buscó aflorar la economía sumergida y garantizar derechos básicos a una población ya asentada en el territorio, aunque también generó un intenso debate político tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea. Estos antecedentes muestran que la gestión de la inmigración irregular ha sido un desafío recurrente para las administraciones españolas.
Previamente, durante los mandatos del Partido Popular presidido por José María Aznar, también se recurrió a este tipo de mecanismos en varias ocasiones. Se llevaron a cabo tres procesos de regularización en los años 1996, 2000 y 2001, que en su conjunto beneficiaron a más de 520.000 personas. Incluso las primeras regularizaciones de la etapa democrática tuvieron lugar durante la presidencia de Felipe González, entre 1982 y 1996. Este recorrido histórico demostró que, más allá de las diferencias ideológicas, los sucesivos gobiernos se han visto en la necesidad de implementar soluciones pragmáticas para gestionar la realidad de la inmigración irregular. La aprobación del plan actual se basó en una combinación de factores, incluyendo la presión ejercida por una movilización social sin precedentes, la negociación política entre los socios de gobierno y el reconocimiento de que la integración de la población migrante es clave para el bienestar social y el desarrollo económico del país.
