Tras la hipotética caída del gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela se enfrenta a un abismo económico de proporciones históricas, una devastación tan profunda que su reconstrucción se antoja una tarea titánica que requerirá un esfuerzo coordinado y masivo sin precedentes en la historia reciente de América Latina. En este contexto desolador, la propuesta del economista y exdirectivo del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, de implementar un «Plan Marshall» para el país, resuena no como una simple metáfora, sino como una hoja de ruta indispensable. La nación no solo lidia con las cicatrices de una crisis, sino con la desarticulación completa de sus cimientos productivos, monetarios y sociales. La magnitud del desafío es multidimensional: una espiral inflacionaria que amenaza con devorar nuevamente el poder adquisitivo, un aparato petrolero en ruinas, una deuda externa que duplica el tamaño de su economía y una crisis humanitaria que ha sumido a la mayoría de la población en la pobreza. El análisis de esta catástrofe, a menudo comparada con las peores crisis argentinas, revela que cualquier solución viable debe trascender la mera inyección de capital para abordar una necesaria reconstrucción institucional desde sus cimientos.
Diagnóstico de una Economía Devastada
El problema más tangible e inmediato que enfrenta la población venezolana es una inestabilidad monetaria extrema que bordea el colapso total del sistema de precios. Después de haber sobrevivido a una de las peores hiperinflaciones de la historia moderna en 2019, el país se encuentra nuevamente «coqueteando con otra hiperinflación», según las palabras de José Guerra. La causa directa de esta nueva amenaza es una política cambiaria insostenible, implementada tras las elecciones de 2024, que consiste en una devaluación programada y diaria del bolívar a un ritmo del 1%. Esta medida ha pulverizado la ya mermada confianza en la moneda local y ha generado una distorsión abismal en los precios relativos. La situación evoca la crisis argentina de finales de los años ochenta, resumida por Guerra en la lapidaria frase: «No hay precios». Esta afirmación captura la imposibilidad para comerciantes y consumidores de establecer un valor de referencia para bienes y servicios, ya que la reposición de inventarios se realiza a un costo impredecible. La brecha cambiaria, antes controlada, ha explotado hasta alcanzar el 120%, mientras el Banco Central carece de reservas para intervenir y estabilizar el mercado. La inflación se instaló en dos dígitos mensuales, con una proyección para el año 2025 que alcanzó un alarmante 600%, impulsada por un agudo déficit fiscal que en 2024 representó el 12% del Producto Bruto Interno.
Paralelamente al desastre monetario, la columna vertebral histórica de la economía venezolana, la industria petrolera, se encuentra en un estado de ruina casi total. La producción de crudo, que durante décadas fue el motor del país, se ha derrumbado a tal punto que hoy genera apenas una cuarta parte de los barriles que se producían antes de la era chavista. Este desplome es el resultado de una combinación tóxica entre una «equivocada política económica local» y el peso de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Como consecuencia directa de esta contracción productiva, el Producto Bruto Interno del país se ha reducido a la mitad, situándose actualmente en unos escasos 80,000 millones de dólares. La infraestructura petrolera, según enfatiza Guerra, está simplemente «destruida». Un alivio transitorio durante la administración de Joe Biden, que permitió a la multinacional Chevron aumentar sus exportaciones, demostró ser insuficiente para revertir una tendencia de deterioro estructural. La recuperación de este sector estratégico es una tarea monumental que excede con creces la capacidad de la estatal PDVSA y de la propia Chevron. Se estima que se requerirá una inversión masiva de 70,000 millones de dólares y un plazo de al menos cuatro años solo para recuperar los niveles de producción previos, un objetivo que solo será posible si se logra convocar a otras grandes empresas privadas internacionales, una tarea complicada por la profunda desconfianza generada por expropiaciones pasadas, como las sufridas por ConocoPhillips, que aún reclama activos por 12,000 millones de dólares.
El Peso de la Deuda y la Fractura Social
El tercer pilar de esta crisis sistémica es una deuda externa que ha crecido sin control mientras la capacidad de pago del país se desvanecía por completo. José Guerra cifra este pasivo en aproximadamente 170,000 millones de dólares, una cantidad que duplica el tamaño actual del Producto Bruto Interno venezolano. Esta deuda no es un bloque monolítico, sino un conglomerado complejo y de difícil gestión que incluye compromisos con tenedores de bonos soberanos, deuda comercial acumulada por la estatal petrolera PDVSA, juicios pendientes por las expropiaciones de empresas nacionales e internacionales, y una deuda específica con China que asciende a unos 30,000 millones de dólares. Frente a esta monumental montaña de obligaciones financieras, el único activo relevante del país en el exterior es Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, que posee refinerías en Illinois, Luisiana y Texas y está valuada en unos 14,000 millones de dólares. Irónicamente, esta joya de la corona es también el principal objetivo de los litigios de acreedores internacionales, entre ellos el fondo Elliot de Paul Singer, conocido por su tenaz y exitoso litigio contra Argentina, lo que añade una capa de complejidad jurídica a cualquier intento de reestructuración.
Estas cifras macroeconómicas, aunque abrumadoras, no logran capturar la profundidad de la crisis humanitaria que se vive en el terreno. La devastación económica se ha traducido en un colapso social que ha sumido a la mayoría de la población en condiciones de vida precarias. Según mediciones realizadas por la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello, la pobreza afecta a un alarmante 70% de los venezolanos, una situación que José Guerra califica como «peor que la estimada en 2017 o 2018», durante el primer gran ciclo hiperinflacionario. La desigualdad social ha alcanzado niveles extremos: mientras que solo un 10% de los venezolanos logra cubrir el costo de la canasta alimentaria básica, un reducido y privilegiado círculo de empresarios vinculados al poder anterior tiene acceso a bienes suntuarios de importación en una economía dolarizada de facto. Este agudo contraste entre la miseria generalizada y la opulencia de una élite hace indispensable que cualquier plan de reconstrucción económica vaya de la mano con la implementación de un «amplio plan de ayuda social», trazando otro paralelo ineludible con las medidas de contención que se aplicaron en Argentina para mitigar los efectos de la crisis de 2001.
El Complejo Camino Hacia la Recuperación
La audaz propuesta de José Guerra de un «Plan Marshall» es el eje de la solución, y su implementación depende de una reconstrucción financiada con la asistencia coordinada de organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), complementada con préstamos bilaterales de países avanzados. Sin embargo, el camino para acceder a esta ayuda vital está plagado de prerrequisitos y desafíos formidables. El primer paso ineludible, y quizás el más difícil, es «sacar a relucir toda la basura escondida debajo de la alfombra». Durante años, el gobierno chavista, al igual que el kirchnerismo en Argentina, dejó de publicar estadísticas económicas clave o las manipuló sistemáticamente. Para reanudar las relaciones con la comunidad financiera internacional y recuperar la credibilidad perdida, Venezuela debe permitir una auditoría exhaustiva del FMI. El país no se somete a una evaluación del Artículo IV del FMI desde el año 2004, un proceso fundamental para que el organismo pueda diagnosticar la situación real de las cuentas públicas. Además, debe cumplir con el Artículo VIII, que obliga a publicar estadísticas económicas de manera regular y transparente, una falta grave que en 2013 le valió una moción de censura a Argentina por parte del FMI.
Una vez restablecida la transparencia y la confianza, el siguiente paso sería un «análisis de sustentabilidad de la deuda» por parte del FMI, similar al que se realizó para Argentina en 2020. Este estudio técnico determinaría el nivel de quita, es decir, el recorte sobre el valor nominal de la deuda, que el país necesita aplicar a sus bonos soberanos para poder salir del default en el que se encuentra desde hace casi una década. Este proceso, aunque necesario, desatará inevitablemente una compleja y prolongada ola de juicios por parte de bonistas y fondos de inversión, con figuras judiciales que tomarán el relevo de Griesa o Preska en casos de reestructuraciones soberanas conflictivas. A corto plazo, la prioridad absoluta es estabilizar la economía. Guerra se muestra esperanzado en que un repunte de las exportaciones petroleras podría aliviar la situación, ya que «si se estabiliza la tasa de cambio, se estabiliza la inflación». Esto permitiría reducir la brecha externa y mitigar los efectos más agudos de la crisis. No obstante, el propio economista advierte con cautela que, antes de ver una mejora, es muy posible que la situación empeore. Este deterioro inicial sería la consecuencia natural de sincerar una economía que ha estado artificialmente sostenida y cuya verdadera magnitud de problemas ha sido ocultada por años de opacidad informativa.
Un Futuro Condicionado por la Disciplina y el Apoyo Global
La reconstrucción de la economía venezolana se reveló como un desafío que trascendió la simple inyección de capital extranjero. El éxito de cualquier iniciativa, como el propuesto «Plan Marshall», dependió fundamentalmente de un profundo proceso de saneamiento institucional, el restablecimiento de la confianza internacional a través de la transparencia estadística y una compleja renegociación de sus vastos compromisos financieros. El camino emprendido demostró que la estabilización requería no solo el apoyo coordinado de organismos multilaterales, sino también una férrea voluntad política interna para llevar a cabo reformas estructurales dolorosas pero necesarias. Se entendió que el verdadero reto no era solo reactivar el aparato productivo, sino reconstruir el tejido social fracturado por años de crisis y desigualdad. El proceso fue largo y, en sus primeras etapas, más arduo de lo anticipado, confirmando que el rescate de una nación del colapso total fue una maratón de resistencia y disciplina, no una carrera de velocidad.
