La ciudad de Algeciras se encuentra sumida en una profunda encrucijada, definida por dos relatos completamente antagónicos sobre su presente y futuro, que confrontan directamente la percepción de sus ciudadanos. Por un lado, la administración local, encabezada por el Partido Popular, proyecta una imagen de éxito y solvencia, celebrando la liquidación de la deuda bancaria como el culmen de una gestión fiscal responsable y el pistoletazo de salida para una era de desarrollo urbano tangible. Por otro lado, la oposición socialista dibuja un panorama desolador de abandono, inacción y dependencia de fondos externos, acusando al gobierno de construir un discurso basado en la propaganda que oculta una realidad de deterioro en los servicios y las infraestructuras básicas. Este choque frontal de narrativas no es una mera disputa política; es un debate fundamental sobre la dirección de la ciudad, que obliga a preguntarse si las cuentas saneadas se traducen realmente en una mejor calidad de vida o si, por el contrario, son el síntoma de una parálisis inversora que lastra el bienestar de sus habitantes.
La Visión Oficial: Saneamiento y Proyectos Emblemáticos
Desde la perspectiva del equipo de gobierno, Algeciras ha alcanzado un hito financiero que redefine su futuro. La teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Solanes, anunció la amortización anticipada de los dos últimos préstamos bancarios que mantenía la institución, una operación que pone fin a un total de 31 préstamos bilaterales suscritos a lo largo de los años. Se destacó que muchos de estos compromisos arrastraban condiciones muy desfavorables, con tipos de interés que superaban el 7 %, lo que representaba una sangría constante para las arcas municipales. La cancelación del préstamo Dexia-Sabadell por más de 1,8 millones de euros y el de Caixabank por casi 700.000 euros se presentaron como la culminación de un modelo de gestión basado en «la transparencia, la austeridad y la responsabilidad». El alcalde, José Ignacio Landaluce, enmarcó este logro como el resultado de un «esfuerzo continuado, riguroso y planificado» para corregir una «compleja herencia económica». Para la administración local, este saneamiento no es un fin en sí mismo, sino la herramienta indispensable para cumplir con los proveedores y, sobre todo, para liberar recursos que puedan ser reinvertidos en el progreso de la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos, demostrando que una administración fiscal prudente es compatible con el avance.
Más allá de la disciplina financiera, el gobierno municipal defiende su gestión con una extensa lista de proyectos estratégicos que, según su visión, están transformando activamente la ciudad. En el ámbito de las grandes infraestructuras, se subraya el avance en la Ciudad de la Justicia, con la aprobación del proyecto de demolición del actual edificio de la Audiencia Provincial como un «paso decisivo». Asimismo, se resalta la licencia concedida para el nuevo Centro Deportivo del Colegio María Auxiliadora–Salesianos, que promete dotar a la zona de instalaciones de primer nivel, incluyendo piscinas y pabellón. La transformación urbana se materializa en proyectos como la futura plaza de la Rotonda del Ave María, la Plaza Escalinata destinada a conectar la Plaza Alta con el Paseo Marítimo, y el impulso a las fases 2 y 3 del Lago Marítimo. En los barrios, se celebran inauguraciones como la del Parque del Tropezón en La Piñera, que recupera un espacio degradado, y la conversión de una parcela de más de 12.000 metros cuadrados en La Ermita en una zona verde de nueva generación. Estas actuaciones se complementan con la finalización del Plan de Acerado y el Plan de Barandillas, junto con la apertura de nuevos espacios culturales como el Centro de Interpretación Paco de Lucía, que enriquecen el patrimonio y la oferta de la ciudad.
La ContranarrativAbandono y Dependencia Externa
Frente al optimismo del gobierno, la visión del Partido Socialista Obrero Español, articulada por su portavoz Rocío Arrabal, es radicalmente opuesta y considerablemente más sombría. La oposición califica la gestión de Landaluce como «nefasta» y acusa al alcalde de recurrir a «bulos y más bulos para tratar de tapar la verdad». El principal de estos engaños, según la líder socialista, es precisamente el anuncio del fin de la deuda bancaria, una afirmación que tacha de falsa. Sin embargo, el eje central de su crítica no es la contabilidad municipal, sino la alarmantemente baja inversión directa del Ayuntamiento en la ciudad. Arrabal denuncia que en 2025, la inversión municipal apenas alcanzó los 15 euros por habitante, una cifra que considera irrisoria. Sostiene que si no fuera por la llegada de fondos europeos y las inversiones del Gobierno de España, en Algeciras «no se estaría ejecutando absolutamente nada». Para respaldar esta afirmación, cita proyectos clave como la implantación de las zonas de bajas emisiones, financiadas por la Unión Europea, o las obras de mejora en el Acceso Sur al Puerto y en la vía férrea Algeciras-Bobadilla, ambas impulsadas por ministerios del gobierno central. Esta dependencia externa, argumenta la oposición, demuestra una incapacidad o falta de voluntad del gobierno local para liderar el desarrollo de la ciudad con recursos propios.
Este diagnóstico de parálisis inversora se traduce, según la oposición, en un visible estado de abandono que afecta a la vida diaria de los algecireños. Arrabal describe un panorama de «barriadas más sucias y abandonadas que nunca», donde el gobierno está instalado en «la falta de transparencia, la indolencia y la propaganda». La crítica se materializa en un largo listado de deficiencias concretas: desde la mala planificación de eventos como la Navidad hasta fracasos rotundos como la pérdida de fondos europeos o el hecho de que el puente del río Pícaro siga sin reparar a pesar de su carácter de urgencia. Las obras de la avenida Diputación en el Rinconcillo son calificadas como una «auténtica chapuza». A esto se suman problemas crónicos como el deterioro de edificios municipales emblemáticos como el Teatro Florida, que sufre de goteras y un estado ruinoso, o las alcantarillas atascadas que provocan inundaciones recurrentes. La lista de carencias en servicios básicos es extens»contenedores de basura rotos, falta de personal y maquinaria de limpieza, calles levantadas, parques y jardines sin desbrozar, y constantes cortes de agua por falta de mantenimiento de la red». Finalmente, la crítica se endurece al señalar la inacción del alcalde ante los «flagrantes incumplimientos» de la Junta de Andalucía, como el nuevo edificio del Hospital Punta de Europa o el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía.
Un Escenario de Narrativas Enfrentadas
El debate sobre el estado de Algeciras se configuró, por tanto, en torno a dos realidades que parecían irreconciliables. Por un lado, el gobierno del Partido Popular proyectó una imagen de solvencia y progreso tangible, donde la liquidación de la deuda bancaria fue presentada como el mayor trofeo de una gestión fiscal responsable, respaldada por una lista de proyectos que prometían modernizar la ciudad. Por otro lado, la oposición socialista describió una ciudad estancada, estéticamente degradada y funcionalmente deficiente, cuya escasa actividad inversora dependía casi exclusivamente de fondos externos. El núcleo de la disputa residió en la interpretación de la realidad económicmientras uno celebraba la salud financiera como la base para un futuro sólido, el otro la interpretaba como una incapacidad manifiesta para invertir en las necesidades reales y urgentes de los ciudadanos. Esta confrontación dejó a la ciudadanía en medio de un fuego cruzado de acusaciones y promesas, obligada a discernir si los logros macroeconómicos pregonados por la administración se correspondían con una mejora palpable en su día a día o si, por el contrario, las denuncias de abandono reflejaban con mayor fidelidad su experiencia cotidiana.
