Hacia finales del año 2025, el sector minero argentino se encuentra en un punto de inflexión crucial, con decisiones legislativas y una palpable expectativa social que prometen definir el rumbo de la industria para las próximas décadas. En el epicentro de esta transformación se encuentra el cobre, un mineral de creciente importancia estratégica a nivel global por su rol indispensable en la transición energética y en la industria de la defensa. Sobre este recurso pende una promesa de inversiones colosales que ascienden a una cifra global estimada en 35.000 millones de dólares, un capital que aguarda con atención señales claras de seguridad jurídica para materializarse en el país. Dos eventos parlamentarios clave son los catalizadores de este momento decisivo: un cambio de política histórica en la provincia de Mendoza y un debate inminente en el Congreso de la Nación sobre la adaptación de la Ley de Glaciares, cuyas resoluciones podrían desatar un potencial económico sin precedentes.
Mendoza y el Despertar de una Nueva Era Minera
El primer hito significativo que ha infundido un renovado optimismo en el sector proviene de la provincia de Mendoza, una jurisdicción que históricamente ha mantenido una postura restrictiva, a menudo calificada como «antiminera». Este paradigma experimentó una reversión institucional de gran calado el 10 de diciembre de 2025, cuando la Legislatura provincial sancionó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto San Jorge. Esta aprobación representa un cambio histórico que no solo habilita un proyecto específico, sino que también envía una potente señal a los inversores nacionales e internacionales sobre una nueva apertura de la provincia hacia la minería a gran escala. Tras esta sanción, el proceso administrativo requiere ahora la promulgación de la ley por parte del gobernador, paso que inaugurará una nueva etapa para el proyecto, consistente en un período de aproximadamente un año dedicado a realizar los estudios de factibilidad. Durante esta fase, se evaluará minuciosamente la viabilidad de la iniciativa, verificando que la ingeniería de detalle, el plan de ejecución y los análisis de costos sean técnica y económicamente sólidos.
El Proyecto San Jorge, ubicado estratégicamente a 37 kilómetros de la localidad de Uspallata y a 97 de la capital provincial, es un emprendimiento de capitales mixtos en el que participan la compañía suiza Zonda Metals GmBH y el grupo argentino Alberdi. Este último es liderado por el empresario Martín Rapallini, quien ostenta además el cargo de presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), añadiendo un peso institucional considerable al proyecto. Las proyecciones financieras iniciales contemplan una inversión de 559 millones de dólares, capital que se destinará a desarrollar la infraestructura necesaria para alcanzar una producción anual de 40.000 toneladas de cobre fino, con el objetivo de iniciar las operaciones a partir del año 2028. El impacto socioeconómico previsto es igualmente notable, ya que se estima que el proyecto generará alrededor de 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante su fase de construcción, un período que se extendería entre 18 y 24 meses a partir de 2027. Posteriormente, durante la fase de operación, se prevé la creación de 2.400 empleos estables, lo que supondría un impulso significativo para la economía regional.
El Debate Nacional sobre la Ley de Glaciares
En paralelo al avance en Mendoza, el escenario nacional se prepara para una discusión de igual o mayor trascendencia. La administración federal ha incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que deberán celebrarse antes de fin de año, un punto crucial: la «Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar». Esta iniciativa no busca derogar la ley vigente desde 2010, sino proponer una adaptación que es vista con gran interés por las corporaciones mineras, ya que podría flexibilizar las condiciones para el desarrollo de proyectos en la alta cordillera. La solución legislativa propuesta consiste en un cambio fundamental en la gobernanza de los recursos hídricos, otorgando a las provincias la potestad principal para definir y reglamentar la protección de los glaciares dentro de sus respectivos territorios.
Este enfoque se sustenta en el principio establecido por la Constitución Nacional, que consagra a las provincias como dueñas originarias de sus recursos naturales. Al transferirles esta «llave» regulatoria, el Gobierno pretende crear un marco de incentivos donde cada gobernador pueda adaptar la normativa para atraer inversiones, generando así una suerte de «semi competencia jurídica provincial». Esta estrategia se considera una vía hábil para sortear potenciales conflictos judiciales que una derogación directa de la ley podría ocasionar, al tiempo que proporciona la flexibilidad y la seguridad jurídica que las grandes empresas mineras exigen antes de comprometer miles de millones de dólares. La modificación es, en esencia, la condición fundamental que un consorcio de las principales multinacionales mineras del mundo espera para desatar una ola de inversiones sin precedentes en Argentina, convirtiendo al debate legislativo en el árbitro final del futuro del sector.
La Inminente Avalancha de Inversiones en Cobre
La adaptación de la Ley de Glaciares es la señal verde que espera el proyecto más emblemático y de mayor envergadura, el desarrollado por Vicuña Corp., un consorcio integrado por la gigante australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. Este grupo podría anunciar en 2026 una inversión monumental de aproximadamente 15.000 millones de dólares para el desarrollo conjunto de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ambos localizados en la provincia de San Juan, en plena Cordillera de los Andes. Actualmente, Vicuña Corp. está preparando un informe técnico integrado de ambos depósitos de cobre y se anticipa que podría solicitar su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en los primeros meses de 2026. Este solo proyecto tiene el potencial de transformar radicalmente el perfil exportador y la economía de la región de Cuyo, posicionando a Argentina como un jugador de primer nivel en el mercado global del cobre.
Este no es un caso aislado, ya que otras importantes corporaciones han movido ficha, anticipando un cambio en el marco regulatorio. La multinacional Glencore ya ha solicitado su adhesión al RIGI para desarrollar dos minas de cobre en la provincia de Catamarca, con una inversión proyectada de 13.500 millones de dólares. De manera similar, el proyecto Los Azules, en San Juan, impulsado por McEwen Copper en asociación con Rio Tinto, ha presentado su solicitud para acogerse a los beneficios del régimen, comprometiendo una inversión de 2.700 millones de dólares. Mirando hacia el futuro inmediato, otra solicitud que marcará la agenda del sector es la de la empresa First Quantum, que ha prometido inversiones por 3.600 millones de dólares para la extracción de cobre en la provincia de Salta. En conjunto, estos proyectos demuestran un interés corporativo masivo y coordinado, listo para activarse una vez que las condiciones regulatorias sean las adecuadas.
Un Horizonte Definido por Decisiones Clave
El final del año 2025 fue un momento definitorio para el futuro económico de Argentina, con el sector minero en el epicentro de la transformación. La convergencia de una nueva política pro-minería en una provincia clave como Mendoza y la inminente redefinición del marco regulatorio nacional sobre la protección de glaciares tuvo el potencial de desbloquear un flujo de capital extranjero de 35.000 millones de dólares solo en el sector del cobre. Las decisiones que tomaron los legisladores en aquellos días no solo determinaron la viabilidad de proyectos multimillonarios y la creación de miles de empleos, sino que también configuraron el delicado equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental para las décadas venideras.
