La estabilidad económica de los hogares se encuentra en una encrucijada crítica, evidenciada por un indicador alarmante que ha alcanzado su punto más álgido en la última década y que pone de manifiesto las profundas tensiones financieras que atraviesan miles de familias. El análisis de la morosidad en los préstamos bancarios otorgados a particulares revela que en septiembre de 2025, el 10,1% de la cartera total de créditos presentaba atrasos superiores a 30 días, una cifra que no solo enciende las alarmas en el sector financiero, sino que también refleja una realidad social compleja y desafiante. Este incremento en el incumplimiento de pagos se produce en un contexto paradójico de recuperación en la concesión de créditos, lo que sugiere que el acceso al financiamiento, si bien se ha expandido, no ha ido necesariamente de la mano de una mejora en la capacidad de pago de los deudores. La situación plantea interrogantes urgentes sobre la sostenibilidad del endeudamiento familiar y la necesidad de políticas que equilibren el crecimiento del crédito con la protección del bienestar financiero de la población.
Un Panorama de Crecientes Desafíos Financieros
La Brecha Entre el Crédito Personal y Corporativo
El deterioro de la capacidad de pago no ha afectado a todos los sectores por igual, dibujando una clara línea divisoria entre las finanzas de los hogares y las de las empresas. El índice de incumplimiento en los créditos personales ha seguido una trayectoria ascendente y preocupante, escalando de manera progresiva desde un manejable 2,8% en diciembre de 2016 hasta el actual pico del 10,1%. Este aumento sostenido a lo largo de casi una década subraya una vulnerabilidad estructural en la economía familiar, probablemente exacerbada por factores como la inflación, la inestabilidad laboral y la insuficiencia de los ingresos para cubrir tanto las necesidades básicas como las obligaciones financieras. En contraste, el sector empresarial muestra una mayor resiliencia. Aunque la morosidad en los préstamos a empresas también ha experimentado un alza, se ha mantenido en un nivel considerablemente inferior, situándose en el 5,6%. Esta disparidad lleva la tasa combinada de incumplimiento para todo el sector privado al 7%, una cifra que, si bien es elevada, enmascara la crisis más aguda que se vive puertas adentro de los hogares.
El Crecimiento del Crédito en un Contexto Regional
Paradójicamente, la creciente dificultad de las familias para cumplir con sus obligaciones crediticias coexiste con una notable expansión en la oferta de financiamiento. Durante el último año, la concesión de créditos a particulares registró un crecimiento interanual del 35%, un dinamismo que podría interpretarse como una señal de confianza en la recuperación económica. Este auge ha contribuido a que la relación entre el crédito total y el Producto Bruto Interno (PBI) se duplique, alcanzando el 9%, o el 11,9% si se incluye el financiamiento otorgado en dólares. Sin embargo, esta cifra, aunque mejorada, sigue estando muy por debajo del promedio regional. En América Latina, la relación crédito/PBI se sitúa en torno al 49%, lo que indica que el mercado crediticio local aún posee un bajo nivel de profundidad. Esta particularidad sugiere que la reciente expansión podría estar concentrándose en segmentos de la población con perfiles de riesgo más elevados, quienes, ante la falta de alternativas, aceptan condiciones de financiamiento que a la larga resultan insostenibles, alimentando así el ciclo de sobreendeudamiento y morosidad.
Disparidades Geográficas y Sectoriales en la Mora
Un Mapa Desigual de la Morosidad en el País
El problema del incumplimiento de pagos no se manifiesta de manera uniforme a lo largo del territorio, sino que presenta profundas disparidades geográficas que reflejan las diversas realidades económicas y sociales de cada región. El Gran Buenos Aires, uno de los conglomerados urbanos más importantes, emerge como una de las zonas más críticas, con una tasa de mora que alcanza un preocupante 14%. No obstante, la situación más alarmante se registra a nivel provincial en Formosa, donde un extraordinario 27,2% de los créditos familiares se encuentra en situación de incumplimiento, una cifra que denota una crisis económica local de gran magnitud. En el extremo opuesto del espectro, provincias como Mendoza, Chubut, Río Negro y Neuquén presentan un panorama mucho más saludable. Estas jurisdicciones logran combinar un fuerte crecimiento en sus carteras crediticias con bajas tasas de morosidad, lo que sugiere un entorno económico más estable y una mayor capacidad de pago por parte de sus habitantes. Esta heterogeneidad evidencia que las soluciones deben ser adaptadas a las particularidades de cada región.
El Impacto por Sector Económico y Tipo de Entidad
Al desglosar la morosidad por actividad económica, el sector de la construcción se destaca como el más afectado, con un índice de incumplimiento del 6,9%. Esta cifra refleja la alta sensibilidad de este sector a los ciclos económicos y a la incertidumbre, donde las fluctuaciones en la inversión y el empleo impactan directamente en la capacidad de pago tanto de empresas como de trabajadores. Por otro lado, el análisis por tipo de entidad financiera revela diferencias significativas en la gestión del riesgo. Los bancos de capital extranjero son los que exhiben la mejor calidad en su cartera crediticia, posiblemente debido a políticas de evaluación y seguimiento más estrictas. Les siguen los bancos públicos, que muestran un desempeño relativamente sólido en los préstamos a individuos. En cambio, los mayores desafíos se concentran en los bancos privados de capital nacional y, especialmente, en las entidades financieras no bancarias, que a menudo atienden a segmentos de la población con menor acceso al crédito tradicional y, por ende, con perfiles de riesgo más elevados.
Navegando Hacia un Futuro Financiero Incierto
La evaluación de los datos y tendencias condujo a una perspectiva cautelosa para el año 2026. Se concluyó que, en ausencia de una mejora sustancial en las condiciones macroeconómicas generales y sin la implementación de políticas de crédito más adecuadas, la tasa de morosidad familiar probablemente se mantendría en los niveles elevados observados. Este escenario subrayó la urgencia de reenfocar las estrategias de financiamiento. La situación reveló que no bastaba con expandir el acceso al crédito; era fundamental promover un endeudamiento responsable e inclusivo, que considerara la capacidad real de pago de los hogares y ofreciera condiciones sostenibles a largo plazo. El análisis dejó claro que la estabilidad financiera de las familias era un pilar clave para la salud económica del país y que ignorar las señales de advertencia podría tener consecuencias sistémicas. La resolución de esta encrucijada requería un esfuerzo coordinado entre el sector financiero, los reguladores y los responsables de la política económica para forjar un camino más seguro y equitativo.
