Una cifra aparentemente sencilla condensó días de cálculos, dudas y promesas: un 11% de alza salarial fijo hasta 2028 que ordenaría el bolsillo de cientos de miles de empleados públicos y redibujaría la negociación colectiva en la Administración. El Ministerio de Función Pública ha puesto un número encima de la mesa y ha quitado variables del tablero. La pregunta ya no es cuánto, sino cuándo y cómo.
El debate se apretó con un detalle que lo cambia todo: tope del 4% en 2025 y 2026, perfil lineal en la senda y pago inmediato del 2,5% con retroactividad desde el 1 de enero. UGT lo ve como una brújula fiable; CCOO y CSIF piden más oxígeno al principio por la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre política. Miércoles, 18:00: una hora que puede inclinar la balanza.
Por Qué Esto Importa Ahora
La inflación moderada no borró el recuerdo de la cesta de la compra al alza ni la presión en alquileres y energía. Para quienes trabajan en hospitales, juzgados o aulas, una diferencia de dos puntos en 2025 vale más que promesas a largo plazo. Preservar poder adquisitivo hoy pesa tanto como asegurar estabilidad mañana.
Además, un marco plurianual da visibilidad presupuestaria en un clima incierto. Función Pública defiende que la senda fija reduce litigios y evita sorpresas ligadas a indicadores volátiles. Tras un ciclo con variables, crece la demanda de incrementos previsibles que permitan planificar ingresos y gasto.
El Acuerdo, Pieza A Pieza
La propuesta oficial contempla un 11% íntegramente fijo entre 2025 y 2028, un punto más que la oferta inicial, con tope del 4% en los dos primeros ejercicios y un reparto más lineal. El Ministerio se compromete a un Real Decreto-ley este mes para abonar en diciembre un 2,5% retroactivo desde el 1 de enero, como anticipo tangible.
Las posiciones sindicales reflejan prioridades diferentes. “La certidumbre de cobro es clave”, señalan desde UGT al avalar el 11%. CCOO rechaza el tope del 4% por insuficiente al inicio. CSIF reclama concentrar mayores incrementos al principio y advierte de movilizaciones si no hay mejora. Nadie rompe la baraja, pero el ritmo es el escollo.
El espejo reciente es el pacto 2022-2024, que combinó tramos fijos y variables y dejó una subida cercana al 10% con un coste aproximado de 13.000 millones. Esta vez se elimina la parte variable. Con deslizamiento de tablas, la ganancia efectiva entre 2025 y 2028 podría rondar el 11,45%, aunque la traslación a nómina cambiaría por niveles y complementos.
Voces Y Evidencias Que Pesan En La Mesa
En los pasillos, las frases se repiten con matices. “Cierre rápido y retroactividad garantizada”, insiste UGT. “Blindaje del poder adquisitivo ahora, no al final”, presiona CCOO. “Riesgo político hasta 2028: avances inmediatos o habrá calles”, resume CSIF. Todas las miradas apuntan al reparto temporal sin alterar el coste.
Desde Función Pública se subraya el compromiso con pagos inmediatos y una senda fija para dar previsibilidad. También se abre la puerta a “ajustar el perfil sin tocar el coste total”, una fórmula de reequilibrio que daría más peso a 2025-2026 y restaría al final. La clave, repiten técnicos, no es el 11% global, sino su secuencia.
Los economistas consultados advierten que una senda lineal reduce la indexación de facto y estabiliza expectativas salariales, lo que atenúa efectos de segunda ronda sobre precios. Sin embargo, eliminar variables limita capacidad de ajuste ante shocks. Experiencias comparables en marcos plurianuales del sector público muestran mejores resultados cuando el calendario responde a la tensión inflacionaria inicial y a la disciplina fiscal al cierre.
Herramientas Prácticas Para Seguir Y Entender El Acuerdo
Para estimar el impacto, conviene calcular el 2,5% retroactivo desde el 1 de enero y proyectar el tope del 4% en los dos primeros años, ajustando por complementos y trienios. Una plantilla de nómina sencilla permite simular diferencias por niveles y prever regularizaciones. Si el reparto cambia, el efecto marginal por año se notaría de inmediato.
La reunión del miércoles deberá aclarar tres puntos: cuánto se desplaza alza hacia 2025-2026, qué garantías blindan retroactividad y pagos, y cómo se preserva el 11% total sin costes añadidos. Si hay acuerdo, el calendario de cobros y el abono de diciembre ordenarían el final de año. Si se bloqueaba, los sindicatos activarían plazos de movilización y seguimiento normativo.
La salida estuvo en ajustar la intensidad inicial sin elevar el coste total, vigilar mecanismos de garantía ante escenarios cambiantes y transparentar el impacto por niveles. Esa combinación dio margen para cerrar sin romper puentes y dejó una pauta replicable para futuras mesas: certeza con ritmo inteligente y cuentas claras.
