El pasado 24 de enero, el presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo con el objetivo de afrontar la crisis económica y social que afecta a sus habitantes, agravada por la violencia y los conflictos entre la guerrilla del ELN y otros grupos criminales. Posteriormente, el 14 de febrero, se publicó el decreto 0175, el cual establece diversas medidas tributarias para recaudar fondos necesarios para enfrentar el estado de excepción, y ha generado un intenso debate nacional sobre sus posibles repercusiones en la economía colombiana.
Análisis del Informe de Crowe Co
Un reciente informe elaborado por la firma Crowe Co se ha centrado en evaluar el impacto que estas nuevas medidas tributarias pueden tener en la economía. El objetivo de estas medidas es recaudar aproximadamente $3 billones de pesos para beneficiar al Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y el departamento del Cesar. Según el informe, la implementación de estos impuestos temporales podría tener efectos adversos en diferentes sectores económicos, comprometiendo el bienestar general de los colombianos.
Pedro Sarmiento, socio director de impuestos y servicios legales de Crowe Co y autor del informe, advierte que las medidas podrían resultar contraproducentes. La expectativa gubernamental de incrementar la recaudación podría verse frustrada debido a la posible desaceleración de la inversión, la reducción de la actividad económica y el incremento de la evasión fiscal. Todo ello podría desencadenar una serie de consecuencias negativas que afectarían tanto a las empresas como a los ciudadanos.
El informe de Crowe Co también presenta un exhaustivo análisis de los impactos sectoriales, evidenciando que el aumento de la carga impositiva afectaría de manera desigual a diversas industrias. Entre esas afectaciones se incluyen desde el sector de juegos de suerte y azar online hasta el sector financiero, pasando por el extractivo y de la construcción. Cada uno de estos sectores enfrenta retos específicos que, según el estudio, podrían comprometer seriamente sus operaciones y su contribución a la economía nacional.
Impacto en el Sector de Juegos de Suerte y Azar Online
El análisis del informe clasifica los efectos en el sector de juegos de suerte y azar online como «muy altos». Este impacto se debe principalmente al incremento de los costos para los usuarios y la reducción de ingresos para las empresas debido a la mayor carga administrativa y los riesgos de evasión fiscal que podrían surgir.
Un ejemplo claro de estos efectos se observa en la predicción de que un aumento del 10% en los costos reduciría la demanda entre un 12% y un 20%. Además, la implementación del IVA del 19% sobre estas plataformas podría llevar a una disminución significativa en el número de jugadores activos. Este escenario no solo afectaría a los operadores locales, sino que también podría favorecer la migración de hasta un 30% de los jugadores hacia plataformas ilegales o extranjeras que ofrezcan menores costos.
Esta situación plantea importantes desafíos para las autoridades fiscales, que podrían encontrarse con una disminución en la recaudación efectiva pese al aumento de la tasa impositiva. Asimismo, las empresas de juegos de azar online tendrían que afrontar una mayor carga administrativa y legal, lo que complicaría aún más sus operaciones dentro del país y podría llevarlas a considerar la disminución de sus actividades o incluso su cierre.
Afectaciones en el Sector Extractivo e Industrial
El sector extractivo, particularmente el de hidrocarburos y carbón, se enfrenta a una serie de desafíos significativos con la imposición de un impuesto especial del 1% sobre la venta interna y exportación de estos recursos. Según el informe, esta medida incrementaría los costos operativos entre un 2,2% y un 2,3% y podría reducir la inversión extranjera entre un 10% y un 15%.
Además, la no deducibilidad de este tributo en tratados internacionales afectaría directamente los ingresos brutos de las exportaciones, incrementando la evasión fiscal hasta un 10%. Estas circunstancias no solo reducirían la competitividad internacional de Colombia en estos sectores, sino que también dificultarían la ejecución de nuevos proyectos extractivos, con una posible reducción de la producción entre el 5% y el 8%.
Estos impactos podrían tener consecuencias devastadoras para las regiones altamente dependientes de esta industria, tanto en términos de empleo como de ingresos. La pérdida de competitividad y la reducción de la inversión no solo comprometen el crecimiento económico de estas áreas, sino que también aumentan los riesgos de inestabilidad y pobreza, exacerbando las desigualdades regionales ya existentes.
Consecuencias para el Sector de la Construcción
La implementación del Impuesto de Timbre es otra de las medidas destacadas en el decreto y tendría un impacto significativo en el sector de la construcción. Este impuesto incrementaría la carga fiscal de las empresas constructoras entre un 1% y un 1,5%, lo que se traduciría en un aumento en los costos de financiamiento de entre el 20% y el 30%. Estas cifras indican que la ejecución de obras públicas y privadas podría reducirse hasta en un 15%.
Consecuentemente, la disminución en la compra de vivienda podría situarse entre un 5% y un 10%, afectando de manera adversa tanto a las empresas constructoras como a los ciudadanos que aspiran a adquirir una vivienda. Además, la inversión en infraestructura podría reducirse entre un 20% y un 25%, comprometiendo la generación de empleo y el crecimiento del sector de la construcción en su conjunto.
La combinación de estos efectos pondría en jaque la recuperación económica post-pandemia, afectando proyectos de vital importancia para el desarrollo urbano y el bienestar de las comunidades locales. La caída en la inversión y la actividad del sector no solo afecta a los constructores, sino que también tiene repercusiones en otros sectores relacionados, como el de materiales de construcción, transporte y servicios financieros.
Repercusiones en el Sector Financiero
En el caso del sector financiero, el decreto establece un Impuesto de Timbre sobre las operaciones financieras, lo que incrementaría los compromisos tributarios de las entidades financieras entre un 1% y un 1,5%. Este aumento tendría un impacto negativo en la rentabilidad de estas entidades, que podría reducirse hasta un 5%. Además, la carga administrativa aumentaría entre un 5% y un 8%, dificultando aún más la operatividad del sector.
Las proyecciones indican que, como resultado de estas medidas, las solicitudes de nuevos créditos podrían reducirse entre un 20% y un 25%. Esto se debe a que las instituciones financieras trasladarían esta carga impositiva a sus clientes, aumentando las tasas de interés y los costos administrativos de los préstamos. Asimismo, se anticipa una disminución de la inversión extranjera de hasta un 30%, lo que afectaría aún más la estabilidad y el crecimiento del sector financiero en Colombia.
Estas repercusiones no solo comprometen la salud financiera de las entidades bancarias, sino que también impactan a los ciudadanos y las empresas que dependen del crédito para financiar sus actividades y proyectos. La dificultad en el acceso a financiamiento podría ralentizar la economía, afectando tanto al consumo como a la inversión, y generando un impacto negativo en la creación de empleo y el bienestar general.
Impacto General en la Economía Colombiana
El informe de Crowe Co también aborda las repercusiones generales de las medidas tributarias en diversos aspectos de la economía colombiana, afectando tanto a individuos como a empresas. Por ejemplo, los usuarios de plataformas de apuestas en línea verán una reducción en el dinero disponible para jugar debido a la implementación del IVA del 19%. Este impuesto se descontará directamente del monto depositado, lo que disminuirá el atractivo de estas plataformas y podría incentivar el uso de alternativas ilegales o extranjeras.
En el sector minero energético, uno de los efectos más significativos será el aumento de la carga impositiva. Esto podría traducirse en un incremento en el precio de la gasolina y el diésel, impactando el costo del transporte y de los productos básicos. Esta presión adicional sobre los costos contribuiría al aumento de la inflación, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos y generando un efecto dominó en toda la economía.
Adicionalmente, las regiones donde el carbón es clave en la generación de energía verán un aumento en el costo de los servicios públicos. Esto impactará tanto a los hogares como a las empresas, incrementando el costo de vida y reduciendo la competitividad de las empresas locales. Los costos más altos de electricidad afectarían la producción y podrían llevar a un aumento en los precios de bienes y servicios, intensificando la presión inflacionaria.
Efectos Adicionales en los Costos de Servicios y Créditos
El informe también señala que los bancos podrían trasladar el nuevo impuesto sobre las operaciones financieras a sus clientes mediante tasas de interés más altas o nuevos costos administrativos. Este escenario aumentaría el costo de los créditos hipotecarios y de consumo, afectando al sector inmobiliario al elevar el precio final de la vivienda y dificultando el acceso a la compra de inmuebles para muchos colombianos.
Estas medidas no solo impactarían a las entidades financieras, sino también a los ciudadanos que dependen de los créditos para adquirir viviendas, bienes de consumo y otros activos importantes. El aumento en los costos del crédito podría ralentizar las operaciones en el sector inmobiliario, afectando también la construcción y el empleo asociado a este sector. Esto generaría un círculo vicioso donde el acceso limitado al crédito y los altos costos de financiamiento repercutirían negativamente en el crecimiento económico y la estabilidad social.
Consecuencias Sociales y de Empleo
El 24 de enero pasado, el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, con el propósito de abordar la crisis económica y social que padecen sus habitantes. Esta situación se ha visto intensificada por la violencia y los conflictos entre la guerrilla del ELN y diversas bandas criminales. Dicha medida se tomó con la esperanza de controlar y mitigar los efectos negativos que estos problemas generan en la población. Más tarde, el 14 de febrero, se emitió el decreto 0175, el cual plantea varias medidas tributarias para recaudar los fondos necesarios con el fin de manejar el estado de excepción. Este decreto ha despertado un ferviente debate a nivel nacional, dado que sus implicaciones potenciales en la economía colombiana son motivo de preocupación y análisis entre expertos y ciudadanos. Muchos se preguntan si estas acciones realmente serán efectivas para mejorar la situación o si, por el contrario, podrían empeorar las condiciones económicas del país.
