La votación que debía fijar la senda de estabilidad para 2026 llegó rodeada de una aritmética implacable que hizo saltar las alarmas en el Gobierno y reordenó prioridades en la negociación presupuestaria desde el primer minuto. Con Junts y el PP determinados a votar en contra y Vox alineado en el rechazo, la previsión de Hacienda asumía una derrota que ni la abstención de Podemos podía alterar, mientras la ministra María Jesús Montero buscaba trasladar calma y señalar una salida operativsi la senda caía, regirían los objetivos del plan fiscal estructural enviado a Bruselas en 2024, sin alterar el techo de gasto del Estado, fijado en 216.177 millones para 2026. Ese anclaje permitía presentar los Presupuestos y evitar un vacío de reglas, pero abría otra grietcómo repartir el ajuste y el margen fiscal entre la Administración central y las comunidades autónomas en un marco político crispado.
Claves De Un Choque Político Y Territorial
El nudo se apretó con la acusación cruzada de incoherenciMontero reprochó al PP exigir más recursos para servicios esenciales y, a la vez, votar contra un diseño que —según el Ejecutivo— ampliaba el espacio presupuestario, mientras Génova denunciaba un reparto sesgado a favor del Estado. Junts, por voz de Miriam Nogueras, endureció su posición al anticipar un “no” si el planteamiento replicaba el de hace un año, situándose como árbitro de una mayoría exigua y condicionando el avance de otros expedientes, como la condonación de deuda o los objetivos individualizados por comunidad. Hacienda sostuvo que, con el bloqueo, las autonomías perdían la opción de añadir 5.500 millones en tres años a políticas públicas, al tiempo que el Estado retenía mayor margen. El trasfondo resultó evidente: la negociación fiscal se encalló en la distribución de riesgos y rendimientos del ajuste.
Salidas Operativas Tras El Bloqueo Inicial
Tras la caída anunciada en el Congreso, el tablero presupuestario quedó redefinido y las prioridades se ordenaron con pragmatismo: el Gobierno podía seguir con las cuentas bajo el marco alternativo remitido a la UE, el techo de gasto se mantenía y el calendario presupuestario se sostenía, mientras se abría un segundo intento de senda con ajustes técnicos y cesiones selectivas. Las opciones inmediatas pasaban por clarificar objetivos por subsectores, perfilar incentivos para la inversión autonómica y reencuadrar la condonación de deuda como parte de un paquete de estabilidad. La interlocución con Junts se orientaba a concretar compromisos verificables y con hitos temporales, y la presión sobre PP y Vox se interpretaba en clave de coste reputacional por bloquear recursos adicionales. En suma, el debate se había decantado menos por lo técnico que por lo político, y la salida dependía de encajar reglas claras con un reparto creíble del esfuerzo.
