En un escenario donde la incertidumbre política suele proyectar una larga sombra sobre la estabilidad económica, el Gobierno peruano presenta una perspectiva optimista para el año en curso, a pesar de la confluencia de dos procesos electorales. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, ha delineado una estrategia robusta que no solo busca navegar las turbulentas aguas de la contienda electoral, sino también sentar las bases para un crecimiento sostenido, apalancándose en la disciplina fiscal, la solidez macroeconómica y un ambicioso plan de reformas estructurales. Esta confianza se fundamenta en los resultados positivos del año anterior y en la capacidad del país para mantener la confianza de los inversores internacionales, un activo crucial en momentos de transición. La gran interrogante es si la voluntad política acompañará la sensatez técnica para asegurar que el dinamismo económico no se detenga ante las urnas.
Estrategia Gubernamental para el Impulso Económico
El «Shock de Desburocratización»
La piedra angular de la estrategia gubernamental para dinamizar la economía reside en la implementación de un audaz «shock de desburocratización», una iniciativa concebida para desmantelar las barreras administrativas que históricamente han frenado el flujo de capitales y la formalización empresarial. Este plan no es una simple revisión de trámites, sino una reforma profunda orientada a agilizar los procesos de inversión en todos los niveles. Para las grandes corporaciones, esto se traduce en una reducción drástica de los plazos para la obtención de permisos y licencias, fomentando la ejecución de proyectos de gran envergadura en sectores clave como la minería, la infraestructura y la agroindustria. Al eliminar la redundancia de requisitos y digitalizar procedimientos, se busca crear un entorno de negocios mucho más predecible y competitivo, donde el tiempo y los recursos se enfoquen en la producción y la innovación en lugar de en la gestión de papeleo, un cambio que podría liberar un potencial de inversión latente que ha estado esperando condiciones más favorables para materializarse en el país.
El alcance de esta reforma se extiende con igual ímpetu hacia el vasto universo de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que constituyen la espina dorsal del empleo en el país. Para este sector, la simplificación de trámites es vital no solo para la creación de nuevas empresas, sino, de manera crucial, para su supervivencia y posterior formalización. La eliminación de trabas burocráticas facilita el acceso al crédito, la inscripción en registros públicos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, integrando a miles de negocios en la economía formal. Este proceso de formalización trae consigo beneficios directos como la protección laboral para los empleados, el acceso a mercados más grandes y la posibilidad de competir por contratos con el Estado. Al reducir los costos y la complejidad asociados a la legalidad, el «shock de desburocratización» aspira a transformar el ecosistema empresarial peruano, promoviendo una cultura de crecimiento sostenido y reduciendo la brecha de informalidad que ha sido uno de los mayores desafíos estructurales de la economía nacional durante décadas.
Simplificación del Estado y Recaudación Fiscal
De manera complementaria a la agilización de trámites para el sector privado, el Gobierno ha iniciado un proceso de simplificación de la propia estructura estatal, la cual es a menudo percibida como excesivamente grande, fragmentada e ineficiente. El objetivo es reconfigurar el aparato público para que sea más ágil, transparente y orientado a resultados, eliminando duplicidades funcionales entre ministerios y organismos autónomos que generan un gasto innecesario y ralentizan la toma de decisiones. Esta reestructuración busca optimizar el uso de los recursos públicos, asegurando que cada sol invertido por el Estado genere el máximo impacto social y económico. La modernización de la gestión pública, a través de la implementación de tecnologías de la información y la profesionalización del servicio civil, es un componente clave de esta reforma, pues un Estado más eficiente no solo reduce su propio costo operativo, sino que también mejora la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos y a las empresas, creando un círculo virtuoso de confianza y desarrollo.
Esta reingeniería del sector público tiene una repercusión directa y fundamental en la salud fiscal del país: la eficiencia en la recaudación tributaria. Un sistema impositivo más simple y un Estado más moderno facilitan el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Al simplificar los regímenes tributarios y hacer que el pago de impuestos sea un proceso más intuitivo y menos oneroso en términos de tiempo y recursos, se espera una ampliación significativa de la base tributaria. Este aumento en la recaudación no provendría de un incremento en las tasas impositivas, sino de una mayor formalización y una menor evasión. Los ingresos fiscales adicionales son indispensables para financiar las crecientes demandas nacionales en áreas críticas como salud, educación, seguridad y infraestructura, permitiendo al Gobierno atender las necesidades de la población sin tener que recurrir a un mayor endeudamiento, lo que a su vez preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y fortalece la resiliencia económica del país.
Fundamentos del Optimismo Económico
El Sólido Desempeño del 2025
El optimismo expresado por las autoridades económicas para el presente año no es un ejercicio de voluntarismo, sino que se ancla firmemente en el robusto desempeño económico registrado durante 2025. Un factor exógeno determinante fue el ciclo favorable de los precios internacionales de los minerales, especialmente del cobre, principal producto de exportación del Perú. Este auge en los mercados de materias primas se tradujo en un incremento sustancial de los ingresos por exportaciones, lo que a su vez fortaleció la balanza comercial y contribuyó a la apreciación de la moneda nacional, manteniendo a raya las presiones inflacionarias importadas. Los mayores ingresos derivados de la actividad minera también repercutieron positivamente en las arcas fiscales a través del canon y las regalías, proveyendo al Estado de recursos adicionales para la inversión pública, especialmente a nivel regional, y generando un efecto multiplicador en la economía a través de la cadena de proveedores y el empleo directo e indirecto asociado al sector.
Más allá del favorable contexto internacional, los cimientos del éxito de 2025 se construyeron sobre pilares de gestión interna. La recaudación tributaria alcanzó cifras récord, superando en un 10 % los registros del año anterior, un logro que no solo se explica por el auge minero, sino también por una mejora en la eficiencia de la administración tributaria y los primeros efectos de las medidas de simplificación y formalización. Simultáneamente, el Gobierno implementó una política de austeridad y control del gasto corriente, optimizando la asignación de recursos y priorizando la inversión en proyectos con alto retorno social. Esta combinación de mayores ingresos y una rigurosa contención del gasto público generó un superávit fiscal que fortaleció la posición financiera del país, redujo la vulnerabilidad ante choques externos y creó el espacio fiscal necesario para enfrentar los desafíos del año electoral con una base económica sólida y creíble ante los mercados.
Pilares Macroeconómicos Sólidos
La resiliencia de la economía peruana se sustenta en pilares macroeconómicos que han sido cultivados a lo largo de casi dos décadas de políticas responsables. Uno de los más importantes es la autonomía y credibilidad del Banco Central de Reserva (BCR), cuya gestión técnica ha sido fundamental para mantener la inflación bajo control, anclada dentro de su rango meta. Esta estabilidad de precios es un bien público invaluable, ya que protege el poder adquisitivo de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, y proporciona un horizonte de previsibilidad para que las empresas y los hogares tomen decisiones de inversión y consumo a largo plazo. La política monetaria prudente del BCR, independiente de los ciclos políticos, ha sido un ancla de confianza para los agentes económicos, tanto locales como extranjeros, y ha permitido que el sistema financiero se desarrolle sobre bases sólidas, canalizando el ahorro hacia la inversión productiva de manera eficiente y segura.
La confianza en la gestión económica del país se ve reflejada de manera contundente en la percepción de los mercados internacionales. Por diecisiete años consecutivos, el Perú ha mantenido su calificación de grado de inversión por parte de las principales agencias calificadoras de riesgo, un logro notable en una región caracterizada por la volatilidad. Esta ratificación no es un mero formalismo; tiene implicaciones prácticas directas. El grado de inversión permite al país acceder a financiamiento en los mercados globales en condiciones mucho más favorables, con tasas de interés más bajas y plazos más largos, tanto para el sector público como para el privado. Esta ventaja competitiva reduce el costo del servicio de la deuda y libera recursos para otras prioridades, además de atraer flujos de inversión extranjera directa que buscan destinos seguros y rentables. Esta sólida reputación internacional actúa como un blindaje para la economía, mitigando el impacto de la incertidumbre política interna y reafirmando el compromiso del país con la disciplina fiscal y la estabilidad.
Un Veredicto Marcado por la Confluencia de Fuerzas
La estrategia económica delineada a principios de año se basó en una lógica técnica impecable. Se implementaron medidas audaces como el «shock de desburocratización» y la simplificación del aparato estatal, que buscaron liberar el potencial productivo del sector privado y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Estas acciones se vieron respaldadas por una coyuntura internacional favorable, con altos precios de los minerales, y por la herencia de una gestión macroeconómica prudente que había mantenido la inflación controlada y preservado la confianza de los inversores. La creación del «Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible» fue un intento proactivo y necesario para aislar las políticas económicas clave del fragor del debate electoral. Se buscó establecer un consenso mínimo entre las principales fuerzas políticas para garantizar la continuidad de la responsabilidad fiscal, entendiendo que la estabilidad era un prerrequisito para cualquier agenda de gobierno futura. La ejecución de este plan demostró la capacidad del equipo técnico para diseñar reformas pertinentes, pero también expuso la fragilidad de cualquier proyecto económico frente a la polarización política. El resultado final del año fue un testimonio de cómo la resiliencia económica del país se puso a prueba, dependiendo no solo de la solidez de sus fundamentos, sino de la madurez y la altura de miras de su clase dirigente en un momento definitorio para el futuro del Perú.
