En un momento en que la recuperación económica debería estar en pleno auge, los créditos ICO-NextGen, respaldados por 34.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU, se presentan como una oportunidad perdida para España. Estos préstamos, gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de la banca comercial, tenían como misión impulsar proyectos de sostenibilidad y digitalización, dos pilares esenciales para el futuro del país tras la pandemia. Sin embargo, a un año de su puesta en marcha, el impacto ha sido mínimo, con un flujo de fondos hacia las empresas y autónomos que apenas se percibe. La comparación con los avales ICO-Covid, que lograron inyectar más de 140.000 millones de euros en plena crisis sanitaria, resulta abrumadora y pone en evidencia un problema de fondo. Con el plazo límite establecido por Europa para el 31 de agosto de 2026 acercándose rápidamente, la urgencia de entender qué frena este instrumento financiero es más palpable que nunca. Este análisis busca desentrañar las causas de este estancamiento y reflexionar sobre las implicancias de no aprovechar estos recursos clave.
Una Herramienta con Grandes Aspiraciones
El diseño de los créditos ICO-NextGen responde a una visión ambiciosa dentro del marco de recuperación europea, donde España ha recibido una asignación significativa de fondos para transformar su economía. De los 84.000 millones de euros en préstamos disponibles, el ICO administra alrededor de 40.000 millones, distribuidos en diversas líneas como la ICO Verde, con 22.000 millones destinados a proyectos sostenibles, o la dedicada a vivienda social, con 4.000 millones. La meta es claracelerar la transición hacia una economía más digital y respetuosa con el medio ambiente, alineándose con las prioridades estratégicas marcadas por Bruselas. No obstante, esta visión choca con una realidad distinta. A pesar de las expectativas iniciales, las empresas no están respondiendo como se esperaba, y los fondos permanecen en gran medida sin utilizar, lo que plantea preguntas sobre la efectividad del diseño de este programa y su adaptación a las necesidades reales del tejido empresarial español.
Además, el contraste con iniciativas anteriores del ICO resulta inevitable. Mientras que los avales puestos en marcha durante la crisis sanitaria lograron un impacto masivo en tiempo récord, la respuesta a esta nueva línea de financiación ha sido tibia. Este fenómeno no solo refleja una posible desconexión entre las expectativas gubernamentales y la realidad del mercado, sino también una creciente frustración entre los potenciales beneficiarios. La fecha límite para la concesión de los créditos, fijada en poco más de un año, añade una presión adicional al proceso. Si no se toman medidas rápidas, el riesgo de desperdiciar una oportunidad única para modernizar la economía es elevado. Este escenario invita a analizar con detenimiento los obstáculos que están impidiendo que los fondos lleguen a su destino y a explorar si aún es posible revertir esta tendencia antes de que sea demasiado tarde.
Entramados Burocráticos que Ahogan la Oportunidad
Uno de los principales muros que enfrentan los créditos ICO-NextGen es el excesivo peso de la burocracia. Los procesos administrativos para acceder a esta financiación son, en muchos casos, un verdadero laberinto. Para proyectos que superan los 10 millones de euros, se exige una validación previa exhaustiva que puede prolongarse hasta cinco semanas, un plazo que contrasta drásticamente con el de un préstamo bancario tradicional, resuelto a menudo en apenas siete días. Incluso para montos menores, donde se permite una declaración responsable con verificación posterior, el volumen de documentación y los tiempos de espera siguen siendo un freno. Las empresas, que suelen necesitar liquidez de manera ágil para mantener sus operaciones o emprender inversiones, se encuentran desmotivadas por un sistema que parece más un obstáculo que una ayuda, lo que limita gravemente el atractivo de estos créditos.
Por otro lado, esta lentitud administrativa no solo afecta a los solicitantes, sino que también genera un efecto dominó en el sector bancario y en la confianza hacia el programa. Las entidades financieras, que actúan como intermediarias, enfrentan dificultades para gestionar las solicitudes en plazos razonables, lo que reduce su disposición a promocionar activamente los créditos entre sus clientes. A esto se suma la percepción de que el esfuerzo no compensa el beneficio final, ya que las empresas deben destinar recursos significativos para cumplir con los requisitos impuestos por las normativas europeas. En un entorno donde la rapidez y la simplicidad son claves para la toma de decisiones empresariales, el diseño de estos procesos parece desfasado, alejado de las necesidades inmediatas del mercado. Sin una simplificación urgente, el programa corre el riesgo de quedarse en un cajón, incapaz de cumplir su propósito transformador.
Condiciones Poco Atractivas y Temor al Riesgo
Otro factor determinante en el bajo impacto de los créditos ICO-NextGen es la falta de competitividad económica frente a alternativas del mercado. Aunque se esperaba que estos préstamos, gracias a un coste de fondeo europeo más bajo, ofrecieran condiciones muy ventajosas, la realidad es diferente. La diferencia de intereses con un crédito bancario convencional es mínima, oscilando entre 20 y 40 puntos básicos, un margen que no justifica los trámites adicionales ni los riesgos asociados. Según datos del Banco de España, el tipo de interés medio de los préstamos tradicionales ronda el 3,10% o 3,20%, lo que hace que los ICO-NextGen pierdan atractivo. Las empresas, al evaluar sus opciones, encuentran más sencillo y práctico recurrir a la financiación estándar, evitando así el peso administrativo y las posibles complicaciones derivadas de un programa con tantas exigencias.
Además, el temor a sanciones agrava esta situación. Los requisitos europeos, enfocados en garantizar que los proyectos cumplan con criterios de sostenibilidad y digitalización, son estrictos, y cualquier incumplimiento detectado en una auditoría posterior puede traducirse en un recargo del 2% en el repago del crédito. Este riesgo, sumado a la ausencia de avales estatales en la mayoría de las líneas —a excepción de un tramo específico para vivienda social—, genera una sensación de inseguridad entre los solicitantes. Sin un respaldo claro que mitigue las posibles consecuencias, muchas empresas prefieren abstenerse antes que exponerse a penalizaciones o a una operación que podría volverse más costosa de lo previsto. Esta combinación de falta de incentivos económicos y percepción de riesgo crea un círculo vicioso que mantiene a los fondos estancados, lejos de los proyectos que podrían beneficiarse de ellos.
Retrasos y Desajustes en la Implementación
La puesta en marcha de los créditos también ha estado marcada por retrasos que han mermado su efectividad. Aunque se esperaba que el sistema estuviera plenamente operativo desde inicios del año pasado, no fue hasta meses después cuando las plataformas y procedimientos comenzaron a funcionar con normalidad. Este tiempo perdido ha reducido la ventana de oportunidad para que las empresas accedan a los fondos, especialmente en un contexto donde el plazo límite para su concesión no admite prórrogas. La demora en la implementación no solo ha generado frustración entre los actores implicados, sino que también ha dificultado la promoción de los créditos como una herramienta viable para la recuperación, lo que ha contribuido a su baja demanda en el mercado.
Más allá de los retrasos iniciales, la falta de coordinación entre las instituciones involucradas y la complejidad de alinear los objetivos europeos con las realidades locales han añadido capas de dificultad al proceso. Mientras que algunos bancos han mostrado mayor actividad en ciertos tramos, como el de vivienda social, la firma de operaciones en términos generales sigue siendo escasa. Este panorama refleja un problema estructural en el diseño y la ejecución del programa, que parece no haber anticipado las necesidades prácticas de las empresas ni los desafíos logísticos de gestionar un volumen tan grande de fondos bajo condiciones tan específicas. Si no se corrigen estas fallas pronto, el impacto de los créditos ICO-NextGen podría quedar reducido a una mera nota al pie en los esfuerzos de transformación económica del país.
Mirando Hacia Soluciones Viables
En retrospectiva, quedó claro que los créditos ICO-NextGen enfrentaron un camino lleno de obstáculos desde su concepción hasta su implementación. La burocracia asfixiante, las condiciones poco competitivas y el temor a sanciones se combinaron para frenar lo que debería haber sido un motor de cambio para la economía española. Sin embargo, no todo estuvo perdido. Los esfuerzos del ICO por simplificar procesos, especialmente para préstamos menores, marcaron un intento de adaptación, aunque insuficiente para revertir la tendencia general de desinterés. El tiempo perdido y los fondos no utilizados sirvieron como lección sobre la importancia de alinear los instrumentos financieros con las realidades del mercado. Mirando hacia adelante, simplificar los trámites, ajustar las condiciones económicas y ofrecer garantías más robustas podrían ser pasos clave para rescatar el espíritu original de este programa y asegurar que los recursos europeos cumplan su propósito transformador antes de que sea demasiado tarde.
