En un escenario político marcado por la incertidumbre y la negociación, el Ministerio de Hacienda español ha decidido prorrogar el impuesto temporal sobre los beneficios de las compañías energéticas a través de un Real Decreto-ley. Esta medida es vista como una forma de cumplir con los compromisos adquiridos con sus socios de izquierda, como Podemos, EH Bildu, ERC y BNG, después de descartar la creación de un nuevo tributo mediante una proposición de ley antes de enero. El impuesto se divide en dos pagos anuales, el primero en febrero y el segundo en septiembre. La prórroga del gravamen podría entrar en vigor tan pronto sea aprobada por el Consejo de Ministros y mantenerse en las primeras semanas de febrero. No obstante, las empresas afectadas tienen la posibilidad de solicitar un aplazamiento hasta que el Congreso de los Diputados tome una decisión sobre la norma, lo que podría suspender la obligación de pago hasta recibir una respuesta del órgano legislativo.
Estrategias de Hacienda para la Prórroga
Hacienda ha optado por esta vía del Real Decreto-ley para mostrar a los partidos de izquierda que ha cumplido su parte del acuerdo, a pesar de ser consciente de que los ingresos no se recibirán de inmediato. En este contexto, es importante destacar que el Ministerio de Hacienda ha decidido no exigir el pago del impuesto antes de su refrendo por parte del Congreso. Si el Congreso finalmente no aprobara la norma, el Estado tendría que devolver los ingresos obtenidos con intereses, lo que supondría un riesgo financiero significativo. Esta decisión subraya la actual incertidumbre política en España, donde ningún proyecto que emerge del Consejo de Ministros tiene garantizado el aval de la mayoría de investidura.
El Gobierno, además de centrarse en la prórroga del impuesto temporal, está trabajando en la construcción de un nuevo tributo que pueda contar con el apoyo tanto de sus socios de izquierda como de otras formaciones políticas. La intención es poder acercarse al objetivo de déficit del 2,5% establecido en el Plan Fiscal y Estructural que se ha enviado a Bruselas. Lograr un consenso en este nuevo tributo es un desafío, pero resulta imprescindible para equilibrar la carga económica que supone la transición ecológica y cumplir con los compromisos fiscales internacionales.
Polémica del Impuesto al Diésel y la Resistencia de Podemos
Paralelamente a la prórroga del impuesto temporal a las energéticas, que en 2024 generó 1.164 millones de euros, el Gobierno busca aprobar un nuevo impuesto al diésel. Esta medida había sido descartada anteriormente debido a la oposición de sus socios parlamentarios, especialmente de Podemos. Este grupo ha exigido que cualquier impuesto al diésel debe estar vinculado con una tasa a las energéticas para que sea justo y no recaiga desproporcionadamente sobre las clases trabajadoras.
Podemos ha dejado claro que no apoyará el impuesto al diésel sin una tasa específica para las energéticas. Esta postura se alinea con su estrategia de asegurar que los costos de las políticas ambientales no afecten solo a los sectores más vulnerables. En el pasado, durante la aprobación de la ley que establecía un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes grupos y multinacionales, Podemos votó en contra de una enmienda similar que buscaba equiparar el diésel con la gasolina, argumentando la necesidad de criterios de progresividad.
En conclusión, el panorama fiscal y político en España está lleno de desafíos. El Gobierno necesita equilibrar la urgencia de imponer nuevos impuestos para cumplir con objetivos fiscales y las demandas de justicia social y ecológica de sus aliados de izquierda. Así, encontrar un equilibrio adecuado entre las partes implicadas sigue siendo una tarea ardua pero esencial.
