La sostenibilidad de un servicio esencial como el agua potable en la provincia de Santa Fe enfrenta una amenaza considerable derivada del incumplimiento de pago por parte de un segmento específico de usuarios, generando una deuda millonaria que compromete la operatividad y la equidad del sistema. Actualmente, más de un millar de grandes consumidores se encuentran en situación de morosidad, acumulando deudas que en algunos casos se extienden hasta por cuatro años consecutivos sin abonar el servicio. Esta situación no solo representa un desfalco financiero que supera los 700 millones de pesos, sino que también implica un consumo no facturado de más de 60.000 metros cúbicos mensuales de agua potable. Este volumen de agua, que podría abastecer a miles de hogares, se pierde en un limbo administrativo y financiero, impactando directamente en la capacidad de la empresa para realizar inversiones, mantener la infraestructura y, fundamentalmente, garantizar un trato justo para la gran mayoría de los usuarios que cumplen puntualmente con sus obligaciones.
1. El Proceso Gradual Hacia la Regularización
En respuesta a esta problemática, la estrategia de Aguas Santafesinas se centra en una gestión de la deuda que prioriza el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas antes de recurrir a medidas coercitivas. La presidenta de la compañía, Renata Ghilotti, ha enfatizado que el objetivo principal no es de carácter punitivo, sino que busca preservar un servicio vital que se financia con el aporte colectivo. «Es fundamental que quienes pueden pagar lo hagan, porque el incumplimiento afecta la inversión, la operación y, sobre todo, la equidad del sistema», declaró. En línea con esta filosofía, el proceso comercial inicia con sucesivas comunicaciones que informan al usuario sobre su estado de deuda y lo instan a regularizar su situación. Para facilitar este proceso, la empresa ha puesto a disposición múltiples alternativas de pago accesibles, incluyendo plataformas de autogestión a través de WhatsApp al 341 695 0005 y una Oficina Virtual en su sitio web, diseñadas para promover un contacto temprano y ofrecer planes de pago adaptados a las circunstancias particulares de cada deudor.
Cuando las instancias iniciales de comunicación y las ofertas de regularización no obtienen respuesta, la empresa se ve obligada a escalar sus acciones, siempre dentro del marco establecido por el régimen tarifario vigente. Como última instancia antes de medidas más severas, Aguas Santafesinas procede con la reducción del suministro de agua potable en los inmuebles involucrados. Esta acción no implica un corte total del servicio para los usuarios residenciales, sino que lo limita a un caudal mínimo de hasta 100 litros diarios, un volumen considerado esencial según la normativa aplicable para garantizar las necesidades básicas de higiene y consumo. El propósito fundamental de esta medida es lograr un contacto efectivo con aquellos usuarios que han permanecido indiferentes a los avisos previos. Al experimentar una restricción tangible en el servicio, se busca incentivar al deudor a establecer comunicación con la empresa para acordar uno de los planes de pago disponibles, evitando así la interrupción completa del suministro o el inicio de acciones judiciales.
2. Impacto y Resultados en Ciudades Clave
La aplicación de esta política de gestión de deuda tiene un impacto visible y cuantificable en las principales ciudades de la provincia, como es el caso de la capital, Santa Fe. En esta ciudad, actualmente se encuentran en proceso de gestión avanzada 143 unidades de facturación, un grupo caracterizado por deudas consolidadas con una antigüedad que, en su mayoría, supera los dos años. El problema no es menor si se considera el volumen de consumo asociado a estos casos, que asciende a más de 6.000 metros cúbicos mensuales. Esta cifra, que parece abstracta, cobra una dimensión significativa al entender que equivale aproximadamente al 10 % del total de la facturación de agua potable de toda la ciudad. Dicho de otro modo, una décima parte del agua facturada en la capital provincial es consumida por usuarios que no han cumplido con sus obligaciones de pago durante un período prolongado, lo que subraya la urgencia de estas medidas para reestablecer el equilibrio financiero y operativo del servicio en la región.
De manera similar, la ciudad de Rosario presenta un panorama igualmente desafiante que justifica la intensificación de las medidas de recupero de deuda. Datos actualizados indican que 423 grandes usuarios se encuentran en proceso de gestión por morosidad en esta urbe. En conjunto, estos casos registran un consumo promedio que se acerca a los 50.000 metros cúbicos mensuales, lo que se traduce en un promedio de casi 120 metros cúbicos por mes para cada usuario en falta. Dentro de este grupo, se han detectado situaciones extremas que ilustran la magnitud del problema, como un caso particular con consumos que alcanzaron los 700 metros cúbicos mensuales sin el correspondiente pago. Este nivel de consumo desmedido y no abonado por un solo usuario resalta la distorsión que la morosidad genera en el sistema, afectando la disponibilidad del recurso para el resto de la comunidad y poniendo en evidencia la necesidad de una intervención firme y sistemática para corregir estas inequidades y asegurar la viabilidad del servicio para todos.
Un Modelo de Gestión Basado en la Equidad
El esquema de gestión implementado demostró una notable efectividad en la consecución de sus objetivos. La experiencia de la empresa reveló que las intimaciones previas a la reducción del suministro fueron suficientes para que alrededor del 30 % de los usuarios notificados regularizaran su situación. Del grupo restante que avanzó hacia la reducción efectiva del caudal, un 50 % adicional normalizó sus pagos tras la aplicación de la medida, confirmando su poder disuasorio. El 20 % final continuó su curso hacia el corte total del servicio —en los casos no residenciales— o hacia instancias de gestión judicial. Sin embargo, el verdadero éxito de estas acciones no residió únicamente en la recuperación de la deuda, sino en el enfoque de equidad que las sustentó. Se destacó que los usuarios afectados por estas medidas fueron previamente relevados conforme a indicadores socioeconómicos oficiales. Este análisis previo permitió resguardar a los sectores más vulnerables, asegurando que la política de cobro se dirigiera a quienes, teniendo la capacidad de pago, optaban por el incumplimiento. De este modo, se logró un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del servicio y la responsabilidad social.
