La reciente aprobación del Proyecto de Directiva sobre la Diligencia Debida de la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) por el Consejo de la UE ha generado una ola de reacciones y análisis, destacando claramente su importancia para los derechos humanos en el ámbito empresarial. Según Amnistía Internacional, y específicamente Hannah Storey, Asesora de Políticas sobre Empresas y Derechos Humanos de la organización, aunque la aprobación es un avance importante, la legislación ha sido significativamente debilitada por algunos estados miembros en una etapa tardía del proceso legislativo de la UE, reduciendo su alcance.
Inicialmente, la legislación tenía como objetivo abarcar una amplia gama de empresas para que estas abordaran los riesgos relacionados con los derechos humanos en sus operaciones y cadenas de valor. Pero la versión final aprobada restringe su aplicación solo a las empresas con más de 1,000 empleados y una facturación anual de más de 450 millones de euros, lo que excluye aproximadamente al 70% de las empresas que hubieran sido incluidas según el borrador original. Esta reducción ha provocado la preocupación de diversos grupos defensores de los derechos humanos y de la sostenibilidad empresarial, quienes creen que se ha perdido una oportunidad crítica para imponer mayores estándares de responsabilidad corporativa.
Implicaciones y Próximos Pasos Legislativos
La aprobación reciente del Proyecto de Directiva sobre la Diligencia Debida de la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) por el Consejo de la UE ha suscitado diversas reacciones y análisis, subrayando su relevancia para los derechos humanos en el entorno empresarial. Según Hannah Storey, Asesora de Políticas sobre Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional, aunque este avance es significativo, la legislación ha sido notablemente debilitada en la fase final del proceso legislativo por algunos estados miembros, limitando su alcance original.
En su versión inicial, la legislación buscaba abarcar una amplia gama de empresas para que estas gestionaran los riesgos relacionados con los derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro. No obstante, la versión final aprobada aplica solo a empresas con más de 1,000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros, excluyendo así al 70% de las empresas que estarían incluidas según el borrador original. Esta restricción ha generado preocupación en diversos grupos defensores de los derechos humanos y la sostenibilidad empresarial, quienes consideran que se ha perdido una oportunidad crucial para establecer estándares más rigurosos de responsabilidad corporativa.
