El Anteproyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos, aprobado por el Gobierno en mayo del presente año, ha generado un debate intenso tanto dentro del sector de gestión de créditos como en la esfera pública. Destinado a transponer una directiva europea que regula la administración y compraventa de créditos dudosos, este proyecto normativo ha suscitado una serie de preocupaciones sobre sus posibles efectos en la morosidad y la accesibilidad al crédito en España. Con la intención de crear un mercado financiero más competitivo y transparente, la legislación ha recibido críticas sobre aspectos fundamentales que podría omitir o malinterpretar, resultando en consecuencias adversas para el sector y los consumidores.
Percepciones Erróneas: «Contratos Vivos» versus «Deudas Vencidas»
Uno de los puntos más controvertidos del anteproyecto es la percepción errónea de que las firmas de crédito gestionan «contratos vivos». Carlos Ruiz Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos (Angeco), ha subrayado que, en realidad, las empresas están lidiando con «deudas vencidas». Esta confusión puede derivar en un aluvión de quejas y reclamaciones de deudores, quienes podrían interpretar mal los aspectos relacionados con el origen y responsabilidad de los préstamos. Dichas quejas complicarían la gestión y respuesta adecuada por parte de las empresas de crédito, resultando en una situación de desamparo para los deudores, quienes podrían verse atrapados entre responsabilidades que realmente corresponden a los bancos emisores.
En este sentido, la preocupación no se limita solamente a la interpretación de los contratos, sino que también aborda omisiones normativas significativas. Alejandro Lucero, de Savia Asset Management, destaca que la regulación no contempla adecuadamente los préstamos generados por entidades no reguladas por el Banco de España, como las empresas de ‘payday loans’ o deuda de compañías de telecomunicaciones y servicios públicos. Este vacío legislativo podría producir inconsistencias en la custodia y gestión de estas deudas y, más preocupante aún, generar desigualdades en los derechos de los deudores, dejando a varios grupos sin una protección adecuada y uniforme.
Objetivo Desviado: De la Directiva Europea a la Ley Nacional
Otro aspecto esencial en el debate actual es la aparente desviación del anteproyecto respecto al objetivo que originalmente tenía la directiva europea. Francisco Uría, socio de KPMG, llama la atención sobre que la intención inicial no era regular la actividad per se, sino asegurar un mercado apto para absorber activos morosos, comúnmente llamados non-performing loans (NPLs). Al desviar su enfoque hacia regulaciones más restrictivas, se pone en riesgo la eficiencia del mercado financiero, potencialmente obstaculizando el objetivo clave de facilitar el saneamiento de las carteras bancarias.
La preocupación generalizada entre los expertos es que, aunque las intenciones del anteproyecto puedan ser positivas, la regulación podría incentivar el impago de préstamos. Las entidades financieras, anticipando un aumento en la falta de devolución de lo prestado, podrían adoptar políticas más restrictivas para protegerse, lo que limitaría el acceso al crédito de personas y empresas. Esta restricción afectaría negativamente a aquellos que dependen del crédito para financiar actividades personales y profesionales, resultando en una contracción económica no deseada.
Deudores Vulnerables: Desafíos en la Implementación
María Rodríguez Romero, directora del área de asesoría jurídica en Kruk, ha identificado otro potencial conflicto en el anteproyecto: la disposición que permitiría que los deudores en situaciones de vulnerabilidad económica pudiesen liberarse de sus deudas pagando el mismo precio que las empresas compradoras de créditos. Rodríguez advierte que esta provisión acarrea varios problemas, especialmente en cuanto a la definición y determinación de quiénes son considerados deudores vulnerables y cómo verificar su situación de vulnerabilidad económica.
Los retos en la implementación de esta disposición no son menores. El intentar proporcionar una protección adicional a los deudores vulnerables podría, en efecto, complicar aún más la dinámica entre los deudores y las firmas de gestión de crédito. La ambigüedad en la legislación podría dar pie a interpretaciones dispares, resultando en disputas legales y operativas que afectarían tanto a las empresas de gestión de crédito como a los consumidores que buscan alivio financiero en situaciones de vulnerabilidad.
Inseguridad Jurídica: Diversidad de Órganos Sancionadores
El Anteproyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos, aprobado por el Gobierno en mayo de este año, ha encendido un gran debate tanto en el sector de gestión de créditos como en la opinión pública. Esta legislación busca transponer una directiva europea que regula la administración y compraventa de créditos dudosos o en mora. Sin embargo, ha despertado preocupaciones significativas sobre sus posibles repercusiones en temas como la morosidad y la accesibilidad al crédito en España. Aunque su objetivo es crear un mercado financiero más competitivo y transparente, las críticas se centran en que podría omitir aspectos cruciales o malinterpretar ciertos puntos, lo que podría acarrear consecuencias negativas no solo para el sector financiero, sino también para los consumidores. Expertos señalan que una implementación apresurada o deficiente podría desestabilizar el mercado, afectando tanto a las entidades financieras como a los prestatarios. Por ello, exigen un análisis más profundo para evitar efectos adversos no deseados en el futuro.
