El artículo publicado en el «Diario Extra» el 28 de agosto de 2024, revela un preocupante incremento en las denuncias de operaciones financieras sospechosas recibidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) durante el primer semestre del año. En este período se registraron un total de 315 reportes, lo que representa un aumento del 10.5% en comparación con el mismo período del año anterior. Estas denuncias reflejan transacciones que se alejan de los patrones habituales y carecen de una justificación económica clara, sumando un total de ¢14.591 millones en 2023. La complejidad de identificar y entender estas operaciones resalta la necesidad urgente de reforzar los controles financieros y la especialización profesional en esta materia.
La responsabilidad de los contadores públicos se presenta como un elemento crucial en la detección de estas irregularidades. Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos, subraya que los contadores deben certificar los ingresos de los interesados ante las entidades financieras, una tarea que requiere habilidades avanzadas en análisis de bases de datos para detectar inconsistencias. Las operaciones más comunes incluyen el uso de grandes sumas en efectivo y transferencias de fondos provenientes del exterior sin justificación aparente, lo cual podría indicar la existencia de empresas fachada o actividades ilícitas. Este fenómeno no se limita a una sola región, ya que los reportes provienen mayoritariamente de San José, seguidos por Alajuela, Heredia, Puntarenas, Cartago, Limón y Guanacaste. Durante el primer semestre del año, el valor estimado de estas transacciones en dólares fue de $136 millones, lo que equivale a ¢71.807 millones.
Desafíos En La Implementación De Medidas Efectivas
A pesar del aumento en la detección y denuncia de operaciones sospechosas, las acciones concretas derivadas de estas denuncias aún son limitadas. De las más de 500 denuncias anuales recibidas, solo en 35 casos se ha ordenado el congelamiento de fondos y en cuatro instancias se realizaron anotaciones de bienes en colaboración con el Ministerio Público. Esta disparidad destaca la complejidad y los desafíos que enfrentan las autoridades al tratar de convertir reportes en acciones penales efectivas. Las diferencias en la capacitación y recursos disponibles entre distintos organismos públicos y privados también contribuyen a esta situación, subrayando la necesidad de un enfoque más coordinado y especializado.
Para enfrentar estos retos, es fundamental incrementar la capacitación y recursos destinados a la detección y análisis de transacciones sospechosas. La colaboración entre contadores, bancos y organismos reguladores debe ser estrecha y efectiva, lo que implica el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de análisis de datos. Además, la cooperación internacional es esencial para rastrear y detener flujos de dinero ilícitos que suelen cruzar fronteras. Sin una estrategia integral que incluya estos elementos, será difícil lograr un impacto significativo en la reducción de estas actividades ilegales.
La Necesidad De Un Enfoque Integral Y Especializado
El artículo del «Diario Extra» del 28 de agosto de 2024, informa sobre un preocupante aumento en las denuncias de operaciones financieras sospechosas recibidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en el primer semestre del año. En este periodo se reportaron 315 casos, lo que representa un incremento del 10.5% comparado con el año anterior. Estas denuncias reflejan transacciones inusuales y sin una justificación económica clara, sumando ¢14.591 millones en 2023. La dificultad para identificar estas operaciones subraya la necesidad de reforzar los controles financieros y mejorar la especialización profesional en este ámbito.
El papel de los contadores públicos es clave en detectar estas irregularidades. Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos, destaca la importancia de que los contadores verifiquen los ingresos de los clientes ante las instituciones financieras, tarea que exige habilidades avanzadas en análisis de datos. Los casos más comunes incluyen grandes sumas en efectivo y transferencias sin justificación, lo que sugiere la posible existencia de empresas fachada o actividades ilícitas. Este problema afecta a varias regiones, siendo San José la más impactada, seguida por Alajuela, Heredia, Puntarenas, Cartago, Limón y Guanacaste. En términos de dólares, las transacciones sospechosas sumaron $136 millones, equivalentes a ¢71.807 millones.
