La tranquilidad de los residentes en la zona poniente de Ciudad Juárez se ha visto fracturada por el estruendo y las vibraciones que amenazan con derrumbar no solo sus hogares, sino también su seguridad y patrimonio. Familias de colonias como Los Ojitos y otras áreas circundantes a la Sierra de Juárez viven en un estado de alerta constante debido a las detonaciones realizadas por la empresa Asfaltos y Pavimentos de Juárez (ASPA), cuyas operaciones de extracción de materiales han provocado daños estructurales significativos en decenas de viviendas. Esta alarmante situación fue denunciada públicamente por el diputado Oscar Avitia Arellanes, quien ha canalizado el sentir de una comunidad que teme por la integridad de sus bienes y, más importante aún, por la vida de sus seres queridos. Desde hace varios años, el uso recurrente de explosivos en las instalaciones de la constructora, ubicadas peligrosamente cerca de zonas habitacionales junto al Camino Real, ha generado ondas de choque que agrietan paredes, rompen ventanas y siembran el pánico entre los vecinos, convirtiendo el sonido del progreso en un presagio de desastre para quienes habitan en las inmediaciones.
El Origen y la Magnitud del Daño Estructural
La raíz del problema se remonta a las prácticas de extracción de la empresa ASPA, la cual ha empleado voladuras con explosivos como método principal para obtener materiales de construcción. Este procedimiento, si bien puede ser común en la industria, ha tenido consecuencias devastadoras para la infraestructura residencial cercana. Un evento que marcó un antes y un después ocurrió a finales de 2021, cuando una detonación que involucró aproximadamente 125 kilogramos de material explosivo desató una onda expansiva de tal magnitud que los daños en las viviendas fueron inmediatos y evidentes. Este incidente, lejos de ser un caso aislado, se convirtió en el ejemplo más claro de la amenaza latente que enfrentan los habitantes. El legislador Avitia Arellanes ha documentado cómo estas explosiones generan vibraciones sísmicas que comprometen los cimientos, muros y techos de las casas, muchas de las cuales no fueron diseñadas para soportar este tipo de estrés estructural recurrente. La acumulación de estos impactos a lo largo del tiempo ha deteriorado progresivamente el patrimonio de las familias, obligándolas a vivir en una incertidumbre constante sobre la seguridad de sus propios hogares y sin una respuesta clara por parte de la empresa responsable.
Una Amenaza Persistente a la Seguridad Ciudadana
A pesar de las denuncias iniciales y el paso del tiempo, la amenaza para los residentes de la zona poniente no ha cesado; por el contrario, ha resurgido con fuerza en las últimas semanas, reavivando el temor y la indignación de la comunidad. Los vecinos han reportado nuevamente la percepción de fuertes estruendos y temblores provenientes de las instalaciones de la constructora, lo que demuestra que las operaciones con explosivos continúan sin considerar el grave impacto en el entorno habitacional. El diputado Oscar Avitia Arellanes ha sido enfático al señalar que esta situación no solo representa un daño material, sino una clara vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos a vivir en un entorno seguro y pacífico. La persistencia de estas actividades pone en un riesgo inaceptable la vida de niños y adultos que habitan en la zona, quienes se ven forzados a convivir con el peligro inminente de un colapso estructural o un accidente derivado de las detonaciones. Esta problemática subraya un conflicto crítico donde los intereses económicos de una compañía parecen prevalecer sobre la seguridad y el bienestar de toda una comunidad, que clama por una intervención definitiva de las autoridades para restaurar la paz y la certidumbre en sus hogares.
La Exigencia de una Intervención Interinstitucional
Para hacer frente a esta compleja problemática, el legislador propuso un exhorto formal dirigido a un amplio espectro de autoridades gubernamentales, buscando una respuesta coordinada y contundente desde diversas áreas de competencia. La iniciativa insta a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a realizar una verificación exhaustiva del manejo de explosivos por parte de ASPA, para asegurar que se cumplan estrictamente las normativas federales y se prevengan futuros incidentes. Paralelamente, se solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) con el fin de evaluar los posibles impactos negativos en la salud pública derivados de las vibraciones, el ruido y el polvo generados por las explosiones. De igual manera, se urgió a la Dirección de Protección Civil del Municipio a efectuar inspecciones técnicas inmediatas en las viviendas afectadas para determinar el nivel de riesgo estructural y emitir los dictámenes correspondientes que garanticen la seguridad de los habitantes. Este llamado a la acción busca tejer una red de protección institucional que aborde el problema desde todos sus ángulos, desde la regulación de materiales peligrosos hasta la protección directa de la salud y la integridad física de los ciudadanos afectados.
Hacia la Reparación del Daño y la Primacía del Bienestar Social
La estrategia legal y ambiental se complementó con la solicitud de intervención de otras dependencias clave para garantizar una solución integral. Se exhortó a la Dirección de Ecología a monitorear y regular las emisiones de ruido y las vibraciones que exceden los límites permitidos, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que revisara a fondo los permisos ambientales otorgados a la constructora y aplicara las sanciones correspondientes en caso de detectar irregularidades en sus operaciones. Finalmente, se hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que diera seguimiento a las denuncias ciudadanas y facilitara los procesos legales necesarios que conduzcan a una reparación integral del daño patrimonial sufrido por las familias. En su conclusión, el diputado Oscar Avitia Arellanes enfatizó que la protección de la vida y el patrimonio de los juarenses debía ser la prioridad absoluta, afirmando de manera categórica que ninguna actividad económica, por importante que fuera, podía estar por encima de la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía, un principio que se esperaba guiara las acciones de todas las autoridades involucradas en la resolución de este conflicto.
