El artículo analiza la problemática de la «gestión compartida» en Bolivia como una forma de acoso y violencia política que afecta principalmente a mujeres en cargos públicos. Esta práctica, en la que las mujeres son obligadas a ceder sus puestos a sus suplentes, generalmente hombres, es una manifestación profunda y preocupante de desigualdad y abuso de poder en el ámbito político. Aunque existen leyes que intentan proteger a las mujeres de estas prácticas, su aplicación es insuficiente, perpetuando un ciclo de violencia y discriminación. A medida que investigamos este asunto, se revela una complejidad que abarca desde acuerdos informales hasta casos flagrantes de violencia física, teniendo un impacto devastador no solo en las víctimas individuales, sino también en el progreso general de la equidad de género en la política boliviana.
La Práctica de la Gestión Compartida y su Impacto
La gestión compartida se presenta como un acuerdo pactado, donde la titular, generalmente una mujer, cede su cargo a mitad de mandato para que su suplente masculino asuma el puesto. Esta práctica se utiliza de manera deshonesta, bajo el pretexto de cumplir con la paridad y alternancia de género. Sin embargo, la realidad muestra que criminaliza y hostiga a las mujeres en el poder, subestimando su capacidad de liderazgo y contribución. Este fenómeno no solo perpetúa la desigualdad de género, sino que además refuerza la percepción de que las mujeres no tienen el derecho ni la capacidad de ocupar cargos significativos en el ámbito público, creando un ciclo vicioso de desconfianza y exclusión.
El impacto de esta práctica va más allá de la pérdida de un puesto: refuerza la idea de que las mujeres no son aptas para ocupar cargos públicos y perpetúa un ambiente de trabajo tóxico y desigual. Las consecuencias incluyen el debilitamiento de la confianza de las mujeres en sus capacidades y en el sistema político en su conjunto. La gestión compartida amplifica el ya existente techo de cristal y actúa como una barrera adicional para las mujeres que intentan desarrollar carreras políticas, afectando negativamente su bienestar psicológico y sus perspectivas futuras. Además, desmoraliza a otras mujeres que aspiran a roles similares, desincentivando su participación y contribución en la vida pública del país.
Estadísticas y Magnitud del Problema
Las cifras son alarmantes: en 2023, la Coordinadora de la Mujer reportó 151 denuncias formales de acoso y violencia política, de las cuales 52 eran por gestión compartida. Estos números subrayan la magnitud del problema y revelan la necesidad urgente de soluciones efectivas. Esta situación exige una revisión crítica y detallada del contexto institucional y social que permite que estas prácticas florezcan sin una sanción adecuada. La falta de denuncia y la naturalización de la violencia política contribuyen a que muchas mujeres continúen soportando estos abusos en silencio.
Resulta también alarmante que la mayoría de estos acuerdos de gestión compartida se realizan de manera informal: 51% verbalmente y 44% por escrito. Solo una pequeña fracción de estos acuerdos está firmada por un notario público. Esto indica una falta de transparencia y legitimidad en los procesos, que agrava la situación de vulnerabilidad de las mujeres en cargos públicos. La informalidad de estos acuerdos permite que se conviertan en herramientas de coacción y control, despojando a las mujeres de cualquier protección legal efectiva. Los datos subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y denuncia, así como de implementar sanciones más estrictas y claras para detener la perpetuación de esta práctica.
Formas de Violencia y Acoso Político
La violencia política contra las mujeres no se limita a actos físicos. En muchos casos, las amenazas, el hostigamiento psicológico y la presión social también forman parte de este acoso. Las mujeres enfrentan la retención de salarios, la negación de subsidios por lactancia y la marginación en sus funciones como mecanismos de coerción para que abandonen sus cargos. Los actos de violencia psicológica, aunque menos visibles, pueden ser igual de devastadores, quebrantando la salud mental y emocional de las víctimas y perpetuando un ciclo de miedo y sumisión. Este tipo de acoso también afecta el desempeño profesional de las mujeres, minando su eficiencia y socavando su autoridad en sus respectivos roles.
El caso de las cuatro concejalas en el municipio de Sacaba, Cochabamba, es emblemático. Estas mujeres sufrieron agresiones físicas por parte de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Estos actos de violencia requirieron la intervención de la policía y destacaron el nivel de peligro al que están expuestas las mujeres en la política boliviana. Este episodio, entre muchos otros, pone de manifiesto la extrema vulnerabilidad de las mujeres en la esfera política, enfatizando la urgente necesidad de mecanismos más efectivos de protección y apoyo. La violencia física es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que incluye diversas formas de acoso y violencia sistémica.
Marco Legal e Institucional: Avances y Limitaciones
Bolivia cuenta con la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que en teoría deberían proteger a las mujeres y sancionar a los agresores. Sin embargo, la implementación de estas leyes es deficiente. Los partidos políticos, que tienen la responsabilidad de hacer cumplir estas normativas, a menudo no actúan o incluso fomentan la violencia. La falta de implementación efectiva de estas leyes refleja una debilidad institucional que permite la perpetuación de la violencia y el acoso político contra mujeres, evidenciando una desconexión entre la ley escrita y la realidad vivida por muchas mujeres en el ámbito político.
La ley, aunque progresiva, no logra erradicar la gestión compartida debido a la falta de sanciones concretas y la tolerancia de las violaciones. Esto lleva a un ciclo vicioso donde las mujeres siguen siendo víctimas de acoso y violencia política sin recibir la protección adecuada del sistema judicial o de sus propios partidos políticos. La reforma de estas leyes y su aplicación estricta son necesarias para crear un entorno político más seguro y equitativo para las mujeres. Es imperativo fortalecer las instituciones y asegurar que las normativas vigentes sean más que palabras en un papel, sino herramientas activas y efectivas en la lucha contra la violencia política.
