Glovo, la empresa española de tecnología especializada en la entrega de productos a domicilio, ha tomado una decisión sin precedentes en el sector: contratar a todos sus repartidores en España, quienes hasta ahora trabajaban como autónomos. Este cambio afectará a más de 900 ciudades donde opera Glovo y se aplicará a todas las verticales de su aplicación. La medida busca mejorar la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos colaboradores de la plataforma, así como cumplir con compromisos legales y laborales en el país.
El nuevo modelo de contratación en Glovo
Beneficios para los repartidores
La decisión de Glovo de contratar a sus repartidores trae consigo una serie de beneficios significativos para estos trabajadores. Al dejar de ser autónomos y convertirse en empleados, los repartidores podrán acceder a una mayor estabilidad laboral y social. Esto incluye coberturas como la Seguridad Social, la cotización para jubilaciones y otras prestaciones sociales, que anteriormente no estaban garantizadas para ellos como trabajadores independientes. Este movimiento es visto como un paso adelante en la lucha por mejores condiciones laborales en la economía digital.
Además, la contratación directa permitirá a los repartidores beneficiarse de ciertos derechos laborales como vacaciones pagadas, bajas por enfermedad y otros derechos reconocidos por la legislación española. Este nuevo modelo también eliminará la incertidumbre en cuanto a ingresos mensuales, ya que pasarán a recibir un salario fijo, contrastando con la variabilidad a la que estaban acostumbrados al depender de la cantidad de pedidos entregados y de factores externos como la demanda o las condiciones climáticas.
Impacto en la economía digital
El cambio adoptado por Glovo es también una señal positiva para la economía digital en España. Al regularizar la situación laboral de los repartidores, la empresa se alinea con las normativas y políticas laborales vigentes en el país, promoviendo un entorno más justo y equitativo para todos los involucrados. Esto podría sentar un precedente para otras empresas del sector, que podrían verse motivadas a seguir el ejemplo de Glovo y adoptar medidas similares en favor de sus trabajadores.
De acuerdo con la empresa, la apertura de una mesa de diálogo con agentes sociales será crucial para encauzar esta transición. Glovo ha invitado a otros operadores del sector a unirse a este proceso, buscando que el cambio se realice de manera consensuada y beneficiosa para todas las partes. La colaboración con sindicatos y otros actores sociales garantizará que se escuchen y respeten las necesidades y preocupaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores, facilitando una implementación exitosa y sin conflictos.
Contexto legal y antecedentes
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
El anuncio de Glovo se produjo tras una sentencia relevante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Este tribunal confirmó que la empresa debía pagar un millón de euros correspondientes a cuotas de la Seguridad Social no abonadas de sus repartidores. La sentencia se originó a raíz de una denuncia presentada por Intersindical, que llevó a una inspección de la Tesorería General de la Seguridad Social. La inspección reveló que entre 2015 y 2018, Glovo no había dado de alta ni cotizado la Seguridad Social de 610 repartidores.
El TSJCV determinó que Glovo no es una mera intermediaria entre consumidores y trabajadores autónomos, sino que coordina y organiza efectivamente la prestación del servicio productivo. La empresa fija los precios y condiciones del servicio, dispone de los activos esenciales y utiliza a repartidores que no cuentan con una estructura empresarial propia, sino que están integrados en la organización de Glovo. Este fallo refuerza la necesidad de que las plataformas digitales cumplan con las normativas laborales y dota a los repartidores de la protección legal que merecen.
Reconocimiento de la relación laboral
De acuerdo con la sentencia, los repartidores de Glovo no organizan su actividad productiva de manera independiente ni negocian precios y condiciones con los establecimientos. Además, no reciben el pago directamente de los clientes finales, sino a través de la plataforma. Estos factores evidencian una relación de dependencia característica de un vínculo laboral, situando a los repartidores como empleados de Glovo y no como trabajadores autónomos. Esta sentencia coincide con otros fallos judiciales en diversas regiones de España que han dictaminado la misma situación, confirmando la necesidad de un cambio en la estructura de empleo en el sector.
Esta serie de decisiones judiciales ha creado un entorno legal uniforme que respalda la función laborativa de los repartidores como empleados, sentando las bases para un modelo más justo y equitativo. Esta tendencia judicial ha forzado a empresas como Glovo a replantear su modelo operativo para alinearse con el marco legal establecido, garantizando mejores condiciones de trabajo y asegurando una mayor protección para sus repartidores.
Conclusión: un paso adelante
Glovo, la reconocida empresa española especializada en tecnología para la entrega de productos a domicilio, ha tomado una decisión histórica en el sector: contratar a todos los repartidores que operan en España. Hasta ahora, estos repartidores trabajaban como autónomos, pero con esta medida, serán empleados de la empresa. Este cambio significativo impactará a más de 900 ciudades en las que opera Glovo y aplicará a todas las verticales presentes en su aplicación. El objetivo principal de esta medida es mejorar la experiencia tanto de los usuarios como de restaurantes y otros establecimientos que colaboran con la plataforma. Además, busca cumplir con compromisos legales y laborales estipulados en el país, asegurando mejores condiciones para todos los implicados en el proceso de entrega. La decisión refleja un compromiso con la calidad del servicio y con los derechos laborales de sus trabajadores, marcando un antes y un después en el sector de las entregas a domicilio en España.