La reciente implementación de la nueva tasa de residuos, comúnmente conocida como el «basurazo,» ha generado numerosos desafíos para los municipios de Castellón. Esta medida ha llevado a que 76 localidades de la provincia encomienden la gestión de sus desechos a la Diputación de Castellón. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, junto al diputado de Residuos, Ximo Llopis, han mencionado las numerosas complicaciones que enfrentan especialmente los municipios pequeños, que no cuentan con los recursos necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias. Solo las grandes localidades pueden permitirse contratar a un técnico especializado que les ayude a cumplir con la nueva ley de residuos.
Incremento de costes y administración centralizada
Un incremento significativo en los costes de gestión
El coste de gestión de residuos, anteriormente de 1,4 millones de euros para 40 localidades, aumentará drásticamente a 3,2 millones de euros para 59 municipios bajo la gestión de la Diputación de Castellón. Esta cifra está destinada a incrementarse aún más, considerando que 17 municipios adicionales han solicitado unirse a esta gestión centralizada. En total, se espera que la Diputación gestione los residuos de 76 localidades, un aumento que refleja no solo la necesidad sino también la dependencia de muchos municipios pequeños que no tienen otra opción viable.
La carga administrativa también será asumida por la Diputación, liberando así a los municipios de la gestión directa del tributo. Marta Barrachina ha puesto énfasis en la importancia de este apoyo, resaltando que la medida es esencial para municipios pequeños que carecen de personal y de los recursos necesarios para administrar estos complejos procedimientos. Sin este apoyo, muchas localidades pequeñas se encontrarían en una situación aún más complicada y con dificultades para cumplir con las responsabilidades impuestas por la nueva ley de residuos.
Desafíos para la implementación en municipios pequeños
Barrachina ha subrayado las dificultades adicionales que enfrentan las localidades pequeñas en la elaboración de ordenanzas que deben cumplir con la nueva legislación. A diferencia de las grandes localidades, que pueden permitirse contratar a un técnico especializado para este propósito, los municipios pequeños no tienen los mismos recursos. Esto crea una desigualdad considerable en la capacidad de gestionar adecuadamente los residuos según las nuevas normativas.
El aumento en los costes y la necesidad de recursos adicionales han sido motivos de preocupación para los municipios, que deben enfrentarse no solo a la complejidad administrativa sino también a la presión financiera. La presidenta de la Diputación ha enfatizado que sin el apoyo de la entidad provincial, los municipios pequeños se encontrarían en una situación insostenible, dado que no pueden costear los sobrecostes ni disponer de personal especializado. La gestión centralizada se presenta así como una solución, aunque no exenta de críticas y desafíos.
Críticas y demandas hacia el gobierno central
Impacto de la nueva Ley 7/2022
La tasa de residuos es resultado directo de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, derivada de una directiva de la Unión Europea. Marta Barrachina ha criticado duramente al gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de imponer esta medida sin proporcionar las herramientas necesarias para que los ayuntamientos puedan implementarla correctamente. Ha destacado la necesidad de que el gobierno de España flexibilice esta medida o conceda más tiempo para que los municipios se adapten, destacando el impacto negativo que tiene sobre la autonomía local.
Barrachina argumenta que esta falta de apoyo y recursos ha dejado a los municipios en una posición vulnerable, especialmente a los más pequeños que están luchando para cumplir con las nuevas obligaciones. La presidenta ha pedido una revisión de la ley para evitar que los municipios se vean sobrecargados y puedan cumplir con las normativas sin enfrentarse a graves desafíos administrativos y financieros. Las críticas apuntan a que la medida fue adoptada sin considerar adecuadamente la capacidad de los municipios para implementar dichos cambios.
Respuesta a las críticas del PSPV
Tras las fuertes críticas del Partido Socialista del País Valencià (PSPV), que calificaron de «mentiras» las afirmaciones de Barrachina respecto al «basurazo» y pidieron su dimisión, la presidenta de la Diputación no tardó en responder. Declaró que, de ser así, las demandas de dimisión serían constantes si implicaba la defensa de los derechos de los ciudadanos tal y como lo está haciendo en este caso. Barrachina ha dejado claro que continuará defendiendo la gestión provincial y el apoyo a los municipios, especialmente a los que más lo necesitan.
La respuesta de Marta Barrachina refleja una determinación firme de seguir adelante con su compromiso de apoyo a los municipios de Castellón, a pesar de las críticas y las demandas en su contra. Su postura es que la medida impuesta por el gobierno central ha creado una carga adicional para las localidades, y que es su responsabilidad como presidenta de la Diputación garantizar que estas localidades reciban el apoyo necesario para cumplir con las nuevas normativas y asegurar una gestión adecuada de los residuos.
Conclusión
La reciente implementación del nuevo impuesto sobre residuos, conocido popularmente como el «basurazo,» ha creado múltiples desafíos para los municipios de Castellón. Esta normativa ha provocado que 76 localidades en la provincia decidan encomendar la gestión de sus residuos a la Diputación de Castellón. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el diputado de Residuos, Ximo Llopis, han señalado las diversas complicaciones que enfrentan especialmente los municipios más pequeños, los cuales no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las nuevas regulaciones. Los costos y la complejidad de la gestión han hecho que solo los municipios más grandes puedan contratar a especialistas técnicos para adaptar sus sistemas a la nueva ley de residuos. Este panorama refuerza la necesidad de apoyo adicional para las localidades pequeñas, que se ven desbordadas por las exigencias impuestas y deben buscar ayuda externa para adecuarse a la normativa.
