En el corazón de la discusión pública en el Perú se encuentra una propuesta legislativa que ha generado un intenso debate sobre los derechos y responsabilidades de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los bomberos voluntarios en el ámbito del transporte público. Se trata de un proyecto de ley presentado por el congresista Waldemar Cerrón y la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República, que busca eliminar el beneficio del pase libre, un derecho vigente desde hace décadas que permite a policías y bomberos desplazarse sin costo en medios de transporte público cuando están de uniforme. Este mecanismo, diseñado para garantizar una respuesta rápida ante emergencias, se ve ahora cuestionado en un contexto de creciente inseguridad y tensiones sociales. La iniciativa ha desatado opiniones encontradas, ya que mientras algunos defienden su importancia para la seguridad ciudadana, otros señalan abusos y exigen una revisión profunda de su aplicación en la práctica diaria.
Debate sobre un Derecho Histórico
La normativa que otorga el pase libre a los efectivos de la PNP y a los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue establecida con el objetivo de facilitar su movilidad en situaciones de emergencia, permitiéndoles actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad. Este beneficio, que también incluye descuentos para estudiantes universitarios, ha sido considerado durante mucho tiempo como un reconocimiento a la labor de estos servidores públicos, quienes enfrentan riesgos constantes en su trabajo. Sin embargo, la propuesta de derogación presentada en el Congreso ha puesto en tela de juicio su relevancia actual. Organizaciones como el Instituto de Defensa Legal Policial (IDLP) han salido en defensa de este derecho, argumentando que no se trata de un privilegio, sino de una herramienta esencial para el cumplimiento del deber policial, que exige disponibilidad permanente. Según esta postura, eliminar el pase libre sería un retroceso en el apoyo a la seguridad ciudadana, especialmente en un entorno donde los desafíos para las fuerzas del orden son cada vez más complejos.
Por otro lado, el debate no se limita a la funcionalidad del beneficio, sino que también aborda las percepciones sociales y las críticas hacia su implementación. Muchos ciudadanos y transportistas han expresado su descontento por episodios en los que se ha hecho un uso indebido de este derecho, lo que ha generado una imagen negativa de la institución policial. En un contexto de alta criminalidad, especialmente en zonas urbanas como Lima y Callao, donde la extorsión y la violencia afectan gravemente al sector del transporte, la eliminación del pase libre se presenta como una respuesta a las demandas de mayor equidad y control. Sin embargo, esta medida también plantea interrogantes sobre cómo se garantizaría la presencia policial en áreas críticas si los agentes enfrentan barreras económicas para movilizarse rápidamente. La discusión, por tanto, no solo gira en torno a la derogación, sino también a la necesidad de establecer mecanismos que equilibren los derechos de los policías con las expectativas de la población.
Incidentes que Avivan la Controversia
Un episodio reciente ha intensificado las tensiones alrededor del pase libre y ha puesto en el foco de la opinión pública los posibles abusos asociados a este beneficio. El pasado 5 de octubre, una suboficial de la PNP exigió viajar gratis en un autobús público, a pesar de no estar uniformada, e incluso solicitó la exoneración del pago para su esposo e hijo, algo que no contempla la legislación vigente. La negativa del conductor desencadenó un altercado que culminó con la intervención de varios agentes de Tránsito y la detención del chofer durante más de un día. Este hecho, ampliamente difundido en redes sociales, generó indignación entre los ciudadanos, quienes cuestionaron la actitud de la agente y señalaron un posible abuso de autoridad. La situación no solo evidenció las fallas en la aplicación del pase libre, sino que también alimentó la desconfianza hacia la PNP, una institución que ya enfrenta críticas por casos de corrupción y vínculos con actividades delictivas en algunos de sus miembros.
Este incidente no es un caso aislado, sino que refleja un problema más amplio de percepción pública sobre el comportamiento de ciertos efectivos policiales en el ejercicio de sus funciones. La detención del conductor, denunciada como irregular por su defensa legal, ha llevado a anuncios de acciones legales por abuso de autoridad, mientras que la representación de la suboficial ha defendido su proceder, destacando la importancia de respetar la labor policial. Este enfrentamiento ha polarizado aún más las posturas en torno al pase libre, con sectores de la población exigiendo mayor fiscalización y otros abogando por la protección de los derechos de los agentes. En un escenario donde la inseguridad en el transporte público es una preocupación cotidiana, con decenas de transportistas víctimas de la violencia criminal, la resolución de este debate se torna crucial para definir las relaciones entre la ciudadanía, las fuerzas del orden y los trabajadores del sector.
Seguridad y Desconfianza en el Transporte Público
La crisis de inseguridad que atraviesa el transporte público en el país añade una capa adicional de complejidad a la discusión sobre el pase libre. Datos recientes del Observatorio de Criminalística revelan que un número alarmante de transportistas ha perdido la vida a manos de bandas criminales por negarse a pagar extorsiones, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación en ciudades como Lima y Callao. En este contexto, la presencia policial en los medios de transporte se considera por muchos como un factor clave para disuadir el crimen y proteger tanto a los trabajadores como a los pasajeros. El pase libre, en teoría, facilita esta presencia al permitir que los agentes se movilicen sin restricciones económicas, especialmente en momentos de emergencia. Sin embargo, la percepción de que este beneficio no siempre se utiliza con fines de servicio público, sino que en ocasiones deriva en actitudes prepotentes, ha generado un rechazo significativo entre la población y los propios transportistas.
Además, la desconfianza hacia la PNP no solo se debe a incidentes aislados, sino también a la acumulación de escándalos que han afectado su imagen institucional. Casos de agentes involucrados en actividades ilícitas, como la protección de mafias extorsivas, han erosionado la confianza ciudadana, haciendo que medidas como el pase libre sean vistas con escepticismo. Aunque la derogación propuesta por la bancada de Perú Libre responde a estas inquietudes, también plantea el riesgo de limitar la capacidad operativa de los policías en un momento en que su intervención es más necesaria que nunca. En este sentido, el desafío radica en encontrar un equilibrio que permita mantener la funcionalidad del beneficio sin que se convierta en un instrumento de abuso. La necesidad de reformas que incluyan mayor supervisión y sanciones claras para los casos de mal uso se presenta como una posible vía para resolver las tensiones actuales y garantizar que el pase libre cumpla con su propósito original.
Reflexiones para un Equilibrio Necesario
Mirando hacia atrás, el debate sobre la derogación del pase libre para la PNP y los bomberos voluntarios dejó en evidencia las profundas contradicciones que atraviesan las relaciones entre las fuerzas del orden y la ciudadanía. Por un lado, se reconoció la importancia de facilitar la movilidad de los agentes para responder a emergencias en un país marcado por la inseguridad; por otro, los episodios de abuso de autoridad y la percepción de corrupción dentro de la institución policial alimentaron un clamor por mayor control y transparencia. Lo que quedó claro tras las discusiones fue que cualquier decisión legislativa debía considerar no solo los derechos de los servidores públicos, sino también las expectativas de una población que exige respeto y equidad.
Para avanzar, sería fundamental que las autoridades y los actores involucrados trabajaran en propuestas que combinen la protección del beneficio con mecanismos de fiscalización estrictos, capaces de prevenir y sancionar su mal uso. Asimismo, resultaría clave implementar campañas que refuercen la confianza ciudadana en la PNP, abordando de manera integral los problemas estructurales que afectan su imagen. Solo a través de un enfoque equilibrado se podría garantizar que herramientas como el pase libre cumplieran su objetivo de fortalecer la seguridad sin generar nuevas tensiones sociales.
