Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una alarmante discrepancia entre los recursos asignados y los resultados obtenidos por el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad (FonIgualdad), generando serios interrogantes sobre su capacidad de gestión. A pesar de contar con una asignación presupuestal de 1,9 billones de pesos por parte del Ministerio de la Igualdad para la vigencia 2024, el fondo demostró una ejecución de pagos efectivos de apenas el 3,08 %, una cifra que contrasta dramáticamente con los objetivos para los que fue creado. Esta situación llevó al órgano de control a calificar la labor de la entidad como una «inadecuada gestión», poniendo en el centro del debate no solo la eficiencia administrativa, sino el impacto real que esta parálisis tiene sobre las poblaciones más vulnerables del país, quienes esperaban ser las principales beneficiarias de estos ambiciosos programas sociales. El análisis subraya un fracaso significativo en la capacidad del fondo para transformar el capital financiero en un cambio social tangible.
Análisis de la Ejecución Presupuestal
El Argumento de la Anualidad y la Realidad de las Cifras
El desglose de la ejecución presupuestal presentado por la Contraloría pinta un cuadro preocupante de inacción y lentitud administrativa. Los hallazgos de la primera auditoría de cumplimiento al FonIgualdad son contundentes: del presupuesto total apropiado, solo se lograron establecer compromisos contractuales por un 25 %, mientras que los recursos obligados, es decir, aquellos formalmente destinados a un fin específico, apenas llegaron al 13 %. La cifra más crítica, sin embargo, es la de los pagos efectivos, que se estancó en un exiguo 3,08 %. Ante estas evidencias, la defensa del FonIgualdad se centró en un argumento técnico: su naturaleza de patrimonio autónomo, según la entidad, le exime de cumplir con el principio de anualidad presupuestal, lo que le permitiría ejecutar los recursos asignados en 2023 durante el transcurso de 2024. No obstante, esta justificación no logra disipar las dudas sobre la parálisis operativa, ya que, independientemente del ciclo fiscal, la lentitud en la materialización de los proyectos revela una brecha fundamental entre la disponibilidad de los fondos y la capacidad para gestionarlos y aplicarlos de manera efectiva.
El Contraste entre Funcionamiento e Inversión
Un análisis más profundo de las cifras revela una disparidad que agrava aún más la percepción de ineficiencia, al comparar los gastos de funcionamiento con los de inversión. Mientras la maquinaria administrativa del fondo parece operar sin contratiempos, con una ejecución del 98 % en sus gastos de funcionamiento, el corazón de su misión, la inversión social, se encuentra prácticamente detenido. El informe de la CGR es categórico al señalar que 12 de los 25 programas diseñados para la inversión social no presentaron ninguna ejecución, lo que se traduce en un cero por ciento de avance en casi la mitad de sus iniciativas estratégicas. En este desolador panorama, solo dos programas mostraron un desempeño notable: «Jóvenes en Paz», con un 87 % de ejecución, y el «Programa Nacional del Cuidado», con un 85 %. Sin embargo, estos casos de éxito relativo funcionan más como una excepción que confirma la regla, demostrando que la ejecución era posible pero que, por razones sistémicas o de gestión, no se replicó en la mayoría de las áreas. Este fuerte contraste sugiere que la estructura burocrática consumió sus recursos eficientemente, mientras que los proyectos destinados a la ciudadanía quedaron estancados.
Consecuencias y Deficiencias Sistémicas
El Impacto Directo en las Poblaciones Vulnerables
La subejecución presupuestal de FonIgualdad trasciende el ámbito de las cifras y los balances contables para convertirse en un problema con profundas consecuencias humanas y sociales. La Contraloría concluye que esta falta de gestión impacta de manera directa y negativa a las poblaciones vulnerables que, por ley y por mandato, debían ser las receptoras finales de estos recursos. Grupos como mujeres en situación de riesgo, personas con discapacidad, comunidades étnicas y familias campesinas vieron frustradas sus expectativas de recibir el apoyo estatal necesario para superar las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad. El propósito fundamental del fondo era precisamente cerrar estas brechas, pero al no utilizar los recursos asignados, no solo se falló en cumplir este objetivo, sino que se contribuyó a mantener el statu quo de la inequidad. Cada peso no ejecutado representa una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida, fomentar la inclusión y construir una sociedad más justa, convirtiendo la ineficiencia administrativa en un obstáculo directo para el progreso social del país.
Fallas en la Planificación y la Gestión de Convenios
La auditoría de la Contraloría General de la República no solo identificó una falta de ejecución generalizada, sino que también encontró serias deficiencias en la planificación y gestión de los programas que sí lograron avanzar. Un ejemplo paradigmático es el programa «Jóvenes en Paz», que a pesar de mostrar una de las tasas de ejecución más altas, fue objeto de señalamientos específicos. En particular, la CGR detectó fallas de planeación y una baja ejecución en un convenio suscrito por un valor de 175.311 millones de pesos dentro de este programa. Este hallazgo es crucial, pues demuestra que los problemas de FonIgualdad no se limitan a la incapacidad de gastar, sino que se extienden a la forma en que se gastan los recursos. La falta de una planificación robusta y de un seguimiento riguroso de los convenios pone en riesgo la efectividad de las intervenciones, incluso cuando el dinero fluye. En resumen, la alerta emitida por el órgano de control apunta a una falla sistémica que impidió que los recursos cumplieran su objetivo primordial, revelando una debilidad estructural que va más allá de los porcentajes de ejecución.
Un Llamado a la Responsabilidad y la Eficacia
El informe de la Contraloría sobre la gestión de FonIgualdad durante el año 2024 dejó en evidencia una desconexión crítica entre la asignación de recursos y la capacidad de ejecución, un problema que socavó directamente la misión de la entidad. Las conclusiones del ente de control no fueron simplemente una crítica a la lentitud administrativa, sino una advertencia contundente sobre la necesidad de reformas estructurales en la planificación, la gestión y la supervisión de los fondos públicos destinados a la equidad. Este episodio subrayó que la voluntad política y la disponibilidad presupuestal, si bien son indispensables, resultan insuficientes si no van acompañadas de una maquinaria institucional capaz de transformar el dinero en resultados tangibles. La experiencia de FonIgualdad se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia vital de una administración pública eficiente y responsable, demostrando que la verdadera lucha contra la desigualdad se libra no solo en la formulación de políticas, sino en la ejecución impecable de cada proyecto destinado a las comunidades más necesitadas.
