En una contundente demostración de fuerza y coordinación, las autoridades colombianas han asestado un golpe que busca minar las bases económicas de uno de los grupos armados más poderosos del país en una de sus regiones más estratégicas mediante una operación conjunta a gran escala. Esta acción, llevada a cabo por el Ejército y la Policía Nacional, se ha centrado en desarticular las dos principales fuentes de financiación del Clan del Golfo en el departamento del Chocó: la explotación ilícita de yacimientos mineros y la producción de narcóticos. Este esfuerzo no solo representa una ofensiva directa contra la capacidad logística y financiera del grupo, sino que también subraya una estrategia estatal cada vez más consolidada, centrada en asfixiar económicamente a las organizaciones criminales para debilitar su control territorial y su capacidad de generar violencia. La intervención simultánea en estos dos frentes ilícitos revela la complejidad de las operaciones del clan en la región y la determinación de las fuerzas del orden por recuperar el control estatal y proteger tanto a las comunidades como a los ecosistemas vulnerables.
El desmantelamiento de la minería ilegal
La ofensiva contra la minería ilegal se ha convertido en una de las acciones más significativas contra la subestructura Jhon Fredy Orejuela del Clan del Golfo, lo que ha impactado directamente en su principal motor económico en el Chocó. Las autoridades lograron desmantelar setenta y ocho unidades de producción minera clandestinas, distribuidas estratégicamente en los municipios de Río Quito y Quibdó. Estas operaciones no solo extraían oro de manera ilícita, sino que también servían como centros de control territorial y extorsión para el grupo armado. El valor estimado de esta infraestructura desmantelada asciende a unos 17 000 millones de pesos, una cifra que ilustra la magnitud de la economía criminal que sustentaba las actividades delictivas del clan, como la compra de armamento, el pago a sus integrantes y la expansión de su influencia en la región. La destrucción de estas minas representa, por tanto, mucho más que una pérdida monetaria; es un golpe a la capacidad del grupo para mantener y proyectar su poder en una de las zonas más biodiversas y, a la vez, más conflictivas del país.
El impacto de la operación se magnificó con la destrucción sistemática de la maquinaria pesada utilizada para la devastación ambiental y la extracción de minerales. Durante los despliegues tácticos, las fuerzas del orden procedieron a la inutilización de una excavadora, múltiples dragas, motobombas y motores industriales, equipos cuyo valor y dificultad de reposición en zonas remotas constituyen un serio revés logístico para el Clan del Golfo. La destrucción de esta infraestructura no solo frena de manera inmediata la actividad extractiva, sino que también dificulta su reanudación a corto y mediano plazo. Adicionalmente, la operación arrojó resultados concretos en la neutralización de personal clave, con la captura de un individuo presuntamente vinculado a estas actividades y la incautación de un arma de fuego. Estas acciones complementan el golpe económico, desarticulan la estructura humana que sostenía la operación y reafirman la presencia y autoridad del Estado en territorios históricamente dominados por la ilegalidad y la violencia.
El narcotráfico como pilar financiero
Paralelamente a la intervención minera, las fuerzas armadas dirigieron un segundo frente de acción contra la otra gran fuente de ingresos del Clan del Golfo: el narcotráfico. En el municipio de Carmen del Darién, una zona de alto valor estratégico por su conexión con rutas de salida hacia el Pacífico y el Caribe, se desmanteló un sofisticado laboratorio dedicado al procesamiento de pasta base de coca. Esta instalación, que pertenecía a la subestructura Carlos Vásquez, tenía la capacidad de producir grandes cantidades del precursor necesario para la elaboración de cocaína, lo que evidencia la integración del grupo en las diferentes fases de la cadena del narcotráfico. La pérdida económica directa para la organización criminal por la destrucción de este complejo se estima en aproximadamente 170 millones de pesos, una suma considerable que afecta su flujo de caja y su capacidad para financiar operaciones armadas y logísticas. Este golpe demuestra la diversificación de las economías ilícitas del clan y la necesidad de un enfoque integral por parte de las autoridades.
En el interior del laboratorio, las tropas hallaron y destruyeron una gran cantidad de insumos esenciales para la producción de estupefacientes. Se incautaron cientos de kilogramos de hoja de coca, el componente base, así como galones de pasta en pleno proceso de transformación. Además, se neutralizaron precursores químicos altamente contaminantes y peligrosos, como gasolina y amoníaco, cuya eliminación inadecuada en las selvas del Chocó causa daños irreparables a las fuentes hídricas y los ecosistemas locales. La destrucción de estos materiales no solo interrumpe el ciclo productivo de la droga, sino que también mitiga un grave foco de contaminación ambiental. La operación en Carmen del Darién, por lo tanto, no solo representó un ataque a las finanzas del crimen organizado, sino también una acción crucial para la protección del frágil equilibrio ecológico de la región y la salvaguarda de la salud pública de las comunidades aledañas, a menudo expuestas a los residuos tóxicos de esta industria ilegal.
Una estrategia de asfixia económica
La ofensiva coordinada en el Chocó dejó claro que la estrategia de las autoridades colombianas se ha consolidado en torno a la interrupción de las fuentes de financiación de los grupos armados como mecanismo principal para degradar su capacidad operativa y su control territorial. Al atacar simultáneamente la minería ilegal y el narcotráfico, se logró un efecto sinérgico que debilitó no solo las finanzas, sino también la estructura logística y la moral del Clan del Golfo en la región. Esta operación reflejó una comprensión profunda de que el poder de estas organizaciones no reside únicamente en su capacidad militar, sino en su habilidad para generar ingentes recursos a través de economías ilícitas que, a su vez, les permiten corromper instituciones y someter a las comunidades locales. La reafirmación del control estatal en zonas estratégicas de Quibdó, Río Quito y Carmen del Darién envió un mensaje contundente sobre la voluntad del Estado de no ceder terreno ante la criminalidad y de proteger los recursos naturales que son patrimonio de la nación.
