Un cambio drástico en la política de comunicación del Estado argentino ha generado una profunda controversia, reconfigurando las reglas de juego para el financiamiento de los medios audiovisuales y poniendo en duda el futuro de la diversidad informativa en el país. La decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), formalizada mediante la Resolución 11/2026 y firmada por su interventor, Juan Martín Ozores, consiste en la derogación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un mecanismo clave diseñado para el sostenimiento de medios comunitarios y sin fines de lucro. En su lugar, se ha establecido el Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FOPROA), un nuevo sistema que, según sus críticos, abre las puertas a una mayor concentración mediática al obligar a los pequeños actores a competir en condiciones desiguales con los grandes conglomerados comerciales. Este giro de timón abandona una concepción de la comunicación como un derecho humano que requiere protección estatal para adoptar una perspectiva netamente mercantilista, cuyas consecuencias podrían silenciar a las voces más vulnerables del espectro mediático.
La Transformación de la Política Comunicacional
Del Fomento Comunitario a la Competencia Abierta
El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) fue concebido bajo el amparo de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, no como un simple subsidio, sino como una herramienta estratégica para materializar el derecho a la comunicación. Su propósito fundamental era equilibrar un ecosistema mediático históricamente concentrado, garantizando que los proyectos sin fines de lucro —como radios comunitarias, canales de televisión populares, medios de pueblos originarios y cooperativas— tuvieran los recursos necesarios para producir contenidos y sostener sus estructuras. A través de concursos públicos, el FOMECA asignaba fondos para la adquisición de equipamiento técnico, la financiación de producciones audiovisuales y radiofónicas, y la capacitación de sus integrantes. Este apoyo era vital, ya que permitía que estas voces alternativas, a menudo marginadas del circuito publicitario tradicional, pudieran competir en calidad y alcance, ofreciendo a la ciudadanía perspectivas diversas y ancladas en las realidades locales. La existencia de este fondo se basaba en el reconocimiento de que una democracia saludable depende de una pluralidad de voces y no solo de aquellas que son rentables para el mercado.
Con la implementación de la Resolución 11/2026, el paradigma se invierte completamente. La creación del Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FOPROA) elimina la distinción esencial entre medios comerciales y no comerciales, unificando el acceso a los fondos públicos en una única ventanilla competitiva. En la práctica, esto significa que una radio comunitaria gestionada por voluntarios en una pequeña localidad deberá presentar sus proyectos compitiendo directamente con las propuestas de grandes cadenas de televisión y conglomerados mediáticos con vastos recursos y equipos profesionales dedicados a la captación de financiamiento. Este nuevo esquema ignora deliberadamente las asimetrías estructurales y económicas que definen el sector. La lógica subyacente ya no es la de garantizar un derecho y promover la diversidad, sino la de fomentar una competencia de mercado donde, previsiblemente, los actores con mayor capacidad económica y de lobby tendrán una ventaja abrumadora. La transición del FOMECA al FOPROA representa, por tanto, el paso de una política de fomento a una de competencia abierta que amenaza con desfinanciar al sector comunitario y popular.
Justificaciones Oficiales Frente a las Voces Críticas
Desde el gobierno, la justificación para esta profunda reestructuración se ha centrado en un discurso de modernización y eficiencia. Los argumentos oficiales, articulados por el ENACOM, sostienen que el FOPROA está diseñado para adaptarse a la vertiginosa evolución tecnológica del sector audiovisual y para posicionar a la industria argentina como un actor competitivo en el mercado global de contenidos. Se afirma que, al abrir la competencia a todos los actores por igual, se incentivará la creación de productos de mayor calidad técnica y narrativa, capaces de atraer inversiones extranjeras y generar empleo en la economía creativa. Esta visión presenta el antiguo sistema FOMECA como un modelo obsoleto y burocrático que, en lugar de promover la innovación, perpetuaba una dependencia del Estado. La nueva política, según esta perspectiva, busca liberar el potencial del sector privado y comercial, permitiendo que los mejores proyectos, independientemente de su naturaleza jurídica, sean los que reciban el apoyo estatal. Se trata, en suma, de una apuesta por la meritocracia y la competitividad en un entorno de convergencia digital, donde la distinción entre medios tradicionales y nuevos formatos se vuelve cada vez más difusa.
En contraposición, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y otros colectivos de medios comunitarios rechazan de plano la narrativa oficial, calificando la medida como un «ajuste ideológico» con objetivos políticos bien definidos. Para estos actores, el argumento de la «modernización técnica» es una fachada que oculta la verdadera intención: desmantelar una red de medios críticos e independientes para favorecer a los grandes grupos mediáticos, muchos de los cuales son afines a la actual administración gubernamental. Sostienen que la eliminación del FOMECA no es una decisión administrativa, sino un ataque directo al espíritu de la Ley 26.522, que buscaba precisamente desconcentrar el poder mediático y democratizar la palabra. La crítica central apunta a que esta nueva política no solo desfinancia al sector comunitario, sino que también utiliza los recursos retenidos del antiguo fondo —estimados en más de 15 mil millones de pesos— para redistribuirlos de manera discrecional entre empresas aliadas. En este sentido, la creación del FOPROA es vista no como un avance, sino como una regresión que socava la libertad de expresión al debilitar a quienes ofrecen una mirada alternativa sobre la realidad.
Consecuencias para el Ecosistema Mediático
El Riesgo de la Concentración y la Desigualdad
El principio de «igualdad de condiciones» que el gobierno esgrime para justificar la creación del FOPROA es, según sus detractores, una falacia que ignora las profundas disparidades que caracterizan al mapa de medios argentino. Poner en la misma línea de competencia a un proyecto autogestivo, que a menudo subsiste con recursos mínimos y trabajo voluntario, con un conglomerado mediático que factura millones, cuenta con departamentos legales y de producción de gran escala, y tiene acceso a mercados de capital, no genera igualdad, sino que profundiza la desigualdad existente. Las asimetrías no son solo económicas, sino también estructurales y simbólicas. Los grandes medios tienen una capacidad de lobby, una influencia política y un acceso a las esferas de decisión que los medios comunitarios no poseen. Esta nueva política, al eliminar las acciones afirmativas que representaba el FOMECA, favorece intrínsecamente a los actores más poderosos, quienes están mejor preparados para navegar la burocracia de los concursos y presentar proyectos de gran envergadura. El resultado previsible es una mayor concentración de los recursos públicos en pocas manos, fortaleciendo a quienes ya dominan el mercado.
Este escenario no solo amenaza la supervivencia económica de cientos de medios alternativos en todo el país, sino que también socava uno de los pilares de la vida democráticla pluralidad de voces. Los medios comunitarios y populares cumplen una función social insustituible al dar visibilidad a temas, culturas y perspectivas que suelen ser ignorados o tergiversados por las agendas de los medios hegemónicos. Son el espacio donde se expresan las comunidades indígenas, los colectivos de género, los movimientos sociales y las realidades de las periferias urbanas y rurales. Al desprotegerlos y someterlos a una competencia inviable, el Estado no solo recorta su financiamiento, sino que también limita el derecho de la ciudadanía a acceder a una información diversa y sin el filtro de los intereses corporativos. La consecuencia directa es un empobrecimiento del debate público y un fortalecimiento del pensamiento único, donde unas pocas narrativas dominantes acaparan el espectro informativo. La pluralidad, lejos de ser un ideal abstracto, es la condición de posibilidad para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, y esta política parece atentar directamente contra ella.
Un Futuro de Incertidumbre para la Comunicación Alternativa
La implementación del FOPROA dejó al sector de la comunicación comunitaria, popular y alternativa en un estado de alerta y movilización. El cambio de paradigma, que pasó de considerar la comunicación como un derecho a tratarla como una mercancía, fue visto como un golpe directo a la sostenibilidad de proyectos que durante años habían construido una voz propia y un arraigo territorial. La derogación del FOMECA no fue solo una modificación administrativa; fue la eliminación de una política pública que reconocía la importancia de la diversidad mediática para la salud democrática. La incertidumbre sobre cómo se aplicarían los nuevos criterios de selección y la certeza de competir en desventaja contra los gigantes del sector generaron una profunda preocupación. Muchos medios pequeños, que dependían de esos fondos para renovar equipos, pagar servicios básicos o producir contenidos de calidad, se encontraron ante un futuro incierto, con la amenaza real de tener que reducir sus operaciones o, en el peor de los casos, desaparecer.
Ante este panorama, la respuesta del sector no se hizo esperar y las acciones de resistencia se multiplicaron. Organizaciones como CONTA y otras redes de medios alternativos iniciaron campañas de visibilización para denunciar lo que consideraban un ataque a la libertad de expresión. Se presentaron recursos legales para impugnar la Resolución 11/2026, argumentando que contravenía el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma que fue producto de un amplio debate social y que aún sigue vigente en sus principios fundamentales. El conflicto escaló del plano administrativo al político y social, evidenciando una disputa de fondo sobre el rol del Estado en la regulación y el fomento de los medios de comunicación. La lucha por la supervivencia de los medios comunitarios se transformó así en una defensa de un modelo de comunicación más democrático, inclusivo y plural, un debate que marcó la agenda pública y definió el futuro del ecosistema mediático en Argentina.
