En un movimiento decisivo para la transformación del tejido industrial del país, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha puesto en marcha la segunda convocatoria del programa de ayudas Renocogen, inyectando 50 millones de euros para acelerar la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. Esta iniciativa, financiada con fondos ‘NextGeneration EU’ a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se centra específicamente en los titulares de plantas de cogeneración y de tratamiento de residuos, sectores clave en la transición energética. El objetivo es claro: modernizar instalaciones existentes para que la producción de electricidad y calor sea más limpia, eficiente y sostenible. Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes en un plazo que se extenderá desde el 26 de enero hasta el 2 de marzo, un periodo acotado que subraya la urgencia de avanzar en los compromisos medioambientales y fortalecer la competitividad del sector industrial nacional frente a los desafíos energéticos globales.
Impulso Estratégico Hacia la Sostenibilidad y la Autonomía
La iniciativa va más allá de una simple subvención; representa una palanca estratégica fundamental para alinear la industria española con los ambiciosos objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030. El propósito central es doble: por un lado, reducir drásticamente la huella de carbono de procesos industriales intensivos en energía y, por otro, fomentar la autonomía estratégica y energética de España. Al facilitar la transición hacia fuentes de energía renovable, el programa ofrece a las empresas una alternativa de suministro eléctrico y térmico más asequible y, crucialmente, más estable. Esto no solo mejora su competitividad al desvincularlas de la volatilidad inherente a los mercados internacionales de combustibles fósiles, sino que también genera un impacto socioeconómico positivo. La implementación de estos proyectos se traduce en la creación de empleo cualificado y en el fortalecimiento del tejido industrial en las comunidades locales, consolidando un modelo de crecimiento más resiliente y sostenible a largo plazo.
La estructura de las ayudas ha sido diseñada para maximizar el impacto y la accesibilidad. Gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), las subvenciones se concederán a fondo perdido y bajo un régimen de concurrencia competitiva, garantizando que los fondos se destinen a los proyectos más sólidos y prometedores. El abanico de tecnologías elegibles es amplio, abarcando soluciones probadas como la biomasa, el biogás, la geotermia, la aerotermia, la energía eólica, la solar y la hidroeléctrica con capacidad de almacenamiento. La cobertura financiera es significativa, pudiendo alcanzar hasta el 65% del coste total del proyecto, con un límite máximo de 15 millones de euros por iniciativa. Además, se han establecido incentivos adicionales para fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas (un 10% adicional para las pequeñas y un 5% para las medianas) y para proyectos que se ubiquen en municipios de Reto Demográfico y Zonas de Transición Justa, reforzando el compromiso del programa con la cohesión territorial.
Requisitos y Proyección a Futuro del Programa
Para asegurar la correcta ejecución y el cumplimiento de los objetivos, la convocatoria establece un marco temporal y normativo claro. Los proyectos beneficiarios deberán estar completamente finalizados antes del 30 de junio de 2029, un horizonte que permite el desarrollo de iniciativas complejas pero que exige una planificación rigurosa por parte de los promotores. Un requisito fundamental es el respeto estricto del principio de «no causar un daño significativo» al medioambiente (conocido por sus siglas en inglés, DNSH). Este criterio, transversal a todos los fondos europeos del Plan de Recuperación, asegura que las inversiones no solo contribuyan a la descarbonización, sino que también protejan la biodiversidad, promuevan la economía circular y preserven los recursos hídricos. El IDAE, como organismo gestor, supervisará el cumplimiento de estas condiciones y evaluará la viabilidad técnica y económica de las propuestas, asegurando una asignación de recursos transparente y eficiente que maximice el retorno para la sociedad y el medioambiente.
El lanzamiento de esta segunda convocatoria se fundamentó en el notable éxito de su edición precedente. En la primera ronda, se asignaron 46,8 millones de euros que impulsaron la transformación de 16 instalaciones industriales a lo largo del territorio nacional. Un análisis de los proyectos financiados reveló una clara preferencia por la energía solar fotovoltaica como la tecnología predominante para el reemplazo de los combustibles fósiles, una tendencia que reflejó la madurez y competitividad de esta fuente de energía. Aquella experiencia inicial no solo validó la necesidad y la eficacia del programa, sino que también sentó las bases para optimizar futuras convocatorias. Se demostró que el sector industrial estaba preparado y dispuesto a invertir en su descarbonización cuando se le proporcionaban los instrumentos de apoyo adecuados, consolidando este programa como una herramienta clave para construir una economía más verde, independiente y competitiva.
