El último día del 2025 marcó un punto de inflexión en la historia energética de Chile con el cese definitivo de operaciones de tres centrales termoeléctricas a carbón en la comuna de Mejillones, un paso que simboliza tanto el avance como los profundos desafíos pendientes en el camino hacia la sostenibilidad. Esta medida, parte de una estrategia nacional más amplia, representó la culminación de años de planificación y presión social, logrando reducir a la mitad el número de plantas de este tipo que operaban en el Sistema Eléctrico Nacional en comparación con el panorama de 2019. Aunque el hito fue celebrado como una victoria en la lucha contra el cambio climático y un avance concreto en la transición hacia fuentes de energía más limpias, la discusión ha evolucionado rápidamente más allá de la simple desconexión de las chimeneas. Las voces de comunidades locales y organizaciones ambientalistas han puesto de relieve una realidad ineludible: apagar los interruptores no borra décadas de impacto socioambiental, dejando una herencia de contaminación y un llamado urgente a la reparación.
El Doble Filo del Progreso Energético
El Cierre de Mejillones un Hito Simbólico
El cierre de las centrales en la Región de Antofagasta fue presentado como un logro fundamental en el proceso de descarbonización del país, alineado con los compromisos internacionales para mitigar la crisis climática. Esta acción no solo disminuyó la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también reforzó la visión de Chile como un líder regional en la adopción de energías renovables. El evento fue el resultado de un cronograma acelerado que buscaba retirar progresivamente las fuentes más contaminantes de la matriz energética nacional. Con esta desconexión, el país demostró su capacidad para reconfigurar su sistema eléctrico, priorizando la incorporación de tecnologías solares y eólicas que abundan en su territorio. Este avance estratégico fue crucial para enviar una señal clara a los mercados y a la ciudadanía sobre la seriedad del compromiso gubernamental con una transición energética justa y sostenible, consolidando un modelo que aspira a ser replicado en otras latitudes con desafíos similares de dependencia de los hidrocarburos.
La Deuda Ambiental una Herida Abierta
A pesar del optimismo oficial, diversas organizaciones ecologistas y comunidades afectadas han advertido que el simple cese de operaciones es una medida insuficiente para saldar la profunda deuda ambiental acumulada. Su principal demanda se centra en la necesidad de implementar planes integrales que vayan más allá del apagado de las plantas. Esto incluye el desmantelamiento completo y seguro de las infraestructuras obsoletas, un proceso complejo y costoso que debe garantizar la no proliferación de residuos peligrosos. Más importante aún, exigen la ejecución de programas de recuperación y biorremediación de los ecosistemas circundantes, los cuales han sufrido por décadas los efectos de la emisión de metales pesados y material particulado. La quema de carbón no solo ha degradado la calidad del aire, el suelo y el agua, sino que también ha tenido consecuencias directas en la salud de los habitantes de las denominadas «zonas de sacrificio», generando una herida social que requiere de una reparación activa y no solo del silencio de las chimeneas.
Desafíos y Compromisos en el Horizonte
Incumplimientos y Plazos Inciertos
La complejidad del proceso de descarbonización se hace evidente al observar los obstáculos y los compromisos que aún están pendientes de cumplimiento por parte de otras compañías del sector energético. La situación en la zona de Quintero-Puchuncaví es un ejemplo paradigmático de estas dificultades, donde las centrales Nueva Ventanas y Campiche no cumplieron con las fechas de cierre originalmente acordadas, prolongando la exposición de una comunidad ya severamente afectada por la contaminación industrial. Esta falta de adhesión a los cronogramas establecidos genera desconfianza y pone en duda la efectividad de los acuerdos voluntarios entre el Estado y las empresas. Adicionalmente, existe una marcada preocupación por la ausencia de plazos claros y definitivos para la reconversión o el cierre de otras unidades termoeléctricas que todavía operan en el país. La presión aumenta para que todas las empresas del rubro definan una hoja de ruta concreta antes del plazo límite de 2030, garantizando así que la transición sea completa y no deje focos de contaminación activos.
Una Hoja de Ruta Hacia la Carbono Neutralidad
Frente a este complejo panorama, la política energética nacional buscó trazar un camino claro a través del nuevo Plan de Descarbonización, una estrategia gubernamental diseñada para guiar al país hacia un futuro energético más limpio y resiliente. Este plan se estructuró en cuatro ejes estratégicos que abarcan un total de 28 medidas concretas, cuyo objetivo fue crear las condiciones necesarias para el desarrollo de un sistema eléctrico seguro, flexible y con un predominio absoluto de las energías renovables. Las acciones propuestas no solo se enfocaron en el retiro de las centrales a carbón, sino también en la modernización de la infraestructura de transmisión, el fomento del almacenamiento de energía y la promoción de la eficiencia energética en todos los sectores productivos. Todas estas iniciativas se enmarcaron dentro de los compromisos mayores que Chile asumió ante la comunidad internacional: lograr una matriz energética completamente descarbonizada y alcanzar la carbono neutralidad a más tardar en el año 2050, un objetivo ambicioso que requirió de una acción coordinada y sostenida.
