La pandemia de COVID-19 y la prolongada guerra en Colombia han tenido un impacto profundo en la salud mental de la población. Estos eventos han generado un aumento significativo de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. A medida que la pandemia se desarrollaba y las restricciones se mantenían, la salud mental se convirtió en un tema de creciente preocupación. Las personas se vieron forzadas a adaptarse a nuevas rutinas de confinamiento, sintiendo la presión del aislamiento social y la inseguridad económica. Simultáneamente, la historia de conflicto armado en Colombia sigue resonando, marcando las vidas de aquellos que han experimentado o presenciado la violencia, incluso en tiempos de relativa paz. Ambas crisis han sacado a la luz una urgente necesidad de intervención y apoyo en materia de salud mental, impulsando acciones políticas y sociales para abordar estos desafíos continuos.
Impacto de la pandemia en la salud mental
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la salud mental se ha convertido en un tema de gran preocupación. Con el encierro y las restricciones impuestas para controlar la propagación del virus, millones de colombianos experimentaron un aumento en la sensación de soledad, ansiedad y desesperanza. Este cambio repentino en la vida cotidiana subrayó la importancia del bienestar mental en la salud general. Según la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, más de un millón y medio de personas fueron diagnosticadas con alguna afección mental en los primeros meses de 2023. Este dato refleja el alcance del problema y la urgencia de proporcionar respuestas adecuadas para aquellos afectados.
Entre los trastornos mentales más comunes durante este tiempo se encuentran la ansiedad, los trastornos de actividad y atención, la depresión y la esquizofrenia. Además, las estadísticas del DANE mostraron un incremento alarmante en las tasas de suicidio, con 3,017 personas que se quitaron la vida en 2022. Tales cifras ponen de manifiesto la gravedad del problema y la necesidad de una intervención eficaz. Asimismo, es importante observar que el 66.3% de los colombianos afirmó haber enfrentado algún problema de salud mental en algún momento de sus vidas, siendo este porcentaje aún mayor entre las mujeres (69.9%), lo que subraya la necesidad de enfoques diferenciados y sensibles al género en las estrategias de intervención.
Necesidad de políticas públicas efectivas
La creciente demanda de servicios de salud mental post-pandemia ha evidenciado la necesidad de políticas públicas efectivas e integrales. En el primer semestre de 2024, se logró un 80.76% de cumplimiento en las acciones de política pública según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). A pesar de estos avances, la articulación intersectorial sigue siendo un desafío considerable, destacando la importancia de transformar la teoría en práctica efectiva, ajustada a las realidades diversas de los diferentes territorios. La implementación de políticas que promuevan la salud mental debe verse no solo como una respuesta a una crisis, sino como una inversión en el bienestar futuro de la población.
Es fundamental que la promoción de la salud mental se enfoque desde una perspectiva integral que abarque el bienestar general y no se limite a tratar la patología. Esto significa garantizar el equilibrio social y conductual de las personas, permitiendo que interactúen adecuadamente con su entorno sociocultural y ejerzan sus roles en la sociedad. Un enfoque de este tipo ayuda a los individuos a mejorar su capacidad para afrontar dificultades, percibir la realidad de manera clara, y alcanzar bienestar y una calidad de vida más alta. Para lograrlo, las políticas públicas deben ser adaptativas y estar correctamente financiadas para alcanzar una implementación efectiva en el terreno.
Consecuencias psicológicas de la guerra
Más allá de la pandemia, la guerra en Colombia ha dejado profundas secuelas psicológicas que aún afectan a gran parte de la población. Aunque la firma del tratado de paz ofreció una esperanza renovada, la falta de intervención eficiente y preventiva ha resultado en una población que todavía espera atención en un sistema de salud ya sobrecargado. Las cicatrices invisibles del conflicto armado se manifiestan en la forma de pérdida del sentido de vida, sentimientos de odio y desesperación, trastornos por estrés postraumático (TEPT), angustia y diversos trastornos depresivos. La intensidad y la duración del conflicto han creado un ambiente donde la recuperación psicológica es un desafío constante.
Además de los efectos psicológicos, la guerra ha originado una desorganización social generalizada, llevando a la violencia, las violaciones de derechos humanos y una erosión de la espiritualidad y autoestima en las comunidades afectadas. Estas cicatrices sociales se manifiestan en la cotidianidad, afectando negativamente la cohesión comunitaria y dificultando los esfuerzos para establecer una paz duradera. La intervención en estas áreas es esencial para la recuperación emocional de la sociedad y para la construcción de una paz sostenible y completa. La falta de recursos y de apoyo adecuado exacerba estas condiciones, prolongando el sufrimiento y dificultando el camino hacia la recuperación.
Legislación y educación emocional
La legislación sobre salud mental es crucial para abordar los problemas derivados tanto de la pandemia como de la guerra. Una reciente comisión accidental de salud mental en el Congreso de la República está estudiando un proyecto de ley que busca incluir la educación emocional en la formación de niños y jóvenes, con el propósito de mitigar los problemas de salud mental, reducir el consumo de drogas y prevenir el suicidio. Esta iniciativa es una medida proactiva que podría tener efectos a largo plazo en la salud mental de futuras generaciones, desarrollando habilidades emocionales y resiliencia desde una edad temprana y facilitando intervenciones preventivas.
Si bien esta propuesta es positiva, también es necesario enfocarse en la reparación emocional de la sociedad afectada por el conflicto armado. Los gobernantes deben asumir un rol activo en el desarrollo de políticas públicas sobre salud mental, garantizando recursos suficientes para su plena ejecución. Una salud mental adecuada se traduce en bienestar y productividad, aspectos vitales para lograr una paz sostenible. La prevención y la intervención temprana pueden prevenir que las cicatrices del pasado continúen afectando el futuro, promoviendo una sociedad más saludable y resiliente. Invertir en la salud mental es, por tanto, una medida necesaria no solo para el bienestar individual, sino también para la cohesión social y la estabilidad a largo plazo.
Recomendaciones prácticas para el autocuidado
La creciente demanda de servicios de salud mental post-pandemia evidencia la necesidad de políticas públicas efectivas e integrales. En el primer semestre de 2024, se alcanzó un 80.76% de cumplimiento en las acciones de política pública según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). No obstante, la articulación intersectorial sigue presentando retos importantes, lo que subraya la necesidad de transformar la teoría en prácticas efectivas y ajustadas a las diversas realidades territoriales. Las políticas de salud mental deben entenderse no solo como respuesta a una crisis, sino como inversión en el bienestar futuro.
Es esencial que la promoción de la salud mental sea integral, abarcando el bienestar general y no solo el tratamiento de patologías. Esto implica garantizar el equilibrio social y conductual de las personas, permitiéndoles interactuar con su entorno sociocultural e integrarse en la sociedad de manera saludable. Un enfoque integral ayuda a mejorar la capacidad de afrontar dificultades, percibir la realidad claramente y elevar la calidad de vida. Para ello, las políticas públicas deben ser adaptativas y correctamente financiadas para una implementación efectiva.
