En un contexto donde el cambio climático y la escasez hídrica desafían la sostenibilidad de los recursos naturales, las empresas enfrentan una encrucijada respecto al manejo de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) que ya no utilizan debido a la implementación de tecnologías como las desaladoras, lo que plantea la necesidad de encontrar soluciones que equilibren los intereses económicos con la protección ambiental. Este escenario, particularmente relevante en sectores como la minería, abre la puerta a alternativas innovadoras para transformar estos derechos en herramientas de conservación, permitiendo no solo evitar costos asociados al no uso, sino también contribuir al cuidado de los ecosistemas en las cuencas hidrográficas. Este enfoque representa un cambio de paradigma en la gestión hídrica, alineándose con políticas de sostenibilidad y responsabilidad social. A continuación, se exploran las bases legales, los beneficios y los pasos prácticos para implementar esta transición hacia un uso no extractivo de los recursos hídricos.
El Desafío de los Derechos de Agua sin Uso
En muchas regiones, las empresas han reducido su dependencia de fuentes de agua terrestre mediante soluciones tecnológicas avanzadas, lo que ha generado un excedente de DAA que ya no se emplean para fines productivos. Sin embargo, mantener estos derechos sin utilizarlos implica el pago de una patente por no uso, un costo significativo que afecta la planificación financiera. Devolverlos o venderlos, por otro lado, puede significar perder la conexión con las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) y el territorio, además de abrir la puerta a que otros actores destinen el agua a actividades que podrían seguir estresando los ecosistemas locales. Esta situación evidencia la necesidad de explorar alternativas que permitan un manejo responsable de los recursos hídricos. La transformación de los DAA hacia fines de conservación ambiental se presenta como una solución estratégica, ya que no solo resuelve el problema económico, sino que también posiciona a las empresas como agentes de cambio en la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
La relevancia de esta problemática se acentúa en sectores como el minero, donde la relación con las comunidades y el entorno es un aspecto crítico. Al optar por un uso no extractivo de los derechos de agua, las empresas pueden mantener su influencia en la gestión hídrica del territorio a través de las OUA, sin renunciar a su compromiso con la sostenibilidad. Este enfoque permite que los caudales asignados se destinen a la preservación de ecosistemas dependientes de la cuenca, como humedales o bosques ribereños, que son fundamentales para la regulación hídrica y la biodiversidad. Además, al evitar que el agua sea reasignada a nuevas actividades productivas, se reduce la presión sobre recursos ya limitados. Esta transición no solo responde a una necesidad práctica, sino que también se alinea con una visión más amplia de responsabilidad ambiental, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de la naturaleza.
Marco Legal para la Conservación Hídrica
La posibilidad de transformar los DAA en derechos de uso no extractivo con fines de conservación está respaldada por un marco legal claro en el Código de Aguas, específicamente en el artículo 129 bis 1º A, y en el Reglamento sobre derechos de aprovechamiento de aguas de modalidad no extractiva, establecido en el Decreto Supremo 53. Las empresas interesadas deben presentar una solicitud ante la Dirección General de Aguas (DGA), acompañada de una memoria técnica que detalle los objetivos de conservación, los caudales necesarios y las áreas específicas donde se aplicarán los derechos. Si el área designada se encuentra dentro o fuera de zonas protegidas oficialmente, también se requiere un informe del Ministerio de Medio Ambiente que acredite la compatibilidad de las actividades con los fines ambientales. Este proceso, aunque riguroso, asegura que las iniciativas sean viables y contribuyan efectivamente a la protección de los ecosistemas.
Una vez aprobados, estos derechos de conservación tienen una duración de 30 años, con posibilidad de prórroga, y deben inscribirse tanto en el Registro de Propiedad de Aguas como en el Catastro Público de Aguas. Este marco legal no solo ofrece seguridad jurídica a las empresas, sino que también establece un precedente para la gestión sostenible de los recursos hídricos. La existencia de normativas específicas facilita la transición hacia un uso no extractivo, aunque implica un esfuerzo técnico y administrativo para cumplir con los requisitos establecidos. Es fundamental que las solicitudes sean bien fundamentadas, con datos que demuestren el impacto positivo de la conservación en la cuenca hidrográfica. De esta manera, se garantiza que los recursos asignados se utilicen de manera efectiva, promoviendo la protección de ecosistemas clave y fortaleciendo la resiliencia de las regiones frente a los desafíos del cambio climático.
Beneficios Mutuos para Empresas y Ecosistemas
La conversión de los DAA en derechos de conservación no solo representa una solución práctica para las empresas, sino que también genera un impacto positivo en el medio ambiente. Al evitar el pago de patentes por no uso, las compañías optimizan sus recursos económicos sin perder su vinculación con el territorio ni su participación en las OUA, lo que les permite seguir influyendo en las decisiones sobre la gestión hídrica local. Además, esta medida les otorga un perfil de responsabilidad ambiental que puede mejorar su relación con las comunidades y fortalecer su reputación en un contexto donde la sostenibilidad es un valor cada vez más apreciado. Este enfoque demuestra que es posible alinear los intereses económicos con la protección de los recursos naturales, creando un modelo de gestión que beneficia a todas las partes involucradas en el manejo de las cuencas hidrográficas.
Desde la perspectiva ambiental, destinar los derechos de agua a la conservación asegura la protección de ecosistemas vitales que dependen de un flujo hídrico constante, como los humedales y las zonas riparias. Estos espacios no solo regulan el ciclo del agua, sino que también albergan una rica biodiversidad y proporcionan servicios ecosistémicos esenciales, como la purificación del agua y la mitigación de inundaciones. Al impedir que los caudales sean reasignados a actividades extractivas, se reduce la presión sobre recursos ya escasos, contribuyendo a la sostenibilidad de las cuencas a largo plazo. Este impacto positivo se extiende más allá de lo local, ya que la preservación de los ecosistemas hídricos tiene efectos en la resiliencia regional frente a los efectos del cambio climático, promoviendo una visión integral de la gestión de los recursos naturales que prioriza el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación.
Un Camino hacia la Sostenibilidad Hídrica
Mirando hacia atrás, se puede apreciar cómo la implementación de los DAA con fines de conservación marcó un hito en la gestión hídrica, al ofrecer una alternativa viable para empresas que buscaban optimizar sus recursos sin comprometer su compromiso con el entorno. Este enfoque permitió que muchas compañías, especialmente del sector minero, encontraran un equilibrio entre sus necesidades operativas y la protección de las cuencas hidrográficas, sentando las bases para una relación más armónica con las comunidades y los ecosistemas locales. La claridad del marco legal y los beneficios tanto económicos como ambientales consolidaron esta herramienta como un paso significativo hacia la sostenibilidad.
Para avanzar, es crucial que más empresas consideren esta transición como parte de sus estrategias de responsabilidad ambiental, aprovechando las metodologías existentes para identificar y proteger ecosistemas clave. Asimismo, las autoridades deben seguir promoviendo incentivos y simplificando procesos administrativos para facilitar la adopción de esta modalidad no extractiva. Este camino no solo asegura la preservación de los recursos hídricos, sino que también fomenta una cultura de gestión sostenible que puede inspirar a otros sectores a priorizar la conservación en sus operaciones futuras.
