La tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental en Colima ha alcanzado un punto crítico tras el rechazo del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la ampliación del Puerto de Manzanillo, un proyecto que amenaza directamente la integridad de la Laguna de Cuyutlán. En respuesta a esta decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la asociación civil DEMAREM A.C. ha levantado la voz para denunciar lo que considera una deliberada campaña de «lavado de imagen verde» y manipulación informativa por parte de las autoridades estatales. La organización sostiene que, en lugar de reconocer la inviabilidad ambiental del proyecto, el gobierno de Colima está minimizando los riesgos y presentando el revés técnico como una simple oportunidad para mejorar el plan. Esta postura oficial ha encendido las alarmas entre activistas y comunidades locales, quienes temen que se esté preparando el terreno para legitimar un proyecto con consecuencias potencialmente devastadoras para uno de los ecosistemas más importantes de la región, ignorando las advertencias científicas y la fragilidad del sistema lagunar.
Una Narrativa Oficial Cuestionada
La interpretación gubernamental sobre el rechazo del estudio ambiental ha sido el principal catalizador de la controversia, pues la gobernadora Indira Vizcaíno y la directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (IMADES), Angélica Jiménez, han comunicado que este fallo de la SEMARNAT simplemente conducirá a «un puerto mejor planeado». Sin embargo, DEMAREM A.C. califica esta narrativa como una minimización deliberada y peligrosa del verdadero significado de la resolución. Para la asociación, el rechazo no es un mero trámite burocrático, sino la confirmación técnica de la alta fragilidad del ecosistema y la gravedad de los impactos que el proyecto no logró evaluar ni mitigar adecuadamente. La organización acusa a las autoridades de desviar la atención del fondo del problemla amenaza inminente a la Laguna de Cuyutlán, un cuerpo de agua vital para la biodiversidad local y la subsistencia de numerosas comunidades. Esta discordancia entre el discurso oficial y la realidad técnica sugiere una estrategia para reducir el costo político del proyecto y avanzar a pesar de las claras advertencias ambientales.
En el centro de la acusación de «greenwashing» se encuentra el anuncio de la creación de una vasta Área Natural Protegida (ANP) de 200 mil hectáreas. DEMAREM A.C. considera esta medida una táctica de distracción inaceptable, diseñada para proyectar una imagen de compromiso ambiental mientras se impulsan proyectos destructivos en paralelo. La asociación argumenta que esta propuesta no solo es insuficiente para compensar los daños directos que la ampliación portuaria causaría en la Laguna de Cuyutlán, sino que la propia ANP podría verse comprometida por la contaminación derivada de las operaciones portuarias. Además, la propuesta ignora las presiones extractivas ya existentes en el territorio, como la minería, que continuarían amenazando la integridad ecológica de la región. Esta estrategia, según los denunciantes, busca crear una falsa equivalencia, sugiriendo que la protección de un área extensa justifica el sacrificio de un ecosistema específico y de alto valor como la laguna, lo cual constituye una manipulación del debate público para favorecer intereses económicos privados sobre la conservación ambiental.
La Ausencia de un Diálogo Genuino
Otro de los puntos más críticos de la denuncia se refiere a la supuesta validación del proyecto por parte de las comunidades locales. DEMAREM A.C. desmiente categóricamente las afirmaciones oficiales sobre la existencia de un proceso de consulta con los sectores pesquero y salinero, cuyos medios de vida dependen directamente de la salud de la Laguna de Cuyutlán. La organización subraya que las reuniones informales o los anuncios unilaterales en medios de comunicación no constituyen una consulta válida bajo los estándares legales y de derechos humanos. Un proceso legítimo debe ser previo, libre, informado, transparente, documentado y verdaderamente representativo, garantizando el acceso público a toda la información técnica y permitiendo una participación efectiva en la toma de decisiones. Al utilizar la imagen de pescadores y salineros para aparentar un consenso inexistente, las autoridades no solo estarían faltando a la verdad, sino que también estarían instrumentalizando a las comunidades más vulnerables para legitimar lo que la asociación califica como un «proyecto de muerte» que amenaza sus economías y su patrimonio natural.
Ante este panorama, las exigencias de la organización civil son contundentes y buscan restablecer la primacía del interés público y ambiental. DEMAREM A.C. hace un llamado enérgico a la sociedad colimense para no dejarse engañar por discursos que ocultan los impactos irreversibles del proyecto. Las demandas concretas incluyen la transparencia total, con la publicación inmediata de toda la información técnica relacionada con la ampliación del puerto, para que pueda ser analizada por expertos independientes y la ciudadanía. Asimismo, se exige la realización de una consulta real y verificable con todas las comunidades afectadas, siguiendo los protocolos establecidos. Se insiste también en la necesidad de llevar a cabo evaluaciones ambientales independientes y sin conflictos de interés que garanticen una valoración objetiva de los riesgos. En última instancia, la asociación demanda que se priorice el bienestar socioambiental de Colima sobre cualquier otro interés, asegurando que el futuro de la Laguna de Cuyutlán no sea sacrificado en aras de beneficios económicos concentrados en unos pocos actores.
La Defensa de un Ecosistema Vital
El conflicto en torno a la ampliación del Puerto de Manzanillo expuso una profunda fractura entre las aspiraciones de desarrollo industrial y la urgente necesidad de proteger el patrimonio natural. La controversia no solo puso de manifiesto los riesgos ecológicos para la Laguna de Cuyutlán, sino que también reveló la importancia crítica de la vigilancia ciudadana para exigir responsabilidad y transparencia a las autoridades. La firme postura adoptada por organizaciones como DEMAREM A.C., respaldada por un amplio movimiento de especialistas y ciudadanos, demostró una creciente conciencia social sobre la necesidad de un modelo de progreso que no comprometa el equilibrio ambiental ni el bienestar de las comunidades locales. Este episodio dejó claro que la defensa de ecosistemas vitales se convirtió en un pilar fundamental para el futuro sostenible de la región, subrayando que un desarrollo auténtico debía basarse en el respeto a la naturaleza y en procesos de decisión verdaderamente democráticos.
