En la zona metropolitana de Guadalajara, los ciudadanos se enfrentan diariamente a una realidad que contrasta con las prioridades de sus gobernantes, pues mientras las calles se deterioran, la inseguridad aumenta y los servicios básicos flaquean, la administración municipal ha decidido invertir sus esfuerzos en iniciativas que, aunque populares, se encuentran fuera de su ámbito de competencia legal. Esta situación ha generado una crítica contundente hacia una gestión que parece priorizar la ganancia electoral a corto plazo por encima del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales más fundamentales. El debate se centra en la delgada línea que separa las responsabilidades municipales de las estatales, una confusión que, intencionada o no, ha derivado en un notable abandono de las funciones para las cuales el ayuntamiento fue elegido, dejando a las comunidades más vulnerables en un estado de precariedad continua y sin soluciones a la vista para sus problemas más urgentes.
La Delgada Línea entre Competencias Municipales y Estatales
El marco legal que rige la administración pública en México es explícito en la distribución de responsabilidades, y el artículo 115 de la Constitución establece de manera inequívoca que la gestión del tránsito es una función exclusiva del municipio. Sin embargo, en la práctica, esta disposición ha sido sistemáticamente ignorada en Guadalajara, donde dicha responsabilidad fue cedida al Gobierno del Estado hace más de seis décadas. Aunque la ley contempla la posibilidad de convenios temporales para que el estado asuma ciertas funciones municipales en circunstancias excepcionales, esta cesión se ha perpetuado indefinidamente, convirtiéndose en una práctica normalizada que ha erosionado la autonomía municipal y ha sido la causa principal del desorden actual. Esta transferencia de deberes, que en su momento pudo tener una justificación, hoy representa una renuncia inaceptable a una de las tareas más importantes del gobierno local, generando un vacío de autoridad que nadie parece dispuesto a llenar de manera efectiva y coherente.
La conceptualización del término «tránsito» debe trascender la simple imagen de semáforos y agentes viales, ya que en realidad, abarca un ecosistema integral de servicios públicos diseñados para garantizar una circulación segura y eficiente para todos los ciudadanos. Esto incluye la provisión y el mantenimiento de calles adecuadamente pavimentadas e iluminadas, libres de basura y de cualquier obstáculo que ponga en riesgo a peatones y conductores. Asimismo, implica un sistema de drenaje funcional que prevenga inundaciones durante la temporada de lluvias y, fundamentalmente, un entorno seguro libre de delincuencia. Dado que la pavimentación, el alumbrado, la limpieza y la seguridad son obligaciones inherentes e indiscutibles del ayuntamiento, la gestión del tránsito le corresponde de forma natural e indivisible. Ignorar esta conexión intrínseca es ignorar la base misma de la administración municipal y su propósito de servir a la comunidad.
Estrategias de Distracción y el Costo del Populismo
Ante la incapacidad manifiesta para cumplir con sus obligaciones esenciales, ya sea por incompetencia, ignorancia de la ley o falta de una administración profesionalizada, los directivos municipales recurren a soluciones efectistas que desvían la atención de los problemas estructurales. La falta de fondos y de una visión a largo plazo los empuja a adoptar medidas populistas, presentadas como grandes logros cuando en realidad son meros paliativos. La iniciativa más representativa de esta estrategia es la implementación de un servicio de «camioncitos», un sistema de transporte público improvisado y dirigido a las colonias populares. Esta medida, aunque aplaudida por algunos sectores, no es más que una maniobra para eludir el desafío mayúsculo de proveer los servicios públicos de calidad que la ley les exige, como la pavimentación, el suministro de agua potable, un drenaje adecuado y la seguridad en esas mismas zonas marginadas que pretenden ayudar.
La decisión de implementar un servicio de transporte público municipal resulta ser una medida profundamente irresponsable y contraproducente por múltiples razones. En primer lugar, invade una competencia que por ley corresponde exclusivamente al ámbito estatal, generando un conflicto de jurisdicciones y una duplicidad de funciones innecesaria. En segundo lugar, se revela como una estrategia electoralmente rentable, diseñada para ganar simpatías de manera rápida y sencilla sin abordar las causas de fondo de la desigualdad. Sin embargo, la consecuencia más grave de esta política es que sirve como una cortina de humo perfecta, permitiendo al ayuntamiento eludir su deber de construir la infraestructura básica que esas comunidades necesitan desesperadamente. Se opta por la solución fácil y visible en lugar de la solución correcta y duradera, perpetuando un ciclo de abandono y dependencia que beneficia únicamente a quienes buscan mantenerse en el poder.
Un Futuro Condicionado por la Responsabilidad Institucional
El análisis de la gestión municipal reveló que la priorización de proyectos populistas, por encima de las responsabilidades constitucionales, resultó en un notable déficit de gobernanza. Esta inclinación por medidas efectistas pero fuera de su jurisdicción dejó desatendidas las necesidades críticas de infraestructura y erosionó la confianza pública en las instituciones locales. La administración optó por lo que era políticamente conveniente en lugar de lo que era legalmente obligatorio, una decisión que tuvo consecuencias directas en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en las zonas más desfavorecidas. Al final, la pregunta fundamental sobre quién se encargaría de construir los cimientos de servicios básicos que esas comunidades requerían quedó sin respuesta, dejando un legado de evasión estratégica y deberes incumplidos que condicionó el progreso y la equidad en la metrópoli.
