La asignación de recursos públicos para la comunicación gubernamental representa una de las áreas más sensibles y debatidas en la administración pública, donde la línea entre el deber de informar y la tentación de la autopromoción se vuelve peligrosamente delgada. En este complejo ecosistema, los medios de comunicación presentan sus ofertas publicitarias como productos en un anaquel, donde el cliente, en este caso el servidor público, tiene la plena libertad de elegir qué «comprar». Bajo esta lógica comercial, no debería existir ofensa si una propuesta es rechazada, ya que la transacción depende enteramente de la voluntad del comprador. Sin embargo, el verdadero debate ético no radica en la selección de un medio sobre otro, sino en el propósito fundamental detrás de esa inversión. La labor periodística, en su esencia, busca revelar aquello que el poder prefiere mantener oculto, especialmente en lo que respecta al uso del erario. Por ello, la crítica debe trascender los ataques superficiales a la vida personal de los funcionarios y centrarse en el escrutinio riguroso de cómo se ejerce el gasto. La decisión de un gobierno de contratar servicios de comunicación debe estar justificada por la necesidad de difundir obras, programas y acciones de beneficio colectivo, no por el deseo de enaltecer la figura del gobernante en turno.
El Dilema Ético de los Convenios Publicitarios
El núcleo de la controversia sobre el gasto en comunicación social no reside en a quién se le adjudica un contrato, sino en el fin último para el cual se destinan los fondos públicos. La crítica más severa apunta a la desviación de estos recursos, que en lugar de servir como un puente informativo entre la administración y los ciudadanos, se convierten en una herramienta para la «alabanza de la persona» del funcionario. Este fenómeno transforma la comunicación institucional en propaganda personal, malversando el dinero del contribuyente en la construcción de una imagen política en lugar de en la promoción de logros concretos de la gestión pública. Además, se cuestiona el gasto excesivo en publicidad cuando existen carencias en servicios básicos o áreas prioritarias. La calidad de la inversión también es un factor determinante; mientras algunas administraciones optan por colaborar con medios profesionales y de probado alcance, otras se decantan por opciones de dudosa efectividad, calificadas como «corrientes y vulgares», lo que refleja un juicio deficiente y un posible desinterés por el impacto real de la comunicación. Esta práctica no solo denota una falta de ética, sino que también socava la confianza pública y desvirtúa la función esencial de la comunicación gubernamental.
La problemática se extiende más allá de las decisiones de los altos funcionarios, alcanzando las operaciones diarias de las oficinas de comunicación social, donde a menudo se evidencia una alarmante falta de profesionalismo. En muchos casos, los medios de comunicación que presentan propuestas formales y bien estructuradas se enfrentan a un silencio administrativo prolongado, sin recibir respuesta alguna. Peor aún es la práctica de generar falsas esperanzas, donde los responsables de la comunicación aseguran que una propuesta está «en proceso» o «próxima a ser aprobada», alargando la espera de manera indefinida. Este comportamiento no solo denota una falta de respeto hacia el trabajo de los profesionales de la prensa, sino que también entorpece la planificación y la sostenibilidad financiera de las empresas mediáticas. La ausencia de un proceso claro, transparente y profesional para la evaluación y contratación de servicios publicitarios crea un ambiente de incertidumbre y fomenta relaciones clientelares en lugar de alianzas estratégicas basadas en la efectividad y el mérito. Este déficit de gestión interna contribuye a la percepción de opacidad y arbitrariedad en el manejo de los recursos públicos destinados a la difusión.
El Paradigma de Puerto Morelos
En un contexto donde la gestión de recursos es fundamental, el caso del municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo, emerge como un ejemplo notable de desarrollo y autonomía financiera. A tan solo diez años de su creación como el undécimo municipio del estado, ha experimentado un crecimiento económico extraordinario que lo distingue en la región. Su presupuesto ha registrado un incremento superior al 100 %, pasando de 400 millones de pesos en 2016 a 828.4 millones en la actualidad. Este avance sostenido supera al de otros municipios con gran potencial turístico como Tulum o Bacalar, demostrando una capacidad de gestión fiscal sobresaliente. La clave de este éxito radica en su sólida capacidad de recaudación propia, un pilar que le ha conferido una independencia financiera considerable respecto a las participaciones federales y estatales que reciben otras demarcaciones. Esta autonomía no solo le permite planificar su desarrollo con mayor libertad, sino que también lo posiciona como un modelo de administración eficiente y autosuficiente, cuyo crecimiento se basa en la fortaleza de su propia economía local y no en la dependencia de transferencias externas.
Lecciones de un Crecimiento Sostenido
La trayectoria de Puerto Morelos sirvió como un telón de fondo para examinar la responsabilidad inherente al manejo de finanzas públicas en expansión. El análisis de su proyección de crecimiento, que apuntaba a alcanzar un presupuesto de mil millones de pesos en el trienio de 2026 a 2028, se convirtió en un recordatorio de que una mayor disponibilidad de recursos exigía un compromiso aún más firme con la transparencia. Se concluyó que la solidez fiscal, aunque fundamental, debía estar indisolublemente ligada a una comunicación gubernamental ética y con propósito, enfocada en el interés ciudadano. La discusión dejó claro que el éxito económico de una administración se medía no solo en cifras presupuestarias, sino en su capacidad para traducir esa prosperidad en beneficios tangibles para la comunidad, asegurando que cada peso invertido en difusión fortaleciera el tejido social en lugar de promover la vanidad personal de los gobernantes.
