El personal del sector público de Castilla-La Mancha iniciará el año 2026 con una notable mejora en sus condiciones salariales, tras la aprobación de un significativo incremento retributivo por parte del ejecutivo autonómico. En una decisión adoptada durante el Consejo de Gobierno del 16 de diciembre de 2025, se ha formalizado un plan de aumento salarial que se extenderá durante los ejercicios de 2025 y 2026, consolidando una medida de gran alcance. Esta iniciativa beneficiará a un colectivo de más de 100.000 empleados públicos, que incluye no solo al personal de la Administración General, sino también a los trabajadores de las empresas públicas y al profesorado de la enseñanza concertada. El impacto presupuestario de esta medida asciende a un total de 192 millones de euros, una cifra que subraya el compromiso financiero del gobierno regional para mejorar las condiciones laborales de sus funcionarios y reconocer su contribución al funcionamiento de los servicios públicos esenciales en toda la comunidad autónoma.
Detalles del Incremento y su Aplicación
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue el encargado de desglosar los pormenores de este acuerdo, que se estructura en dos fases principales para garantizar una aplicación progresiva y sostenible. Para el año 2025, se establece un aumento del 2,5%, el cual se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de dicho año. Los atrasos generados por esta retroactividad se abonarán de forma consolidada en la nómina correspondiente al mes de enero de 2026. De cara al ejercicio de 2026, se ha fijado un incremento fijo del 1,5%. Adicionalmente, el acuerdo contempla una cláusula de revisión que podría suponer una subida extra del 0,5% en 2026, condicionada a la evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Esta medida regional se enmarca dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, pactado a nivel nacional entre el Gobierno de España y las principales organizaciones sindicales, reflejando así una alineación con las políticas estatales de mejora de las condiciones del empleo público.
Contexto Político y Sostenibilidad Financiera
La aprobación de esta subida salarial no estuvo exenta de debate político, ya que el ejecutivo regional justificó el rechazo de las enmiendas presentadas por el Partido Popular a los presupuestos. Según explicó el consejero Ruiz Molina, la aceptación de dichas propuestas habría comprometido seriamente la estabilidad presupuestaria de la comunidad autónoma. Argumentó que las enmiendas, de haber sido incorporadas, habrían generado un desequilibrio financiero que podría haber obligado al gobierno a implementar recortes en servicios públicos fundamentales o, en el peor de los casos, a reducir la plantilla de personal. Por tanto, la medida finalmente adoptada se presentó como un ejercicio de responsabilidad que busca equilibrar dos objetivos primordiales: por un lado, mejorar de forma tangible las retribuciones del personal público y, por otro, garantizar la sostenibilidad de las finanzas regionales a medio y largo plazo, asegurando así la continuidad y la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
