Actualmente, el Congreso de la República de Guatemala trabaja en dos leyes cruciales para la transformación digital del país: la Ley Marco de Transformación Digital y una ley para la creación de un ente regulador que centralice y dirija el proceso de digitalización del Estado. Estas leyes están siendo elaboradas en mesas de transformación digital con el objetivo de modernizar la administración pública.
El propósito final de un Estado completamente digital es permitir que todas las operaciones, trámites y consultas que hoy requieren presencialidad sean accesibles a través de dispositivos electrónicos. Sin embargo, para lograr esto se requiere una institución dedicada exclusivamente a la transformación digital del país, según Nery Rodas, presidente del Fondo Parlamentario de Transformación Digital.
La Necesidad de un Ente Rector
Gobernanza Digital y Coordinación de Estándares
Rodas enfatiza la importancia de contar con un ente rector y considera que la creación de una superintendencia de transformación digital es crucial. Este organismo sería responsable de la gobernanza digital y la coordinación de estándares tecnológicos a nivel nacional. La falta de una entidad centralizada ha llevado a que cada institución pública lleve adelante sus propios procesos de digitalización de manera aislada, generando inconsistencias. En un entorno donde cada entidad traza su propio camino, la falta de coordinación y uniformidad impide que Guatemala avance de manera eficiente hacia un Estado digital.
La creación de una superintendencia permitiría unificar criterios, establecer directrices comunes y promover el uso de tecnologías emergentes de manera coherente. Sería el ente encargado de velar por la correcta implementación de políticas digitales en todo el aparato gubernamental, asegurando la interoperabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas tecnológicas. De este modo, se reducirían significativamente las duplicidades y se maximizarían los recursos disponibles, fomentando una transición más ágil y efectiva hacia la digitalización total.
Un Marco Regulatorio Claro
Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, coincide con Rodas en la necesidad de un marco regulatorio claro para avanzar en la digitalización del Estado. Según Antillón, el Congreso necesita priorizar tres leyes: la Ley Marco de Transformación Digital, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Ciberdelitos. La implementación de estas leyes permitiría un avance significativo en el proceso de digitalización del país.
Un marco regulatorio claro no solo establecería las bases normativas necesarias para configurar un entorno digital seguro, sino que también proporcionaría certezas jurídicas a las instituciones y a la ciudadanía. La Ley de Ciberseguridad es crucial, ya que una mayor digitalización trae consigo riesgos inherentes que deben ser gestionados y mitigados adecuadamente. Igualmente, la Ley de Ciberdelitos es fundamental para fiscalizar y sancionar todas aquellas actividades ilícitas que puedan surgir en el ámbito digital, protegiendo así la integridad de la información y las operaciones gubernamentales.
La Ley Marco de Transformación Digital
Principios Rectores para la Digitalización
La Ley Marco de Transformación Digital es vital porque proporcionaría una norma general aplicable a todas las entidades del Estado. Esta ley establecería los principios rectores para la digitalización, permitiendo que todas las instituciones avancen de manera coordinada y a un ritmo uniforme. Antillón subraya que el establecimiento de principios estandarizados aplicables a entidades autónomas, municipalidades y otros entes, facilitaría una digitalización más uniforme y coherente.
El reto principal hasta ahora ha sido la disparidad en los avances tecnológicos de las distintas entidades del Estado, lo cual culmina en una experiencia desigual para los ciudadanos. Tener una única ley que dicte cómo y en qué dirección deben moverse las instituciones facilitará que todas las áreas del gobierno avancen en sincronía, eliminando así asimetrías y aumentando la eficiencia operativa en la tramitación de servicios públicos digitales. La disposición de un marco genérico permitirá que todas las entidades, independientemente de su tamaño o capacidades, se alineen con los mismos estándares y objetivos.
Coordinación y Buenas Prácticas
Además de contar con una ley marco, tanto Antillón como Rodas sostienen que es imprescindible crear una superintendencia que lidere la transformación digital. Este organismo tendría la capacidad de compartir buenas prácticas y orientaciones globales en materia de digitalización con todas las instituciones del Estado, serviría como asesor en el tema e incluso podría crear un laboratorio de innovación para desarrollar proyectos destinados a mejorar la digitalización institucional.
La superintendencia no solo se centraría en la coordinación, sino también en el fomento de una cultura de innovación y mejora continua dentro de las instituciones públicas. Una de sus funciones clave sería establecer redes de colaboración con otros países y organizaciones internacionales para integrar las mejores prácticas y tecnologías disponibles. De esta manera, Guatemala no solo avanzaría en su camino hacia la digitalización, sino que también podría posicionarse como un referente en la región en cuanto a gestión digital y modernización del Estado.
Visión y Compromiso Comunes
Relevancia Nacional
Antillón resalta que el avance hacia un Estado digital es un asunto de relevancia nacional y que todas las entidades, tanto del sector público como del sector privado, deben compartir una visión y compromiso comunes. Pese a que otras bancadas del gobierno aún no están completamente familiarizadas con estas leyes en proceso de presentación, algunos diputados ya han mostrado su apoyo a la digitalización del Estado.
El compromiso conjunto entre sector público y privado es esencial para construir una infraestructura digital robusta y sostenible. La colaboración interdisciplinaria permitirá optimizar recursos, compartir conocimientos y acelerar la implementación de soluciones tecnológicas que beneficien a toda la ciudadanía. En este contexto, la inclusión del sector privado no solo en la discusión de las leyes, sino también en su implementación, garantiza una diversidad de perspectivas y experiencias que enriquecen el proceso de digitalización.
Apoyo y Discrepancias
Samuel Perez de la bancada Semilla, y Hector Aldana de la bancada Vamos por una Guatemala Diferente, expresaron su acuerdo con la modernización y digitalización del Estado, aunque discrepan en si es necesario crear un nuevo ente o modernizar las actuales secretarías del ejecutivo. La implementación de estas leyes no solo facilitaría la digitalización de la administración pública, sino que también abarcaría áreas como la ciberseguridad, con una ley específica que contaría con un ente encargado de la fiscalización y la defensa en este ámbito.
El debate sobre si crear un nuevo ente o fortalecer los existentes es la esencia de las diferencias. Sin embargo, ambos enfoques comparten el mismo fin: mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos a través de la tecnología. Mientras algunos ven la creación de una superintendencia como un paso necesario para centralizar los esfuerzos, otros consideran que la mejora de las secretarías ejecutivas actuales podría ser una opción menos costosa y más rápida de implementar. Lo que es indiscutible es la necesidad de un marco robusto y coherente que guíe el camino hacia la digitalización integral del país.
Iniciativas Complementarias
Inteligencia Artificial y Economía Digital
Además, existen otras iniciativas en desarrollo relacionadas con la Inteligencia Artificial, la economía digital y la educación tecnológica, todas orientadas a situar a Guatemala en una posición más avanzada en términos de tecnología y digitalización. Estas iniciativas complementarias son esenciales para crear un ecosistema digital robusto y sostenible.
El avance en Inteligencia Artificial podría revolucionar la forma en que se gestionan los servicios públicos, permitiendo automatizar procesos y optimizar la toma de decisiones a través del análisis de grandes volúmenes de datos. Implementar proyectos piloto en sectores clave como la salud, la educación y la seguridad pública podría demostrar el potencial de estas tecnologías. Asimismo, fomentar la economía digital permitirá que más empresas y emprendedores puedan acceder a mercados globales, impulsando el desarrollo económico y la creación de empleo en el país.
Educación Tecnológica
Rodas subraya la relevancia de tener un ente rector y subraya que la creación de una superintendencia de transformación digital es fundamental. Este organismo sería el encargado de la gobernanza digital y la coordinación de estándares tecnológicos en el ámbito nacional. En ausencia de una entidad centralizada, cada institución pública ha llevado a cabo sus procesos de digitalización de manera aislada, ocasionando inconsistencias. En un escenario donde cada entidad sigue su propio rumbo, la falta de coordinación y uniformidad impide que Guatemala progrese de manera eficiente hacia un Estado digital.
La constitución de una superintendencia unificaría criterios, establecería directrices comunes y fomentaría el uso coherente de tecnologías emergentes. Este ente se encargaría de garantizar la correcta implementación de políticas digitales en todo el gobierno, asegurando la interoperabilidad entre sistemas y plataformas. Así, se reducirían duplicidades y se optimizarían los recursos disponibles, promoviendo una transición más rápida y efectiva hacia la completa digitalización. Esto contribuiría significativamente al desarrollo tecnológico del país y a mejorar la eficiencia del sector público.
