En un giro estratégico que redefine la dependencia financiera de los mecanismos europeos, el Gobierno español ha tomado la decisión de asegurar la continuidad de sus ambiciosos programas de inversión sin recurrir a la mayor parte de los créditos ofrecidos por el programa Next Generation EU. Esta medida, que implica renunciar a aproximadamente 60.000 millones de euros en préstamos de bajo interés, no supondrá una paralización de los proyectos clave, sino un cambio en la fuente de su financiación. Lejos de ser una señal de debilidad, esta maniobra se presenta como una afirmación de la solidez económica del país y de la capacidad del Tesoro Público para financiarse en los mercados en condiciones favorables. La nueva hoja de ruta se basará en la emisión de deuda pública española, una estrategia que, según las autoridades, ofrece mayor certidumbre y costes competitivos. Se garantiza así el impulso a la transformación sostenible y digital, protegiendo los planes de modernización económica y social que ya estaban en marcha y que son considerados pilares para el crecimiento futuro del país.
Una Nueva Estrategia de Financiación Autónoma
La confirmación de que los planes de inversión con mayor acogida y calado estratégico seguirán adelante ha sido un mensaje central de la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe. Para ello, se sustituirá la financiación europea por recursos obtenidos directamente a través de las emisiones del Tesoro. Entre los instrumentos más importantes que mantendrán su dotación se encuentra el Fondo de Resiliencia Autonómica, provisto con 20.000 millones de euros destinados a financiar proyectos de sostenibilidad en las comunidades autónomas, un pilar fundamental para la cohesión territorial y la transición ecológica. Asimismo, se asegura la continuidad de la Línea ICO-Verde, con 22.000 millones de euros para apoyar a las empresas en su camino hacia la sostenibilidad, y la Línea ICO para Empresas y Emprendedores, que cuenta con 8.150 millones. El ecosistema de innovación también queda protegido, con el mantenimiento del fondo Next-Tech para ‘startups’ tecnológicas, dotado con 4.000 millones. Completan este compromiso el plan ‘Spain AVS Hub’, con 1.500 millones para el sector audiovisual, y un fondo de 4.000 millones para la promoción de vivienda social, reafirmando las prioridades del Ejecutivo.
La decisión de renunciar a una porción tan significativa de los préstamos europeos responde a un análisis financiero riguroso y a un cambio en las condiciones económicas. Inicialmente, estos créditos se concibieron como una «red de seguridad» para una segunda fase del plan de recuperación, una vez se hubieran agotado las subvenciones directas. Sin embargo, la evolución positiva de la economía española, junto con una notable reducción de la prima de riesgo, ha erosionado la ventaja financiera que ofrecían los préstamos de la Comisión Europea. Desde el Tesoro se argumenta que, en la actualidad, España puede financiarse en los mercados a un coste inferior al que ofrece la propia Comisión en determinados plazos de emisión. A este factor se suma la variable de la certidumbre: el coste de la deuda pública española se fija en el momento de la subasta, proporcionando una estabilidad que contrasta con la variabilidad del coste de los fondos europeos, cuyo tipo de interés puede fluctuar y potencialmente incrementarse a lo largo del tiempo. Esta autonomía financiera se percibe como un activo valioso en un entorno de tipos de interés volátil, permitiendo una planificación más precisa y segura.
La Gestión del Tesoro y las Perspectivas a Medio Plazo
La estrategia de financiación del Tesoro para el periodo que abarca hasta 2026 se ha diseñado para absorber esta nueva responsabilidad sin generar tensiones en el mercado de deuda. Se proyecta que la necesidad de nueva financiación externa se mantendrá estable, situándose en 55.000 millones de euros anuales tanto para 2025 como para 2026. No obstante, las emisiones brutas, que incluyen la refinanciación de los vencimientos de deuda de años anteriores, experimentarán un aumento significativo en 2026, alcanzando los 285.677 millones de euros. Este incremento refleja un calendario de vencimientos más exigente, pero se enmarca dentro de una planificación a largo plazo que busca optimizar la estructura de la deuda pública. La capacidad del Tesoro para colocar estas cantidades en el mercado se ve respaldada por la confianza de los inversores, forjada a través de una gestión prudente y una comunicación transparente. La estrategia demuestra una capacidad de adaptación a las circunstancias, priorizando la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas mientras se asegura el capital necesario para las inversiones estratégicas del país.
El enfoque del Tesoro se fundamentó en una gestión activa de la deuda que ya había demostrado su eficacia en los años previos a esta decisión. Una de las claves de esta gestión ha sido el aumento progresivo de la vida media de la cartera de deuda del Estado, que se situó en 7,87 años. Esta extensión de los plazos de vencimiento redujo significativamente la exposición del país a las fluctuaciones a corto plazo de los tipos de interés, proporcionando un colchón de seguridad frente a la volatilidad de los mercados financieros. En paralelo, se observó una dinámica de costes favorable: el coste medio de las nuevas emisiones de deuda durante el último periodo se redujo hasta el 2,70%. Aunque el coste medio del total de la deuda viva experimentó un ligero ascenso hasta el 2,31%, las previsiones apuntaron a una convergencia de ambos indicadores a medio plazo. Esta sólida gestión de la cartera de deuda fue lo que finalmente proporcionó la confianza necesaria para optar por la financiación nacional sobre la europea, consolidando un modelo de soberanía financiera.
