La reciente publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que regula la protección de la seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar en España, ha sido recibida con interés pero también con ciertas reservas. Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, representa un hito importante en la protección de las empleadas del hogar, un sector históricamente marginado en términos de derechos laborales. Sin embargo, el documento contiene diversas disposiciones que aún están en desarrollo y requieren una mayor claridad y ejecución para ser verdaderamente efectivas.
De acuerdo con la normativa, uno de los puntos claves es la inclusión del reconocimiento médico gratuito dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Este reconocimiento, que debe realizarse cada tres años, tiene como finalidad principal la detección precoz de posibles enfermedades laborales en las empleadas del hogar. No obstante, a pesar de ser un avance crucial, este servicio aún no está operativamente disponible, dejando en suspenso una de las medidas que más impacto podría tener en la salud de las trabajadoras. Por tanto, aunque el decreto es un paso en la dirección correcta, su implementación parcial genera incertidumbres sobre su efectividad real.
Herramientas de Evaluación y Prevención
Otra disposición destacada del decreto es la creación de una herramienta para la evaluación de riesgos que deberá ser cumplimentada por los empleadores mediante un formulario. Esta herramienta técnica tiene como objetivo identificar y mitigar los riesgos laborales específicos que enfrentan las empleadas del hogar, garantizando así un entorno de trabajo seguro. Sin embargo, similar al reconocimiento médico, esta herramienta también se encuentra en una fase de desarrollo y no ha sido puesta en marcha hasta la fecha. Esto deja a los empleadores y empleadas en una situación de incertidumbre sobre las medidas exactas que deben adoptarse para cumplir con la normativa vigente.
Además, el decreto contempla la implementación de una herramienta para prevenir situaciones de acoso laboral y sexual, un problema que afecta gravemente a las empleadas del hogar debido a la vulnerabilidad inherente a su situación laboral. Aunque esta medida es aplaudida como un avance significativo en la protección de las trabajadoras, su falta de disponibilidad actual limita la capacidad para abordar y prevenir estos incidentes de manera efectiva. Esta falta de implementación completa deja claro que aún hay un largo camino por recorrer para garantizar la seguridad y el bienestar de las empleadas del hogar.
La Postura de los Sindicatos y el Camino a Seguir
La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto que regula la protección de la seguridad y salud en el servicio del hogar familiar en España ha generado interés y algunas reservas. Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, representa un avance significativo en la protección de las empleadas del hogar, un sector históricamente marginado en cuanto a derechos laborales. Sin embargo, el texto incluye diversas disposiciones que aún están en desarrollo y requieren mayor claridad y aplicación para ser verdaderamente efectivas.
Una de las medidas clave es la inclusión del reconocimiento médico gratuito en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Este examen, que debe realizarse cada tres años, tiene como objetivo detectar precozmente enfermedades laborales en las empleadas del hogar. A pesar de ser un avance importante, este servicio aún no está operativamente disponible, lo que deja en suspenso una de las medidas de mayor impacto para la salud de las trabajadoras. Aunque el decreto es un paso positivo, su implementación parcial plantea dudas sobre su efectividad real.
