Los exempleados de la empresa intervenida Air-e han alzado su voz de protesta por las dilaciones en el pago de sus acreencias laborales. Estos trabajadores destacan que se están viendo afectados en sus derechos debido a supuestas maniobras de la compañía. La situación ha llevado a los exempleados a enviar una carta al agente especial Edwin Palma, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios).
Exigencias de los exempleados
Alegaciones de maniobras dilatorias
Los exempleados afirman que Air-e ha trasladado la responsabilidad de los pagos adeudados a la Superservicios, una acción que consideran infundada y una táctica para dilatar el proceso de pago. Según los denunciantes, la Superintendencia de Servicios Públicos no tiene la competencia para gestionar reclamos laborales ya que esta labor excede sus funciones. De este modo, consideran que la actuación de la empresa vulnera su imparcialidad además de ir en contra de la Constitución y la Ley. En la carta dirigida a las autoridades pertinentes, los exempleados han dejado claro que estas dilaciones están resultando en perjuicios económicos significativos para ellos y sus familias.
Las obligaciones reclamadas por estos trabajadores están relacionadas con contratos terminados sin justa causa durante la intervención de Air-e. Los exempleados insisten en que las deudas que están reclamando no corresponden a periodos anteriores a la intervención de la empresa, sino a despidos ocurridos durante el proceso de toma de posesión. Ante esta situación, demandan que Edwin Palma, como agente especial, tome decisiones inmediatas y resuelva estos incumplimientos en el pago de las acreencias laborales.
Argumentos de los exempleados
La principal queja de los exempleados radica en que las maniobras dilatorias de Air-e buscan trasladar la responsabilidad a una entidad que no tiene las competencias necesarias para resolver estas problemáticas laborales. En su carta, insisten en que la Superintendencia de Servicios Públicos está limitada en sus funciones y no debería intervenir en asuntos que corresponde a la compañía resolver internamente. Esta transferencia de responsabilidad no solo es considerada un acto de dilación, sino también una violación de sus derechos como trabajadores despedidos durante la intervención de la empresa.
Los exempleados recalcan la importancia de una resolución rápida de sus casos para garantizar que sus derechos laborales sean respetados. Argumentan que, más allá del aspecto legal, se trata de una cuestión de dignidad y justicia para aquellos que han dedicado años de su vida laboral a la empresa. Por ello, exigen transparencia y celeridad en la resolución de estos problemas, solicitando que la empresa asuma la plena responsabilidad de los pagos pendientes y que no recurra a tácticas dilatorias que prolongan innecesariamente su situación de incertidumbre financiera.
Respuesta de Air-e
Evaluación de la Superservicios
Air-e, en su defensa, ha afirmado que la Superservicios está actualmente evaluando si las acreencias laborales corresponden a deudas anteriores o posteriores a la intervención. Según la empresa, se está realizando una revisión exhaustiva para asegurar que todos los pagos pendientes sean gestionados conforme al marco legal establecido. La compañía ha señalado que respeta los derechos de sus trabajadores y que cualquier acción relacionada con estos pagos debe seguir los procedimientos reglamentarios.
La empresa ha enfatizado que los procedimientos y revisiones llevados a cabo por la Superservicios son necesarios para asegurar que las obligaciones financieras se cumplan correctamente y en base a los lineamientos establecidos tras la intervención. Esta evaluación detallada, según Air-e, es fundamental para evitar cualquier error en los pagos y asegurar que cada trabajador reciba la compensación que le corresponde.
Compromiso con el marco legal
Los antiguos empleados de la empresa intervenida Air-e han levantado su voz de protesta debido a las demoras en el pago de sus derechos laborales. Señalan que sus derechos están siendo vulnerados por estrategias supuestamente irregulares de la compañía. Esta situación ha llevado a los ex trabajadores a enviar una carta al agente especial Edwin Palma, solicitando su intervención para lograr una pronta solución. Además, han involucrado a la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios). Los exempleados esperan que estas instituciones tomen medidas urgentes para resolver las problemáticas que les afectan y que se les garantice el respeto a sus acreencias, y la pronta recuperación de los pagos pendientes. La exigencia de los pagos retrasados apunta a asegurar el cumplimiento de sus derechos, pues consideran que ya han esperado demasiado tiempo sin una respuesta justa.
