El Gobierno de Argentina ha implementado una nueva medida que modifica los controles de documentación para los viajes internacionales de menores de edad, eliminando la obligación de las empresas de transporte de verificar ciertos permisos. Esta disposición, la número 166/2025, ha generado polémica y división de opiniones tanto en el ámbito público como en el político, creando debates acalorados sobre sus implicaciones. La nueva normativa, publicada el 30 de enero en el Boletín Oficial, busca redefinir las responsabilidades de las empresas de transporte en el control de documentación, una tarea que hasta la fecha incluía la verificación de identidad y autorizaciones correspondientes de los menores que viajaban. Además, se encargaban de comprobar la documentación de residencia de extranjeros entrando o saliendo del país.
Justificación de la Nueva Medida
Facilitar los Trámites y Mejorar la Eficiencia
La nueva disposición exime a las empresas privadas de transporte internacional (aéreo, terrestre, marítimo y fluvial) de la responsabilidad de solicitar y verificar dichos documentos. La justificación principal radica en la facilitación de trámites debido a las “nuevas modalidades de contratación y check-in remoto”. Según el Gobierno, la normativa pretende simplificar el acceso a las terminales de embarque, mejorando la eficiencia y celeridad del proceso. Esto supone un cambio significativo en los procedimientos actuales, que hasta ahora incluían un doble chequeo documental realizado tanto por las empresas de transporte como por la Dirección Nacional de Migraciones al momento de partida.
Los críticos de la medida argumentan que esta eliminación de verificación por parte de las empresas podría comprometer la seguridad, mientras que los defensores enfatizan que la Dirección Nacional de Migraciones seguirá siendo la responsable principal. La normativa busca responder al creciente uso de tecnologías y métodos de check-in remoto, que han cambiado significativamente las operaciones de transporte internacional. Al descargar la obligación en una sola entidad estatal, se espera agilizar la documentación y reducir las filas y tiempos de espera en las terminales, beneficiando tanto a los pasajeros como a las propias empresas de transporte.
Adaptación a las Nuevas Tecnologías
Defensores de la nueva medida, como la abogada especializada en derecho penal y migratorio Deborah Huczek, argumentan que la responsabilidad principal de los controles fronterizos siempre debe recaer en el Estado, a través de la Dirección Nacional de Migraciones. Describen que la eliminación del «doble check» no reduce la rigurosidad del control, sino que transfiere toda la responsabilidad a los agentes de Migraciones, armonizando el proceso con las tecnologías actuales y aumentando la eficiencia operativa para las empresas de transporte.
Los aliados de esta reforma señalan que la obligación que recaía sobre las empresas de transporte era contraproducente en el contexto de la digitalización de procesos como la compra de billetes online y el check-in remoto. Además, resaltan que la normativa no pretende flexibilizar los controles, sino eliminar redundancias burocráticas que ralentizaban innecesariamente el proceso sin aportar un valor significativo a la seguridad migratoria. Las posibilidades de sanciones, en caso de incumplimiento por parte de las empresas, se reducirían, mitigando así los conflictos legales y administrativos recurrentes.
Críticas y Preocupaciones
Riesgos para los Menores
Entre los críticos de esta medida, numerosos sectores de la oposición han levantado la voz en contra, argumentando que la falta de un «doble control» incrementaría los riesgos para los menores, especialmente en lo que respecta a delitos tan graves como la trata de personas. Acusan al relajamiento de esta medida de abrir una puerta para las redes mafiosas, que tendrían mayor facilidad para sacar del país a menores de edad. Diputados como Mónica Frade de la Coalición Cívica y Ana María Ianni del Frente para la Victoria han expresado sus preocupaciones en redes sociales, responsabilizando al Gobierno de una posible negligencia que podría poner en peligro las vidas de niños vulnerables.
La oposición sostiene que este debilitamiento en los procesos de verificación de documentos aumenta las oportunidades para actores maliciosos que buscan explotar estas nuevas vulnerabilidades. Alertan que, al remover esta capa de control adicional, se permite que menores de edad puedan ser desplazados fuera del país sin la debida supervisión y verificación exhaustiva. Aunque Migraciones continúe con las tareas de control, consideran que la eliminación del «doble check» reduce la probabilidad de detectar irregularidades antes de que sea demasiado tarde.
Vulnerabilidades en la Protección
Las voces de la oposición también alertan sobre posibles vulnerabilidades y puntos de falla en la protección de los menores, argumentando que la medida podría facilitar el tráfico ilícito de personas, especialmente de menores, al eliminar una capa de verificación aunque fuese redundante, esta servía como una barrera adicional. La preocupación radica precisamente en la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Migraciones para manejar todos los controles necesarios de manera efectiva, sin el apoyo complementario de las empresas de transporte.
Las críticas reiteran que, aunque la intención de modernizar procedimientos sea válida, la responsabilidad plena recae ahora sobre una entidad que podría estar sobrecargada o carecer de recursos suficientes para realizar un control exhaustivo. El temor de que este cambio genere una laxitud en la seguridad, especialmente en los cruces fronterizos más críticos, es un punto recurrente entre los detractores. La implementación de tecnologías modernas debe considerarse junto con la capacidad humana y estructural de las entidades de control para evitar que las esperanzas de mejora en eficiencia se traduzcan en riesgos de seguridad.
Perspectivas de los Defensores
Racionalización de Procesos
Aquellos que respaldan la medida argumentan que las empresas de transporte estaban cumpliendo con una obligación que iba en contravía de las nuevas tecnologías y los procesos de compra de billetes online. Ven en esta nueva normativa una oportunidad para eliminar una redundancia burocrática que, según ellos, se había vuelto obsoleta en el contexto de un entorno cada vez más digitalizado. Además, apuntan que las sanciones que las empresas podían recibir por no cumplir con estos controles eran excesivas y generaban litigios innecesarios, desviando recursos que podrían dedicarse a mejorar otros aspectos de la seguridad y el servicio al cliente.
La racionalización de los procesos no implica flexibilizar los controles, según los defensores, sino asignar recursos y responsabilidades de manera más eficiente. Este enfoque busca responder a las tendencias actuales de digitalización sin comprometer la seguridad, y deposita la responsabilidad del cumplimiento riguroso en una agencia estatal especializada. De este modo, se persigue una mayor coherencia y eficiencia, sin duplicaciones y con un enfoque centralizado que podría, en teoría, asegurar una implementación más robusta y controlada de las medidas migratorias necesarias.
Responsabilidad del Estado
El Gobierno asegura que, a pesar de esta desregulación, la Dirección Nacional de Migraciones sigue siendo la encargada de verificar que toda la documentación requerida esté en regla en los pasos fronterizos. Subraya que ningún menor puede abandonar el país sin pasar por estos controles oficiales y sin tener todos los papeles correspondientes en orden. De acuerdo con esta perspectiva, la disposición se percibe como una respuesta natural al progreso tecnológico y una simplificación burocrática que no perjudica los controles necesarios en las fronteras, sino que los realinea con los recursos y capacidades estatales.
Los defensores sostienen que el enfoque estatal centraliza y potencialmente mejora las capacidades de control, aliviando a las empresas de transporte de una carga que no necesariamente influía de manera significativa en la seguridad, pero sí en su eficiencia operativa. Se espera que esta reestructuración haga más fluido el proceso de salida y entrada al país, confiando en que los recursos administrados por una entidad estatal especializada puedan mantener o incrementar los niveles de seguridad adecuados para los viajes internacionales de menores.
Debate y Consecuencias
Modernización vs. Seguridad
Las voces de la oposición y de los defensores ofrecen una visión compleja y diversa del impacto de la nueva disposición. Los críticos alertan sobre posibles vulnerabilidades y puntos de falla en la protección de los menores, mientras que los defensores ven en la medida una manera de actualizar y racionalizar procesos que se consideran arcaicos y redundantes. Ambas perspectivas reconocen, sin embargo, que el control fronterizo es una tarea crucial que debe ser ejecutada con la mayor rigurosidad posible para evitar problemas mayores, como el tráfico ilícito de personas, especialmente de menores, siendo este un objetivo compartido por todos los actores involucrados en el debate.
El tránsito hacia un sistema más moderno y digitalizado conlleva sus propios desafíos y riesgos. Mientras que la modernización puede traer beneficios tangibles en términos de eficiencia y agilidad, es imprescindible que estos cambios se implementen sin comprometer la rigurosidad y efectividad de los controles existentes. El balance entre actualizar procedimientos y mantener altos estándares de seguridad es la principal preocupación que subyace en el debate actual, donde tanto los riesgos como los beneficios deben evaluarse de manera integral.
Eficiencia Administrativa
La nueva normativa exime a las empresas privadas de transporte internacional (aéreo, terrestre, marítimo y fluvial) de la responsabilidad de solicitar y verificar ciertos documentos. La justificación principal es la facilitación de trámites debido a las “nuevas modalidades de contratación y check-in remoto”. Según el Gobierno, la norma apunta a simplificar el acceso a las terminales de embarque, incrementando la eficiencia y celeridad del proceso. Este cambio es significativo, ya que anteriormente las empresas de transporte y la Dirección Nacional de Migraciones realizaban un doble chequeo documental al momento de partida.
Los críticos de la medida señalan que podría comprometer la seguridad al eliminar la verificación por parte de las empresas, mientras que los defensores subrayan que la Dirección Nacional de Migraciones seguirá siendo la responsable principal. La normativa busca adaptarse al creciente uso de tecnologías y métodos de check-in remoto, los cuales han transformado las operaciones de transporte internacional. Al asignar la obligación a una sola entidad estatal, se espera agilizar la documentación, reduciendo filas y tiempos de espera en las terminales, beneficiando a pasajeros y empresas de transporte.
