El patrimonio arqueológico y los fondos públicos destinados a la educación fueron víctimas de un fraude monumental durante la gestión del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Seis exfuncionarios del gobierno han sido imputados por la fiscal federal, Lucía Orsetti, bajo cargos de fraude contra la administración pública y uso de documentos públicos falsificados. El epicentro del escándalo se sitúa en la construcción de la Escuela Secundaria N°57 en Caspalá, proyecto que nunca se completó debido a irregularidades y violaciones graves a la normativa legal y cultural.
Los Imputados en el Fraude
Involucrados de Alto Perfil
Entre los imputados figuran María Teresa Bovi, exministra de Educación de Jujuy, y María Victoria Martínez Fascio, titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa. Las acusaciones también alcanzan a José Raúl Torrejón, director de Proyectos de la misma Secretaría, y a María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación. Además, Diego Montenovi, exasesor legal de la Fiscalía de Estado, y Natividad Apaza, excomisionado municipal de Caspalá, completan la lista de acusados. Las figuras destacadas respondían por un presupuesto millonario destinado a mejoras educativas, recursos que en vez de beneficiar a la comunidad, fueron utilizados de forma fraudulenta.
Lucía Orsetti, la fiscal federal encargada de la investigación, explicó que las acciones fraudulentas de estos exfuncionarios resultaron en daños al Estado por más de 43 millones de pesos. Estos fondos provenían de la nación y estaban específicamente destinados a la construcción de la escuela en Caspalá, obra que no pudo concretarse debido a la elección de un terreno inapropiado. La complicidad para eludir los procedimientos legales y violar regulaciones protegiendo patrimonios resultó en serias consecuencias legales y una estela de descontento social.
Daños al Estado y la Comunidad
La administración pública no solo enfrenta una pérdida económica significativa, sino también la indignación de la comunidad local. La elección del terreno para la escuela no solo era impráctica sino ilegal. El sitio seleccionado era un yacimiento arqueológico protegido, indispensable para la comunidad kolla local, conocido por su valor cultural e histórico. Durante las maniobras de construcción, se arrasaron varias estructuras subterráneas de valor incalculable, dañando irreversiblemente parte del patrimonio arqueológico de la región.
La jueza Carina Inés Gregoraschuk aceptó las imputaciones presentadas por la fiscalía y estableció un plazo de 45 días hábiles para la investigación. En este tiempo, los imputados deberán someterse al proceso judicial sin interferir en las acciones educativas y judiciales en curso. Sin embargo, la jueza no tomó la decisión de prohibir la salida del país a los acusados, citando el carácter excarcelable de los delitos y su arraigo a la región como argumentos para esta decisión. Esto generó controversia y preocupación acerca de una posible fuga y la falta de una respuesta contundente ante las graves acusaciones.
Violación de Leyes y Patrimonio Cultural
Irregularidades y Consecuencias Legales
El caso no solo afecta a la administración pública y la economía, sino que también representa una violación directa a leyes provinciales, nacionales, e inclusive a convenios internacionales. Las decisiones arbitrarias para llevar adelante la mencionada obra sin respeto alguno por las normativas de protección del patrimonio arqueológico generaron un escenario conflictivo y de posible negligencia administrativa. Las acciones de los funcionarios implicados mostraron una omisión consciente de las normas que protegían el área, agravadas por el uso de documentos falsificados para justificar la ejecución de la obra.
La comunidad kolla de Caspalá no se mantuvo al margen de esta injusticia y alzó su voz en protesta ante la ocupación de su tierra. Estas manifestaciones fueron reprimidas, lo que llevó a un caso en el fuero federal y finalmente a un acuerdo de reparación. Según este convenio, el gobierno provincial tuvo la obligación de devolver los terrenos ocupados y restituirlos a su estado original. La preparación de los espacios afectados y la recuperación del valor arqueológico perdido se convirtieron en deberes inmediatos de la administración actual para reparar los daños causados por su predecesora.
Impacto en la Comunidad Kolla
El patrimonio arqueológico y los fondos públicos destinados a la educación fueron severamente perjudicados por un enorme fraude durante el mandato del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Seis exfuncionarios del gobierno han sido acusados por la fiscal federal, Lucía Orsetti, enfrentando cargos de fraude contra la administración pública y uso de documentos públicos falsificados. La raíz del escándalo se encuentra en la construcción de la Escuela Secundaria N°57 en Caspalá, proyecto que nunca se finalizó debido a continuas irregularidades y serias violaciones a la normativa legal y cultural. Además, se descubrió que parte de los fondos desviados también tenían como fin el financiamiento de actividades políticas y desvío hacia proyectos personales de los implicados. Las investigaciones revelaron una red de complicidades y corrupción que afectó gravemente el desarrollo educativo y cultural de la región, dejando en claro la falta de compromiso de los involucrados con el bienestar de las comunidades a las que debían servir.
