La tranquilidad del municipio jienense de Lopera se ha visto sacudida por una controvertida decisión administrativa que pone en jaque el futuro de su paisaje y su principal motor económico, el olivar. La alcaldesa, Carmen Torres, ha reactivado la tramitación de licencias para la construcción de cuatro plantas solares, un movimiento que ha reavivado el conflicto con la alianza formada por la plataforma SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (E&L). Estas organizaciones denuncian que los cuatro proyectos no son más que un único ‘megaproyecto’ dividido de manera fraudulenta por el promotor, Grupo Greenalia, con el objetivo de eludir los rigurosos controles ambientales y sectoriales que una instalación de gran envergadura requeriría. La principal preocupación radica en que la ejecución de estas plantas implicaría la tala de miles de olivos, lo que es considerado por muchos vecinos y agricultores como una «sentencia de muerte» para la identidad y la economía local, profundamente arraigadas en el cultivo del olivo. La tensión escala ante lo que se percibe como un cambio de postura inexplicable por parte del consistorio.
Un Cambio de Rumbo Inesperado y Controvertido
El origen de la polémica actual se remonta a una decisión previa del propio Ayuntamiento, que parecía alinearse con las preocupaciones de los colectivos ecologistas y rurales. El pasado 19 de noviembre, el consistorio emitió un decreto oficial para suspender el otorgamiento de las licencias de obra solicitadas por el Grupo Greenalia. La justificación legal para esta medida era sólida y prudente: la existencia de dos recursos de revisión de oficio que la alianza SOS Rural y E&L había presentado ante las consejerías de Medio Ambiente e Industria de la Junta de Andalucía. En dichos recursos, se alegaba la existencia de «vicios de nulidad» en las autorizaciones autonómicas concedidas previamente al promotor. El propio Ayuntamiento de Lopera reconoció en su decreto de suspensión que una eventual declaración de nulidad por parte de las consejerías tendría un efecto retroactivo, lo que haría inviable legalmente la concesión de las licencias municipales. Esta acción inicial fue vista como un paso lógico para proteger los intereses del municipio y evitar futuras complicaciones legales hasta que las autoridades competentes se pronunciaran.
Sin embargo, la postura cautelosa del Ayuntamiento duró apenas doce días, generando una profunda desconfianza entre los opositores al proyecto. El 2 de diciembre, la alcaldesa Carmen Torres firmó un nuevo decreto que dejaba sin efecto la suspensión anterior y reactivaba de inmediato el proceso para conceder las licencias. Desde SOS Rural y E&L se ha recalcado con vehemencia que esta drástica inversión en la política municipal se produjo sin que existiera ningún cambio fáctico o jurídico que la justificara. Las consejerías de Medio Ambiente e Industria aún no han emitido una resolución sobre los recursos de revisión pendientes, por lo que la incertidumbre legal que motivó la suspensión inicial sigue plenamente vigente. Esta decisión ha sido calificada de arbitraria y ha sembrado la duda sobre las verdaderas motivaciones del equipo de gobierno, que parece haber ignorado sus propias advertencias sobre los riesgos legales de proceder con la tramitación sin el respaldo de las autoridades autonómicas, alimentando la controversia en el municipio.
Acusaciones de Arbitrariedad y Ruptura de Compromisos
La decisión de levantar la suspensión ha sido recibida como una traición por parte de los colectivos y vecinos que se oponen al proyecto solar. La alianza ecologista y rural acusa directamente a la alcaldesa, Carmen Torres, de incumplir la promesa que realizó públicamente a los ciudadanos el pasado 22 de octubre. En aquella reunión, según sostienen las organizaciones, la regidora aseguró de forma inequívoca que no se otorgaría ninguna licencia de obra mientras los recursos de revisión presentados ante la Junta de Andalucía estuvieran pendientes de resolución. Este presunto incumplimiento no solo erosiona la confianza en la palabra de la máxima autoridad municipal, sino que también plantea serias dudas sobre la coherencia de la acción de gobierno. Las organizaciones recuerdan que el Ayuntamiento, como cualquier administración pública, está sujeto al principio de legalidad y debe actuar con objetividad al servicio de los intereses generales, tal y como mandata la Constitución Española. La percepción generalizada es que esta decisión favorece los intereses particulares del promotor en detrimento del patrimonio natural, agrícola y paisajístico de Lopera.
El conflicto en Lopera trascendió el debate local para convertirse en un caso emblemático sobre la implantación de energías renovables en entornos rurales y la protección del patrimonio agrícola. La reactivación de las licencias por parte de la alcaldesa fue interpretada por los colectivos opositores no solo como un acto administrativo, sino como la validación de un modelo que, según ellos, amenaza la soberanía alimentaria y el tejido económico de la comarca. La denuncia central sobre el fraccionamiento fraudulento del proyecto para evitar una evaluación de impacto ambiental más exhaustiva se mantuvo como el pilar de la batalla legal y social. Se argumentó que esta estrategia, de ser tolerada, sentaría un precedente peligroso, permitiendo que grandes corporaciones eludieran la normativa vigente a costa del paisaje y la agricultura tradicional. La decisión final del consistorio dejó a la comunidad en un estado de incertidumbre, enfrentando un futuro donde el mar de olivos que define su identidad podría ser reemplazado por un campo de paneles solares.
