El trágico descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida, provocado por el colapso de un muro debilitado por lluvias torrenciales, ha servido como un crudo recordatorio de que la infraestructura de transporte catalana se enfrenta a un adversario formidable y cada vez más impredecible: el cambio climático. Este suceso no es un hecho aislado, sino la manifestación más grave de una serie de incidentes que, en una sola jornada de temporal, han expuesto la extrema vulnerabilidad de la red vial y ferroviaria. La «nueva realidad climática», como la han denominado las propias instituciones, ya no es una amenaza futura, sino una crisis presente que obliga a un replanteamiento fundamental de cómo se diseñan, construyen y protegen las arterias vitales para la movilidad de la ciudadanía. El debate, que solía resurgir de forma esporádica tras fenómenos como los temporales Gloria o Ciarán, ha adquirido un carácter de urgencia ineludible, demandando acciones que vayan más allá de las reparaciones de emergencia y se adentren en una adaptación estructural profunda y a largo plazo.
Un Diagnóstico Ignorado y la Evidencia del Impacto
La borrasca Harry no solo dejó una víctima mortal, sino que también desató una cascada de incidentes que evidenciaron la fragilidad sistémica de la red de transporte. Mientras la línea R4 quedaba interrumpida por el fatal accidente, la alta velocidad entre Barcelona y Girona se detenía por la caída de un árbol, un convoy descarrilaba sin consecuencias graves entre Tordera y Maçanet, y el fuerte oleaje en Badalona destruía parte del paseo marítimo, amenazando con socavar las vías de la línea R1. Este panorama de vulnerabilidad no se limitó al ferrocarril, ya que en la misma zona de Gelida, un muro de contención de la autopista AP-7 también cedió, ilustrando que tanto las infraestructuras viales como las ferroviarias comparten una exposición crítica a los fenómenos meteorológicos extremos. Estos eventos han dejado claro que la capacidad de resistencia de la red actual ha sido superada, convirtiendo lo que antes eran contingencias en sucesos cada vez más probables y de mayor impacto.
La situación actual no puede atribuirse a la sorpresa, pues la vulnerabilidad de la red ya estaba exhaustivamente documentada. Hace tres años, un diagnóstico impulsado por la Generalitat identificó con precisión 24 tramos específicos de carreteras y vías férreas como especialmente amenazados por precipitaciones intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Este documento, cuya vigencia ha sido confirmada por el Departament de Territori al estar integrado en la estrategia catalana de adaptación al cambio climático, ya señalaba los corredores costeros como puntos de alto riesgo. El reconocimiento público por parte del conseller de Presidència, Albert Dalmau, sobre la necesidad de replantear el diseño de las infraestructuras confirma que la discusión ha escalado al más alto nivel institucional. Sin embargo, este reconocimiento llega después de que los pronósticos se hayan convertido en una dura realidad, subrayando la urgencia de pasar de la diagnosis a la acción tangible y estructural.
Del Parche a la Estrategia a Largo Plazo
El consenso entre los expertos y la propia administración es cada vez más claro: la estrategia de reaccionar después de cada desastre con reparaciones puntuales es económicamente insostenible y técnicamente insuficiente. Tal y como señalan investigadores como Jorge Guillén del CSIC, invertir recursos de manera constante en restaurar los daños sin abordar el problema de fondo es una «solución temporal» que perpetúa la vulnerabilidad. Se impone un cambio de paradigma fundamental, transitando desde la «reparación reactiva», que se limita a restaurar el servicio, hacia una «estrategia permanente» de adaptación que anticipe los riesgos y fortalezca la infraestructura de manera proactiva. Esta nueva visión implica no solo reconstruir lo dañado, sino rediseñar y reubicar cuando sea necesario, aceptando que la climatología para la cual fueron concebidas estas redes ya no existe y no volverá.
El caso de la línea ferroviaria R1, que transcurre pegada al litoral, se erige como el ejemplo paradigmático de este complejo dilema. Los planes actuales contemplan soluciones a corto y medio plazo, como la ampliación de barreras, la construcción de escolleras o la mejora de los sistemas de drenaje, todas ellas medidas de protección necesarias para ganar tiempo. No obstante, tanto el diagnóstico oficial como las voces expertas plantean un debate estratégico ineludible: la necesidad de considerar el traslado de ciertos tramos de la vía hacia el interior. Aunque esta opción representa una inversión colosal y una planificación compleja, se presenta como la única solución definitiva ante el avance imparable de la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Continuar invirtiendo en defensas costeras se asemeja a una «carrera perdida» contra la naturaleza, una batalla donde cada victoria es temporal y cada vez más costosa de lograr.
Un Horizonte de Adaptación Estructural
La adaptación climática de la infraestructura no se reduce únicamente a grandes obras de ingeniería civil. El plan de la Generalitat también contempla un abanico de actuaciones preventivas y de gestión del riesgo diseñadas para mitigar los impactos. Entre estas medidas se incluye la mejora de la capacidad de evacuación de agua en puntos críticos, la limpieza sistemática de zonas propensas a la acumulación de sedimentos y una gestión controlada de la vegetación en las proximidades de vías y carreteras para reducir el riesgo de caídas. De forma crucial, se prevé la implementación de protocolos de actuación más prudentes y restrictivos ante alertas por viento, lluvia u oleaje. Se asume que, en ausencia de intervenciones estructurales de calado, los días en los que el servicio de transporte deba ser interrumpido por seguridad serán cada vez más frecuentes, una realidad que afectará directamente a la movilidad cotidiana de miles de ciudadanos.
La infraestructura de transporte de Cataluña se encontró en una encrucijada crítica. La nueva climatología, definida por eventos más violentos y recurrentes, demostró que el modelo de construcción y mantenimiento vigente había quedado obsoleto. La solución no residió únicamente en reparar los daños tras cada temporal, sino en un replanteamiento integral que combinó medidas de protección a corto plazo con decisiones estructurales valientes y de gran envergadura, como el posible traslado de infraestructuras críticas. Este proceso de adaptación requirió una planificación estratégica, inversiones considerables y una gobernanza sólida. El desafío se contextualizó, además, dentro de un complejo panorama político donde la discusión sobre el traspaso de Rodalies se vio agravada por la necesidad de acometer esta costosa adaptación climática, un factor que añadió una capa de complejidad a la mejora de un servicio ferroviario que se consideraba pilar de la movilidad descarbonizada.
