El panorama fiscal de Costa Rica ha dado un giro determinante tras confirmarse que el nivel de endeudamiento público ha cruzado la barrera psicológica y legal del sesenta por ciento respecto al producto interno bruto. Esta cifra no representa únicamente un dato estadístico dentro de los informes macroeconómicos del Banco Central, sino que constituye el activador de mecanismos de control de gasto sumamente rigurosos contemplados en la legislación vigente. Al alcanzar un sesenta coma cuatro por ciento de deuda, el país entra automáticamente en un escenario de restricción presupuestaria que limita la capacidad operativa de las instituciones estatales y condiciona las decisiones de inversión para los años venideros. Aunque el cierre del periodo anterior mostró una gestión disciplinada con un superávit primario del cero coma nueve por ciento, este logro resulta insuficiente para contener el peso de los intereses acumulados. La paradoja actual reside en que, a pesar de reportar una mejora en el déficit financiero, que descendió levemente hacia el tres coma cuatro por ciento, el volumen nominal de la deuda sigue en ascenso superando los treinta y dos mil millones de dólares. Este contexto obliga a las autoridades a reevaluar la sostenibilidad del modelo económico actual, pues el cumplimiento de la Regla Fiscal ahora exige una austeridad mucho más profunda que la experimentada en los ciclos previos. La situación demanda una vigilancia constante sobre el flujo de caja del Estado y una priorización estratégica que evite un estancamiento en la prestación de servicios esenciales mientras se intenta estabilizar la curva de crecimiento del pasivo estatal.
El Agotamiento del Modelo de Consolidación Fiscal
La estrategia de contención basada primordialmente en el recorte de egresos parece haber alcanzado su límite operativo según los análisis técnicos realizados por el Colegio de Ciencias Económicas. Durante los últimos ciclos, la administración central se ha enfocado en reducir el déficit primario mediante una gestión estricta de las transferencias y el gasto corriente, logrando metas que en su momento fueron elogiadas por organismos internacionales. Sin embargo, el fenómeno actual sugiere que el ajuste fiscal por la vía del gasto ya no es capaz de compensar el incremento en el costo del servicio de la deuda, el cual consume una parte sustancial de la recaudación tributaria anual. Los expertos señalan que, al depender exclusivamente de la austeridad, el país corre el riesgo de comprometer su dinamismo interno, ya que el espacio para maniobrar presupuestariamente se reduce a niveles mínimos. Esta fase de consolidación muestra signos de fatiga porque los recortes adicionales empiezan a impactar áreas sensibles que anteriormente se consideraban intocables, lo que genera una tensión entre la estabilidad macroeconómica y las necesidades de la población. La estructura del presupuesto público se vuelve cada vez más rígida, dejando poco margen para la innovación en políticas públicas o para la respuesta ante emergencias imprevistas. El desafío inmediato no es solo mantener los números en azul, sino identificar nuevas fuentes de eficiencia que no dependan únicamente de la parálisis administrativa, pues el modelo de solo recortar está dejando de ser efectivo para reducir el ratio de deuda en el largo plazo.
Asimismo, la implementación de las cláusulas más severas de la Regla Fiscal trae consigo consecuencias directas sobre el empleo público y la inversión en capital humano. El congelamiento de los salarios en el sector estatal y la limitación de nuevas contrataciones se convierten en la norma bajo este nuevo umbral de deuda, lo que podría derivar en una pérdida de competitividad del Estado para retener talento especializado. Además, la restricción en las transferencias hacia instituciones autónomas y gobiernos locales afecta la ejecución de proyectos de desarrollo regional, creando una brecha entre las metas fiscales de San José y la realidad operativa de las zonas periféricas. La preocupación de los especialistas radica en que esta austeridad obligatoria se prolongue durante el periodo de 2026 a 2028, erosionando la calidad de los servicios de educación y salud que tradicionalmente han sido los pilares de la estabilidad social costarricense. No se trata simplemente de un ajuste contable, sino de una decisión política sobre cómo distribuir los recursos escasos en un entorno donde el financiamiento externo se vuelve más costoso y selectivo. La gestión del crédito público deberá ser extremadamente cautelosa, priorizando el canje de deuda cara por opciones más favorables en los mercados internacionales para aliviar la presión sobre las finanzas nacionales. La falta de inversión en infraestructura crítica debido a estas limitaciones presupuestarias podría, irónicamente, frenar el crecimiento económico necesario para generar los ingresos tributarios que eventualmente pagarían la deuda acumulada.
Hacia una Reforma Integral del Estado y la Gestión Pública
La superación de la crisis de endeudamiento requiere una transformación que trascienda la simple vigilancia del gasto para enfocarse en una modernización profunda de la estructura estatal. Los hallazgos recientes sugieren que la eficiencia en la recaudación y la lucha contra la evasión fiscal deben ser prioridades absolutas para incrementar los ingresos sin necesidad de elevar las tasas impositivas existentes. Resulta imperativo que el diseño de las políticas públicas incorpore mecanismos de evaluación de resultados que permitan reasignar recursos desde programas ineficientes hacia sectores que generen un mayor valor público y retorno social. Una reforma integral debería considerar la digitalización completa de los procesos administrativos y la unificación de funciones duplicadas entre distintas entidades, buscando una estructura más ágil y menos costosa de mantener. El enfoque debe evolucionar hacia una gestión por resultados donde cada colón invertido sea justificado por su impacto directo en el bienestar ciudadano y en la productividad nacional. Además, es necesario fomentar un diálogo nacional transparente sobre la estructura de la carga tributaria, analizando cómo hacerla más equitativa y eficiente para atraer inversión extranjera directa que impulse el empleo. La sostenibilidad financiera del país no se logrará únicamente con restricciones, sino mediante una estrategia de crecimiento económico inclusivo que permita al Estado cumplir con sus obligaciones sin sacrificar las oportunidades de las generaciones presentes y futuras en el mercado global.
Las acciones futuras para mitigar el impacto de la deuda deben centrarse en la creación de un plan de mediano plazo que garantice la resiliencia fiscal ante choques externos imprevistos. Se recomienda establecer una hoja de ruta clara que priorice la inversión en sectores estratégicos como la seguridad ciudadana y la tecnología educativa, áreas que, aunque requieren recursos, son fundamentales para prevenir costos sociales mayores en el futuro. Es fundamental que las autoridades económicas busquen activamente la diversificación de las fuentes de financiamiento y fortalezcan la confianza de los mercados internacionales mediante una comunicación técnica y objetiva sobre los avances en las reformas estructurales. El diseño de nuevos mecanismos de asociación público-privada podría representar una alternativa viable para desarrollar proyectos de infraestructura de gran escala sin aumentar directamente el pasivo del Gobierno Central. Se debe considerar también la revisión de las exoneraciones fiscales existentes, evaluando su beneficio real para la economía nacional y eliminando aquellas que ya no cumplen con su propósito original. En última instancia, la meta debe ser reducir el ratio de deuda por debajo del cincuenta por ciento del producto interno bruto en el transcurso de los próximos cinco años, lo que devolvería al país la flexibilidad necesaria para enfrentar desafíos climáticos o financieros. El éxito de este proceso dependerá de la capacidad de los líderes políticos para alcanzar consensos que antepongan la estabilidad nacional a los intereses de corto plazo, asegurando una trayectoria de prosperidad sostenible y equitativa.
