El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha decidido eliminar la opción de teletrabajo para sus altos cargos y directivos públicos, medida que ha sido implementada por la conselleria de Presidència, dirigida por Albert Dalmau. Esta nueva instrucción prohíbe el trabajo a distancia para todos aquellos en rangos de subdirector hacia arriba, afectando tanto a funcionarios como a cargos elegidos discrecionalmente. Aunque otras administraciones, como el Ayuntamiento de Barcelona o la Diputació, no comparten esta práctica, la Generalitat justifica su decisión alegando que es necesario para garantizar el buen funcionamiento de los servicios.
Introducción de la medida
Evaluación y justificación
Albert Dalmau evaluó esta medida desde que asumió su cargo y la hizo efectiva el 7 de enero, justo después de las vacaciones de Navidad. Según el documento oficial, altos cargos como secretarías generales y direcciones generales deben prestar sus servicios exclusivamente de manera presencial, debido a las responsabilidades adicionales y la representación institucional que sus funciones implican. Funció Pública otorgó a estos altos cargos un plazo de 15 días para agotar cualquier día de teletrabajo autorizado, estableciendo que a partir de la última semana de enero, dicho teletrabajo quedaría prohibido.
Esta decisión ha sido mal recibida por parte del colectivo de altos cargos, quienes consideran que se vuelve a la «cultura de calentar la silla» y al «presencialismo», en un contexto donde el teletrabajo se ha demostrado viable tanto en administraciones públicas como en empresas privadas. Los críticos argumentan que esta medida no está alineada con la promesa del Govern de modernizar la administración pública y fomentar una mayor flexibilidad laboral.
Impacto en los empleados públicos
La prohibición del teletrabajo afecta a aproximadamente 261 subdirectores, además de los cargos asimilados y de mayor rango, lo que representa un 0,2% del total de empleados públicos. Es importante señalar que estos subdirectores, a diferencia de aquellos designados por criterios políticos, son funcionarios que obtuvieron su plaza por oposición. La conselleria de Presidència argumenta que las funciones de estos altos cargos requieren su presencia constante para asegurar una comunicación fluida y una supervisión efectiva.
La Generalitat había sido pionera en introducir el teletrabajo en el sector público en febrero de 2020, permitiendo hasta dos días de trabajo desde casa para 40,000 empleados administrativos. Sin embargo, esta posibilidad estaba sujeta a la aprobación de supervisores o jefes de equipo, que tenían la prerrogativa de negarla si consideraban necesaria la presencialidad.
Reacciones y críticas
Opiniones contrapuestas
El colectivo de altos cargos afectados por la medida manifiesta que la eliminación del teletrabajo contradice las políticas de modernización administrativa que promete el Govern. Señalan que otras administraciones públicas y empresas privadas han adoptado prácticas de teletrabajo con éxito, argumentando que la flexibilidad laboral puede coexistir con la eficiencia y la productividad.
Algunos altos cargos también destacan que la nueva política no toma en cuenta las ventajas del teletrabajo, como la reducción de traslados, el ahorro de tiempo y la mejora en la conciliación laboral y familiar. Estas ventajas no solo benefician a los empleados, sino también a la administración pública en general, al promover un ambiente de trabajo más flexible y adaptable a las necesidades individuales y organizacionales.
Proceso de reforma
El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a través de la conselleria de Presidència liderada por Albert Dalmau, ha decidido eliminar la opción de teletrabajo para sus altos cargos y directivos públicos. Esta medida prohíbe el trabajo a distancia para todos aquellos con rangos desde subdirector hacia arriba, afectando tanto a funcionarios como a cargos elegidos discrecionalmente. La Generalitat justifica esta decisión asegurando que es fundamental para garantizar el buen funcionamiento y la eficacia de los servicios públicos. A pesar de este enfoque, otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona o la Diputació no han adoptado una política similar y continúan permitiendo el teletrabajo en ciertos niveles de su personal. La restricción del teletrabajo por parte de la Generalitat busca asegurar que las funciones esenciales y la coordinación entre equipos no se vean afectadas, insistiendo en la importancia de la presencialidad para la correcta gestión y toma de decisiones en el ámbito público.
