En una decisión que marca un precedente en la fiscalización ambiental del país, el Segundo Tribunal Ambiental ha cerrado definitivamente la puerta a los intentos de la empresa KDM S.A. por anular una sanción económica de proporciones históricas. La ratificación de una multa que asciende a 4.984 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a más de cuatro mil millones de pesos, impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) al relleno sanitario Loma Los Colorados en Tiltil, no solo confirma la gravedad de los incumplimientos detectados, sino que también valida la rigurosidad y legalidad del actuar del organismo fiscalizador. La compañía había presentado una reclamación judicial buscando dejar sin efecto la sanción, esgrimiendo argumentos de vicios legales y una supuesta desproporcionalidad en el monto. Sin embargo, el fallo del tribunal fue categórico, rechazando en su totalidad cada uno de los puntos del recurso y consolidando una de las sanciones más significativas en la historia reciente de la normativa ambiental chilena. Este veredicto no es un mero trámite administrativo, sino una señal contundente sobre la intransigencia del sistema judicial frente a las faltas que comprometen la salud de los ecosistemas y las comunidades.
Fundamentos de la Sanción y el Fallo Judicial
Incumplimiento Grave de la Normativa Ambiental
La raíz de esta sanción millonaria se encuentra en una omisión de carácter crítico y con consecuencias ambientales potencialmente severas. La investigación de la SMA constató que la empresa KDM S.A. falló en la implementación de dos de las tres vías obligatorias para el tratamiento y la eliminación de los líquidos percolados, que son los efluentes altamente contaminantes generados por la descomposición de los residuos en un relleno sanitario. La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, un instrumento legal que establece las condiciones y exigencias para su operación, estipulaba de manera inequívoca la necesidad de contar con un sistema triple de manejo para estos fluidos tóxicos. El no haber construido ni operado dos tercios de este sistema de seguridad ambiental no constituye un error administrativo menor, sino un incumplimiento estructural que dejó al entorno expuesto a riesgos de contaminación de suelos y napas subterráneas. La gestión de percolados es uno de los pilares fundamentales en la operación segura de cualquier vertedero moderno, y su tratamiento inadecuado puede liberar una mezcla de sustancias peligrosas, metales pesados y compuestos orgánicos que amenazan la salud pública y el equilibrio ecológico de la cuenca circundante, una responsabilidad que la empresa eludió directamente.
El análisis del tribunal sobre el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Superintendencia del Medio Ambiente fue exhaustivo y concluyó con una validación íntegra de cada una de sus etapas. La sentencia determinó que todo el proceso se encontraba «ajustado a derecho», desestimando así las acusaciones de vicios de legalidad formuladas por KDM. Se confirmó que la formulación del cargo principal contra la empresa fue debidamente motivada, basándose en evidencia sólida recopilada durante las fiscalizaciones y siendo plenamente congruente con los hallazgos en terreno. Asimismo, el fallo respaldó la investigación iniciada por el organismo fiscalizador, la cual respondió a denuncias ciudadanas serias y se desarrolló dentro del marco de las facultades legales que la ley le confiere a la SMA. Esta revisión judicial minuciosa abarcó desde la forma en que se levantaron las actas de inspección hasta la coherencia lógica entre la infracción detectada y el cargo imputado, no encontrando mérito alguno en los argumentos de la empresa que pretendían socavar la legitimidad del actuar de la autoridad ambiental. Con ello, se ratificó que la SMA no solo actuó correctamente, sino que cumplió a cabalidad con su deber de proteger el medio ambiente.
Análisis de la Proporcionalidad de la Multa
Uno de los ejes centrales de la defensa de KDM fue cuestionar la magnitud de la multa, calificándola de desproporcionada. Sin embargo, el tribunal dedicó una parte sustancial de su fallo a analizar la ponderación realizada por la SMA, concluyendo que fue correcta y justificada. La clasificación de la infracción como «grave» fue el primer elemento validado, considerando el tipo de norma incumplida y el riesgo inherente a la omisión. La falta de sistemas de tratamiento de percolados no es una falta procedimental, sino una que afecta directamente el núcleo de la protección ambiental del proyecto. Adicionalmente, el tribunal revisó y aprobó el cálculo del beneficio económico que la empresa obtuvo al no realizar las inversiones ni asumir los costos operacionales de las dos vías de tratamiento faltantes. Este cálculo es fundamental, ya que la sanción debe eliminar cualquier incentivo económico para infringir la ley. La sentencia determinó que la metodología empleada por la SMA para estimar este beneficio estaba bien fundamentada, era objetiva y no presentaba los errores que la empresa reclamaba, asegurando que el monto de la multa reflejara adecuadamente el lucro indebido obtenido por el infractor a costa del medio ambiente.
La evaluación de la capacidad económica de la empresa infractora es un pilar esencial para garantizar el principio de proporcionalidad, asegurando que la sanción sea suficientemente disuasoria sin ser confiscatoria. El Segundo Tribunal Ambiental examinó detenidamente este aspecto y ratificó que la ponderación hecha por la SMA fue apropiada y equitativa. Se constató que el organismo fiscalizador consideró adecuadamente la envergadura de KDM S.A. como actor relevante en la industria de la gestión de residuos, utilizando información financiera objetiva para determinar que la multa de casi 5.000 UTA, aunque elevada, era coherente con su solidez económica. De esta manera, el tribunal descartó por completo el argumento de que la sanción era exorbitante o que ponía en riesgo la viabilidad de la compañía. Al validar tanto el cálculo del beneficio económico obtenido por la infracción como la correcta evaluación de la capacidad de pago de la empresa, el fallo judicial cerró cualquier debate sobre la supuesta desproporcionalidad de la multa. La decisión judicial confirmó que la sanción fue calibrada con precisión para ser un castigo efectivo y un claro desincentivo para futuras conductas similares, tanto para KDM como para el resto de la industria.
Desestimación de Alegaciones Procesales y Consecuencias del Fallo
Rechazo a la Vulneración del Debido Proceso
La empresa también argumentó una supuesta vulneración al debido proceso, alegando que existieron dilaciones injustificadas durante el procedimiento sancionatorio que afectaron su derecho a una resolución en un plazo razonable. No obstante, el tribunal desestimó esta alegación de manera contundente. En su sentencia, los jueces reconocieron la complejidad inherente al caso, que involucraba análisis técnicos detallados sobre sistemas de tratamiento de efluentes, la revisión de un extenso expediente administrativo y la ponderación de múltiples variables para la determinación de la sanción. Se concluyó que la duración del procedimiento no fue producto de una inactividad arbitraria por parte de la SMA, sino que respondió a la necesidad de llevar a cabo una investigación rigurosa y garantizar una resolución justa y bien fundamentada. El fallo estableció que la complejidad técnica y jurídica del asunto justificaba plenamente los plazos empleados, por lo que no se configuró una dilación indebida que pudiera viciar el proceso o afectar los derechos de la empresa reclamante.
Para reforzar la solidez del procedimiento, el tribunal también se abocó a verificar que todas las notificaciones y comunicaciones se realizaran conforme a lo estipulado por la ley, garantizando en todo momento el derecho a defensa de KDM. El análisis del expediente demostró que la empresa fue debidamente informada de cada etapa del proceso, desde la formulación de cargos hasta la resolución final, y tuvo amplias oportunidades para presentar sus descargos, aportar pruebas y formular alegaciones. La sentencia dejó claro que no existió indefensión alguna, ya que la compañía pudo ejercer plenamente sus derechos procesales a lo largo de toda la investigación administrativa. Al desestimar las quejas sobre dilaciones y confirmar el correcto proceder en materia de notificaciones, el fallo no solo validó la sanción en su contenido, sino que también blindó la legalidad formal de todo el actuar de la Superintendencia del Medio Ambiente. Este pronunciamiento es clave, pues reafirma que el cumplimiento del debido proceso es compatible con la tramitación de casos complejos que requieren un análisis profundo para la protección efectiva del medio ambiente.
La Senda Hacia la Responsabilidad Ambiental Corporativa
La decisión del Segundo Tribunal Ambiental representó la culminación de un largo proceso judicial que reafirmó de manera inequívoca la legalidad y justificación de la sanción impuesta por la autoridad fiscalizadora. El fallo no dejó margen para dudas, al analizar y desestimar sistemáticamente cada uno de los argumentos presentados por KDM S.A., desde los supuestos vicios de forma hasta el cuestionamiento del monto de la multa. Esta sentencia se erigió como un precedente significativo en materia de cumplimiento ambiental, enviando un mensaje claro a todas las industrias: las obligaciones establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental son mandatos legales de cumplimiento estricto, no sugerencias opcionales. La ratificación de la multa consolidó la autoridad de la Superintendencia del Medio Ambiente y demostró la robustez del sistema de justicia ambiental, que actuó como un control de legalidad efectivo sobre las decisiones administrativas y las defensas corporativas. El caso subrayó que eludir inversiones críticas para la protección del entorno, obteniendo un beneficio económico ilícito, tendría consecuencias financieras severas y proporcionales al daño potencial causado.
