Una controversial iniciativa impulsada desde el Ministerio de Agricultura ha encendido las alarmas en el sector turístico colombiano, planteando un dilema fundamental entre la protección de las tierras para la producción de alimentos y el fomento de economías rurales sostenibles. La propuesta para la creación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) ha generado una profunda preocupación, especialmente en regiones como el norte del Tolima, donde el turismo rural, comunitario y de naturaleza se ha consolidado como un motor de desarrollo vital. Los operadores turísticos y las comunidades locales advierten que, de aprobarse en su formulación actual, la normativa podría representar un obstáculo insuperable para la viabilidad de miles de emprendimientos que hoy son el sustento de familias campesinas y una alternativa para que los jóvenes permanezcan en el campo, amenazando con desmantelar años de progreso en la diversificación económica del sector rural.
El Origen del Conflicto Normativo
El punto más álgido del debate reside en las contradicciones internas del documento técnico que sustenta las APPA. Aunque el texto reconoce formalmente al turismo como una actividad económica presente en los territorios rurales, sus disposiciones posteriores imponen una serie de restricciones que, en la práctica, harían inviable su desarrollo. Modalidades clave como el ecoturismo, las posadas rurales, el camping, el glamping y diversas formas de turismo de aventura quedarían severamente limitadas o directamente prohibidas. Esta aparente incongruencia ha sido calificada por los gremios del sector como un profundo desconocimiento de la realidad productiva, social y cultural de las regiones. La normativa parece ignorar que estas actividades no solo coexisten con la producción agrícola, sino que a menudo la complementan, ofreciendo a los agricultores fuentes de ingreso adicionales y promoviendo la conservación de los ecosistemas que son, a su vez, esenciales para la propia agricultura.
La propuesta de las APPA no solo genera un conflicto conceptual, sino que también amenaza con crear un caos jurídico de considerables proporciones. Las restricciones planteadas chocarían frontalmente con los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de numerosos municipios, los cuales ya definen los usos del suelo y han habilitado zonas para el desarrollo de proyectos turísticos sostenibles. Además, la iniciativa entraría en conflicto directo con la legislación nacional de turismo y las Normas Técnicas Sectoriales de cumplimiento obligatorio, que establecen los requisitos mínimos de infraestructura, seguridad y sostenibilidad para la operación legal de servicios turísticos. Esta superposición normativa crearía una inseguridad jurídica insostenible para los empresarios y emprendedores que han invertido recursos significativos para formalizarse y cumplir con la regulación vigente, dejándolos en un limbo legal y desincentivando futuras inversiones en el campo colombiano.
Consecuencias Socioeconómicas Inevitables
Las implicaciones de esta propuesta van más allá de lo normativo y apuntan hacia un severo impacto socioeconómico en las comunidades rurales. La principal consecuencia advertida es una drástica caída de los ingresos para miles de familias que dependen del turismo como su principal o segunda fuente de sustento. Esta situación podría forzar el cierre de un número significativo de emprendimientos, desde pequeñas posadas familiares hasta operadores de turismo de aventura, o empujarlos hacia la informalidad para poder sobrevivir. Dicho escenario reduciría de manera alarmante las oportunidades de empleo formal, afectando de manera desproporcionada a jóvenes y mujeres, quienes han encontrado en el turismo una vía para el empoderamiento económico y la permanencia en sus territorios. Paradójicamente, una medida diseñada para proteger el campo podría terminar fomentando el abandono de las zonas rurales y la migración hacia los centros urbanos.
El turismo rural sostenible ha demostrado ser mucho más que una simple actividad económica; es una herramienta poderosa para el desarrollo integral del campo. Funciona como un incentivo directo para que las comunidades conserven los ecosistemas, protejan las fuentes de agua y valoren su patrimonio cultural, ya que estos son los activos principales de su oferta turística. Al generar ingresos a partir de la conservación, se crea un círculo virtuoso donde la protección ambiental y el bienestar económico se refuerzan mutuamente. La propuesta APPA, al limitar severamente esta actividad, rompería este equilibrio y desconocería el papel fundamental que el turismo desempera en la construcción de una ruralidad próspera y resiliente. En lugar de ser un problema, el turismo bien gestionado es una parte esencial de la solución para que las comunidades puedan vivir dignamente en su territorio, fomentando su cuidado y prosperidad a largo plazo.
Un Llamado a la Coherencia y al Desarrollo Equilibrado
Frente a este panorama, el sector turístico consolidó una postura firme y constructiva durante las mesas de diálogo. La principal exigencia fue que se incorporara de manera explícita al turismo rural, de naturaleza y de aventura como actividades compatibles con la filosofía de las APPA, siempre que estas se desarrollaran bajo estrictos criterios de sostenibilidad ambiental y regulación territorial. Se solicitó además que bienes y paisajes de interés cultural, como la emblemática Ciudad Perdida de Falan, fueran excluidos de la delimitación de estas áreas, respetando así la autonomía y la identidad de los territorios. La condición central e innegociable que se planteó fue la integración obligatoria de sus observaciones técnicas en el documento final, un paso que se consideró indispensable para garantizar la coherencia de la norma con los ordenamientos municipales y la protección real e integral de la economía campesina en todas sus facetas.
