El posible impacto de las reformas propuestas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios es un tema que genera gran expectación y debate entre diversos actores sociales y económicos. Estas reformas se fundamentan en propuestas como la justicia tarifaria, la universalización de los servicios, la focalización de subsidios y la participación comunitaria. Sin embargo, avanzar de forma precipitada en dichas reformas podría generar consecuencias negativas tanto para las empresas que proveen los servicios como para los usuarios finales.
Incremento de Tarifas y Preocupaciones de Racionamiento
Uno de los problemas más urgentes que enfrenta Colombia en materia de servicios públicos es el incremento constante de las tarifas y la preocupación por el racionamiento de agua y el posible desabastecimiento de gas natural. Las tarifas de energía representan una carga significativa para millones de colombianos, principalmente aquellos de menores recursos. Frente a esta situación, Gustavo Petro ha propuesto una reforma integral que pretende hacer más justos los precios de los servicios públicos, asegurar su acceso universal y mejorar el marco institucional y de gobernanza.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, y otros actores del sector, han expresado sus reservas sobre la viabilidad y las posibles consecuencias de estas propuestas. Sánchez señala que la ley vigente desde 1994, aunque antigua, ha demostrado ser efectiva. Fue creada como respuesta a una crisis grave y se basó en una sólida base técnica, estableciendo instituciones clave como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), que han beneficiado tanto a los empresarios como a los usuarios.
Elogios a la Ley Vigente y Propuestas de Actualización
Camilo Sánchez ha elogiado a los congresistas que no cayeron en la tentación de apresurar las reformas por razones políticas. Sostiene que realizar cambios apresurados a una ley tan crucial sería un error gravísimo. Más que redactar una nueva ley o realizar cambios radicales, aconseja actualizar la actual para incorporar avances tecnológicos que no existían en 1994, como los macromedidores y la inteligencia artificial. Estas herramientas pueden detectar y corregir ineficiencias, pérdidas y robos de recursos como el agua y la energía, mejorando así el rendimiento del sistema.
Según Sánchez, una actualización de la ley implica también asegurar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) esté conformada por funcionarios altamente capacitados y técnicos expertos en la materia. No es necesario cambiar toda la legislación, sino ajustar ciertos artículos específicos. Advierte que el objetivo del gobierno de reducir las tarifas de manera abrupta, sin un análisis profundo, podría desestabilizar el mercado y desincentivar la inversión, alejando así a los inversores y poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.
Propuestas Beneficiosas y Riesgos de Distorsión del Mercado
Dentro de las reformas que se están proponiendo, algunos elementos pueden ser beneficiosos, como la parte hidráulica que propone un precio máximo en la tarifa del servicio hídrico. Si bien Sánchez no sería partidario de fijar un precio máximo, admite que si dicha medida no perjudica a las empresas y beneficia a los usuarios, podría ser considerada. No obstante, expresa su preocupación acerca de que muchas restricciones impuestas a las empresas puedan distorsionar el mercado y poner en riesgo las inversiones necesarias para mantener y mejorar la infraestructura de servicios públicos.
Mirando hacia el futuro, especialmente al año 2025, Sánchez recomienda que las decisiones en torno a los servicios públicos sean estratégicas y con una visión a largo plazo, en lugar de soluciones cortoplacistas que buscan beneficios políticos inmediatos. Enfatiza la importancia de mantener la seguridad jurídica para atraer y retener inversiones, ya que son esenciales para el desarrollo sostenible del sector. Sostiene que cualquier modificación en la ley debe ser cuidadosamente evaluada y basada en estudios técnicos sólidos que aseguren su viabilidad y eficacia a largo plazo.
Equilibrio entre Usuarios y Empresas
El impacto potencial de las reformas propuestas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios es un tema que suscita gran expectación y debate entre diversos actores sociales y económicos. Estas reformas se basan en iniciativas como la justicia tarifaria, la universalización de los servicios, la focalización de subsidios y la participación comunitaria. La justicia tarifaria busca establecer un sistema más equitativo de tarifas, mientras que la universalización de los servicios pretende garantizar el acceso a todos. La focalización de subsidios quiere asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, y la participación comunitaria persigue un mayor involucramiento de la población en la gestión de los servicios. Sin embargo, avanzar rápidamente en estas reformas podría tener consecuencias negativas tanto para las empresas proveedoras de servicios como para los usuarios finales, quienes podrían enfrentarse a interrupciones o incrementos en los costos.
