La estabilidad de un servicio público esencial como el suministro eléctrico en Olavarría se encuentra en una encrucijada, tras la decisión de la cooperativa eléctrica local de llevar al Municipio ante la justicia para disipar la incertidumbre jurídica que amenaza su operatividad y futuro. La entidad ha iniciado una acción declarativa de certeza en el fuero contencioso-administrativo, una medida drástica pero necesaria para que un juez determine de manera concluyente si el contrato de concesión, firmado originalmente en 1997, sigue vigente. Esta disputa no es un mero formalismo legal; según la cooperativa, la falta de una postura clara por parte del gobierno municipal ya ha generado perjuicios económicos y financieros tangibles, afectando su capacidad para planificar inversiones cruciales y mantener la calidad del servicio que miles de ciudadanos esperan y merecen. El núcleo del conflicto reside en la interpretación de normativas provinciales y en una serie de acciones y omisiones que, para Coopelectric, han creado una situación insostenible que requiere una intervención judicial para restaurar la previsibilidad.
El núcleo del conflicto jurídico
El argumento central de Coopelectric se fundamenta en una interpretación precisa del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, específicamente en la Resolución 419/17 emitida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Según la presentación judicial, esta normativa estableció una prórroga automática de cinco años para todos los contratos de concesión, tanto provinciales como municipales, que se encontraran vigentes en ese momento. Bajo esta premisa, la concesión del servicio eléctrico en Olavarría se extendería de manera inequívoca hasta octubre de 2027. La cooperativa subraya que el Municipio nunca emitió un acto administrativo debidamente fundamentado que contradijera o anulara los efectos de dicha prórroga. Además, el escrito judicial detalla que Coopelectric cumplió diligentemente con todos los procedimientos contractuales para solicitar la continuidad del servicio, presentando la solicitud en tiempo y forma, sin recibir jamás una respuesta formal de rechazo por parte de las autoridades municipales. Esta ausencia de una negativa explícita es interpretada como una aceptación tácita, lo que refuerza la posición de que el vínculo contractual permanece activo y con plenos efectos legales.
La demanda interpuesta no solo se apoya en la normativa provincial, sino que también resalta una serie de conductas institucionales por parte del Municipio que serían lógicamente incompatibles con la idea de que el contrato ha expirado. Se argumenta que la participación activa de representantes municipales en decisiones estratégicas de la cooperativa constituye un reconocimiento implícito de la vigencia de la concesión. Un ejemplo clave citado en el documento es la aprobación de acuerdos financieros de gran envergadura, como la refinanciación de una significativa deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). La presencia y el voto afirmativo de funcionarios del gobierno local en estas instancias son presentados como prueba de que el Municipio ha actuado, en la práctica, como si el contrato estuviera en pleno vigor. Esta aparente contradicción entre la falta de una definición formal y la participación en la gestión ha sido el catalizador principal del «estado de incertidumbre jurídica» que la cooperativa busca resolver por la vía judicial, al considerar que estas acciones consolidan un escenario de ambigüedad perjudicial.
Impacto y repercusiones en la comunidad
La indefinición sobre el futuro de la concesión ha trascendido el ámbito puramente legal para generar consecuencias negativas directas en la operatividad de la cooperativa y, por extensión, en la calidad del servicio público. La demanda detalla cómo esta incertidumbre obstaculiza gravemente la capacidad de planificación a largo plazo, un elemento vital para cualquier empresa de servicios. Sin la certeza de la continuidad contractual, se vuelve extremadamente difícil proyectar y ejecutar inversiones esenciales en la infraestructura eléctrica, como la renovación de redes, la modernización de subestaciones o la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la fiabilidad del suministro. Asimismo, esta situación complica las relaciones comerciales con proveedores y otros actores del sistema eléctrico nacional, quienes requieren seguridad jurídica para establecer acuerdos a largo plazo. El cumplimiento de los compromisos financieros previamente asumidos también se ve condicionado, lo que crea un círculo vicioso que debilita la posición institucional y económica de la entidad concesionaria.
Más allá de los perjuicios operativos y financieros para la cooperativa, la prolongada falta de una definición clara sobre la concesión proyecta una sombra de preocupación sobre la comunidad de Olavarría en su conjunto. En primer lugar, se pone en riesgo la estabilidad laboral de más de doscientos trabajadores que dependen directamente de la entidad, lo que genera una considerable intranquilidad social. La incertidumbre afecta no solo a los empleados y sus familias, sino también a la previsibilidad de un servicio que es fundamental para el desarrollo de la vida cotidiana, la actividad comercial y la producción industrial de toda la ciudad. Un servicio eléctrico fiable y bien gestionado es la columna vertebral de cualquier comunidad moderna, y la falta de un horizonte claro para su prestación puede desalentar futuras inversiones y afectar la confianza general. Por lo tanto, la resolución de este conflicto es de interés público, ya que busca garantizar la continuidad y la calidad de un suministro esencial para el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos de Olavarría.
Un veredicto decisivo para el futuro energético
La acción judicial iniciada por Coopelectric no buscó en su momento una compensación económica, sino que se enfocó en un objetivo primordial: obtener una certeza jurídica que pusiera fin a un prolongado período de ambigüedad. La cooperativa, no obstante, dejó expresamente reservado su derecho a iniciar un reclamo posterior por los daños y perjuicios que pudieran acreditarse como consecuencia directa de la indefinición generada por el Municipio. La resolución que finalmente emitió la justicia fue determinante, no solo para definir el futuro de la concesión del servicio eléctrico en la ciudad, sino también para sentar un precedente sobre la importancia de la seguridad jurídica en la prestación de servicios públicos fundamentales. La decisión judicial clarificó el vínculo contractual y disipó un escenario que, según argumentó la cooperativa, había perjudicado su gestión, limitado su capacidad de inversión y generado una profunda intranquilidad tanto en su personal como en la comunidad a la que sirve. Este fallo se convirtió en un pilar para la previsibilidad institucional, vital para el correcto funcionamiento de la infraestructura energética local.
