La abrupta operación militar ejecutada por Estados Unidos que culminó con la extracción del presidente Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una de las crisis de gobernabilidad más profundas de su historia reciente, abriendo un peligroso vacío de poder. Este acontecimiento no solo desmanteló la cúpula del poder chavista, sino que también desató una compleja pugna por la legitimidad en la que colisionan tres visiones irreconciliables: la de una transición tutelada por Washington, la de una continuidad institucional defendida por el Tribunal Supremo de Justicia y la del respeto a la soberanía popular reclamada por la oposición. Mientras la nación contiene la respiración, la capital amanece bajo una tensa calma militarizada, y el futuro del país se debate entre la imposición extranjera, la resistencia interna y las aspiraciones democráticas de un pueblo atrapado en el centro del tablero geopolítico. La incertidumbre sobre quién tomará las riendas del gobierno es total, y cada bando se prepara para defender su posición en un escenario de máxima fragilidad.
La Postura Estadounidense: Condiciones y Control
El gobierno estadounidense no ha tardado en delinear su hoja de ruta, dejando claro que su intervención va más allá de la simple remoción de un líder. El presidente Donald Trump anunció la intención de establecer una «administración temporal» para supervisar lo que describió como una «transición pacífica, adecuada y juiciosa». Este plan implica que miembros de su propio gabinete colaboren directamente con la oposición venezolana para reestructurar el Estado. Sin embargo, esta aparente alianza ya muestra fisuras, pues Trump descartó sorpresivamente a la prominente líder opositora María Corina Machado como una figura viable para liderar el país, alegando una supuesta falta de apoyo interno. Esta decisión unilateral introduce una cuña en la relación con las mismas fuerzas que Washington dice apoyar, sugiriendo que la Casa Blanca busca un liderazgo venezolano maleable y totalmente alineado con sus directrices, en lugar de uno surgido del consenso de la propia oposición.
La estrategia de Washington se fundamenta en una política de condicionalidad estricta, utilizando su poderío económico como principal herramienta de presión. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue explícito al afirmar que Estados Unidos estaría dispuesto a colaborar con las autoridades venezolanas restantes, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero solo si estas toman «las decisiones adecuadas». Estos requisitos incluyen el desmantelamiento de redes de narcotráfico, la contención de pandillas criminales y, de manera crucial, una reforma integral de la industria petrolera para que sus beneficios dejen de fluir hacia «piratas y adversarios de Estados Unidos». Para asegurar el cumplimiento, Rubio advirtió que Washington mantendrá activas «múltiples palancas de presión», como el bloqueo petrolero vigente, demostrando que la cooperación está supeditada a la aceptación de una agenda diseñada para servir a los intereses estratégicos y económicos estadounidenses en la región.
La Lucha Interna por el Poder
En un desafío directo a los planes de la Casa Blanca, las instituciones leales al chavismo han movido ficha para preservar una apariencia de orden constitucional. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un dictamen en el que establece que, ante la situación actual, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien debe asumir las funciones presidenciales. Al descartar deliberadamente la figura de «falta absoluta», el TSJ busca proyectar una imagen de continuidad institucional y legalidad interna, presentando la sucesión como un procedimiento previsto en la Constitución y no como el resultado de una intervención extranjera. Esta maniobra legalista no solo pretende consolidar el poder en manos del círculo cercano a Maduro, sino que también erige una barrera jurídica contra la administración temporal propuesta por Estados Unidos, planteando un conflicto de legitimidad que amenaza con paralizar aún más al país y dividir la lealtad de las fuerzas armadas.
En el extremo opuesto del espectro político, la oposición venezolana ha rechazado categóricamente tanto la solución impuesta por el TSJ como la tutela estadounidense, aferrándose a la legitimidad emanada de las urnas. A través de la voz de María Corina Machado, el sector democrático insiste en que la presidencia debe ser asumida de manera inmediata por Edmundo González, a quien consideran el ganador legítimo de las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024. Esta postura se basa en el principio de soberanía popular, argumentando que solo el voto de los ciudadanos puede conferir la autoridad para gobernar. Al hacerlo, la oposición se distancia de cualquier solución que no respete el mandato electoral, creando un tercer polo en la disputa por el poder. Este reclamo pone de manifiesto la profunda desconfianza hacia cualquier salida que no sea puramente democrática, ya sea una continuidad chavista o una transición dirigida desde el extranjero.
El Petróleo Como Eje de la Estrategia de Intervención
La dimensión económica de la intervención estadounidense ha quedado expuesta como uno de sus objetivos primordiales, con el control de los vastos recursos petroleros de Venezuela en el centro de la estrategia. Donald Trump anunció un plan para revitalizar la decaída industria petrolera venezolana mediante la inyección de miles de millones de dólares por parte de empresas estadounidenses. Venezuela, que posee aproximadamente el 17 % de las reservas mundiales de crudo, ha visto su producción desplomarse bajo el peso de las sanciones impuestas desde 2019. El objetivo de Washington es reconfigurar por completo el sector energético para alinearlo con los intereses de sus corporaciones, transformando el principal activo del país en un motor para la economía estadounidense y un instrumento de influencia geopolítica. Este plan representa una clara intención de tomar control directo sobre la principal fuente de riqueza de la nación sudamericana.
La presencia ya autorizada de la petrolera Chevron, que opera en el país bajo una licencia especial emitida por el Departamento del Tesoro, sirve como un precedente y un modelo para la rápida transformación del sector que se avecina. Esta compañía actúa como la punta de lanza de una estrategia más amplia que busca no solo restaurar los niveles de producción, sino también asegurar que la gestión y los beneficios de la industria petrolera respondan a los intereses de Washington. La operación militar, por lo tanto, no puede entenderse únicamente como una acción política, sino como un movimiento estratégico para consolidar el control sobre uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos del planeta. La reestructuración de la industria petrolera se presenta así como una condición no negociable en la nueva relación bilateral, convirtiendo la soberanía energética de Venezuela en una pieza clave de la negociación por su futuro político.
Reacciones Inmediatas y Aislamiento Diplomático
La operación militar, descrita como la culminación de cuatro meses de presión sostenida, incluyó ataques con explosiones en Caracas que afectaron instalaciones estratégicas como Fuerte Tiuna. La capital amaneció en un estado de alta tensión, con calles semivacías y un abrumador despliegue de seguridad. La reacción interna reflejó la profunda polarización del país: mientras un pequeño grupo de simpatizantes de Maduro protestaba por su captura, miles de venezolanos en el exilio celebraron la caída del mandatario, aunque con una mezcla de esperanza e incertidumbre sobre el futuro. El presidente Trump afirmó que la operación se saldó sin bajas estadounidenses, pero reconoció la muerte de «muchos cubanos que protegían a Maduro», un dato que añadió más complejidad al ya tenso escenario.
A nivel internacional, la condena a la intervención fue casi unánime y provino de frentes ideológicos diversos, lo que dejó a Estados Unidos en una posición de notable aislamiento diplomático. Aliados tradicionales de Venezuela como Rusia, China, Irán y Cuba exigieron la «liberación inmediata» de Maduro y denunciaron la acción como una violación del derecho internacional. De manera más significativa, importantes gobiernos latinoamericanos, entre ellos los de Brasil, Chile, Colombia y México, también condenaron los ataques, rechazando el uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de una nación soberana. Esta amplia y contundente reprobación regional subrayó la percepción de que la intervención, lejos de ser una solución, representó una grave transgresión a los principios de convivencia pacífica en el hemisferio.
