En 2024, la libertad de prensa en Perú está enfrentando una crisis sin precedentes, evidenciada por el alarmante récord de 392 agresiones a periodistas y medios de comunicación. Esta cifra, la más alta en dos décadas, supera considerablemente los 352 casos registrados en 2023, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP), ligada a la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). Este incremento de agresiones refleja un ambiente hostil para el ejercicio periodístico en el país, poniendo en riesgo no solo la integridad de los profesionales del sector, sino también el derecho a la información de la ciudadanía.
Funcionarios públicos: principales agresores
Un panorama alarmante
El informe de la OFIP revela que los principales agresores de periodistas son los funcionarios públicos, quienes suman un total de 177 casos. Esta situación es particularmente grave, ya que estos servidores deberían ser los garantes de los derechos ciudadanos y no los perpetradores de agresiones. Entre marzo y mayo de 2024, se vivió un período crítico conocido como «oleada hostil», que estuvo vinculado al «caso Rolex». Este escándalo involucraba a la presidenta Dina Boluarte y al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quienes mostraron actitudes despectivas hacia los periodistas.
Durante esta «oleada hostil», las preguntas sobre el caso Rolex fueron calificadas de «tendenciosas» por la presidenta, mientras que Oscorima tildó a los periodistas de «malas personas». Estas declaraciones impulsaron un incremento en las agresiones verbales, el hostigamiento y las amenazas contra los comunicadores sociales. La hostilidad hacia la prensa se ha traducido en un entorno en el que los profesionales sienten cada vez más difícil realizar su trabajo con seguridad y libertad. La actitud de los funcionarios públicos no solo contribuye a este clima de agresiones, sino que también envía un mensaje equivocado sobre la importancia de la labor periodística.
Aumento de tensiones en el último trimestre
Declaraciones incendiarias
El último trimestre de 2024 vio un incremento significativo en las tensiones, exacerbado por declaraciones de la presidenta Boluarte sobre el supuesto «terrorismo de imagen» llevado a cabo por los medios de comunicación. Estas afirmaciones fueron respaldadas por el congresista Waldemar Cerrón y el primer ministro Gustavo Adrianzén, lo que contribuyó a escalar aún más la hostilidad contra los periodistas. Los comentarios de las autoridades alimentaron un ambiente ya de por sí peligroso y complicado para los profesionales de la comunicación, quienes se enfrentaron a un mayor número de agresiones durante este período.
En noviembre, las tensiones se vieron acentuadas por las protestas de los transportistas contra el crimen organizado, que también resultaron en picos de ataques a periodistas. La situación se tornó más preocupante para los comunicadores sociales, ya que muchos fueron acusados de «organización criminal» o «lavado de activos», intentando silenciarlos mediante procesos judiciales. Esta tendencia representa un grave atentado contra la libertad de prensa y pone de manifiesto las complicaciones que enfrentan los periodistas en su labor diaria.
Diversas formas de agresión
Amenazas, hostigamientos y agresiones físicas
El informe de la OFIP detalla que las agresiones contra los periodistas en Perú se presentan en diversas formas, sumando un total de 153 amenazas u hostigamientos, 70 agresiones físicas o verbales, y 52 discursos estigmatizantes. Estas agresiones no solo afectan la integridad física de los periodistas, sino que también tienen un impacto psicológico y emocional significativo, complicando aún más su capacidad de informar de manera objetiva y oportuna. Las agresiones físicas y verbales son particularmente preocupantes, ya que muchas veces resultan en lesiones y trauma para los profesionales de la comunicación.
Además, se ha observado un esfuerzo por parte del Legislativo para limitar la libertad informativa mediante propuestas que buscan regular las filtraciones y establecer requisitos profesionales más estrictos para ejercer el periodismo. Estas medidas han generado una mayor presión sobre los periodistas, quienes se ven acusados de delitos graves como «organización criminal» o «lavado de activos», con el fin de reducir su influencia y capacidad de investigar. El entorno se ha vuelto más complicado y hostil, demostrando la necesidad de proteger a los periodistas y garantizar su derecho a ejercer su labor sin miedo a represalias.
Concentración geográfica y género en las agresiones
Distribución de casos por ciudad
Las agresiones a periodistas en Perú no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del país, siendo Lima la región con mayor número de casos, acumulando un total de 222. Sin embargo, otras regiones como Huamanga, Cutervo, Mariscal Nieto, Arequipa y Cusco también han reportado cifras significativas de agresiones, mostrando que el problema de la violencia contra la prensa es una preocupación nacional y no se limita solo a la capital. Esta distribución geográfica destaca la necesidad de implementar medidas de protección y apoyo a los periodistas en todas las regiones del país, asegurando que puedan llevar a cabo su labor sin riesgos.
Medios digitales y género
Los medios digitales son los más afectados por las agresiones, seguidos por la televisión y la prensa escrita. Esta tendencia refleja el creciente impacto de las plataformas digitales en el panorama mediático y la mayor vulnerabilidad de estos medios a las agresiones. En términos de género, el informe de la OFIP indica que el 47% de los ataques fueron dirigidos a hombres, el 34% a empresas de medios y el 19% a mujeres periodistas. Las periodistas mujeres enfrentan un tipo de acoso adicional que incluye insultos sexistas y amenazas a su vida personal, aumentando así la presión y el peligro al que están expuestas en su labor diaria.
Conclusión
En el año 2024, la situación de la libertad de prensa en Perú atraviesa una crisis sin precedentes, evidenciada por el alarmante registro de 392 agresiones a periodistas y medios de comunicación. Esta cantidad, la más alta en dos décadas, supera significativamente los 352 casos registrados en 2023, de acuerdo con un informe de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP), una entidad vinculada a la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). El notable aumento en el número de agresiones refleja un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de la labor periodística en el país, lo cual pone en riesgo no solo la seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación, sino también el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada. Este panorama plantea serios desafíos para las libertades fundamentales en el Perú y exige medidas urgentes para revertir esta preocupante tendencia y garantizar la protección de quienes buscan informar verazmente a la sociedad.
