En el año 2025, Perú enfrenta una serie de desafíos ambientales significativos que requieren de atención urgente y soluciones efectivas. Las reformas legislativas recientes han debilitado la protección de los recursos naturales, mientras que la economía ilegal y la criminalidad en la Amazonía continúan siendo problemas graves. Además, la inminente contienda electoral y la relevancia de la COP 30 en Belém do Pará añaden más complejidad a la situación, destacando la necesidad de un compromiso político real para abordar estos problemas.
Debilitamiento de las leyes medioambientales
Ley Antiforestal y sus consecuencias
En enero de 2024, se aprobó una modificación a la Ley Forestal en Perú, conocida como Ley Antiforestal, la cual exime a los propietarios y poseedores de tierras en la Amazonía que hayan deforestado con fines agrícolas de presentar el estudio de clasificación de suelos. Los expertos alertan que estos estudios son esenciales para determinar si la actividad agropecuaria es compatible con las condiciones ecológicas del suelo amazónico. La falta de estos análisis técnicos aumenta el riesgo de incendios forestales, afectando negativamente tanto la biodiversidad como las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas.
La Ley Antiforestal ha generado controversia entre ambientalistas y funcionarios gubernamentales, ya que su implementación parece estar diseñada para favorecer intereses económicos a corto plazo a costa de la sostenibilidad a largo plazo. A medida que la deforestación se incrementa, se pierden hábitats cruciales para especies endémicas y se acelera el cambio climático debido a la liberación de carbono almacenado en los bosques. Esta situación también agrava la situación socioeconómica de las comunidades indígenas, quienes enfrentan mayores dificultades para preservar sus territorios ancestrales y su forma de vida tradicional.
Ley 32108 y la lucha contra el crimen organizado
Otra ley sumamente cuestionada es la Ley 32108, promulgada el 9 de agosto de 2024, que introduce modificaciones al Código Penal y otras leyes en materia de crimen organizado. Sin embargo, estas modificaciones no han mostrado ser efectivas para combatir las economías ilícitas. Por el contrario, estas reformas legislativas están debilitando los recursos naturales de Perú al no abordar de manera integral los problemas asociados a la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas que afectan directamente el medio ambiente y la seguridad de las comunidades.
Expertos han señalado que en 2025, los efectos negativos de estas reformas legislativas se harán aún más evidentes, ya que no se han establecido mecanismos claros para la implementación y supervisión de las leyes. La directora para América Latina del Natural Resource Governance Institute (NRGI), Juan Luis Dammert, menciona que mientras no se produzca un cambio en la situación política actual, la gestión ambiental no mejorará. La coalición gobernante no muestra interés en los temas ambientales, lo que ha llevado al país a un deterioro en el manejo de la minería aurífera, beneficiando la informalidad e ilegalidad.
Retos en la investigación de delitos ambientales
Complicaciones legales en la investigación
Varios fiscales en las regiones amazónicas coinciden en que la Ley 32138, que modifica la ley contra el crimen organizado aprobada en octubre de 2024, ha complicado la investigación de delitos ambientales. La nueva ley exige la presencia de un defensor público o el abogado del acusado durante los allanamientos, lo que retrasa e incluso paraliza las investigaciones si no se cumplen estas disposiciones, poniendo en riesgo la validez de los procesos judiciales. Estas complicaciones legales han generado una sensación de impunidad entre aquellos que cometen delitos ambientales, dificultando aún más la labor de quienes buscan proteger estos importantes ecosistemas.
Los fiscales han enfatizado que la falta de recursos y personal capacitado también contribuye a las dificultades en la investigación y persecución de los delitos ambientales. Además, la corrupción y los intereses políticos a menudo interfieren en la aplicación de la ley, lo que permite que las actividades ilegales continúen sin consecuencias significativas. Esta situación ha generado un clima de desconfianza tanto entre las comunidades locales como entre los defensores ambientales, quienes ven cómo sus esfuerzos son constantemente socavados por un sistema legal ineficaz.
Impacto en la gestión ambiental
La gestión ambiental en Perú se ha visto gravemente afectada por estas complicaciones legales y la falta de voluntad política para enfrentar los problemas. La directora del NRGI, Juan Luis Dammert, menciona que mientras no se produzca un cambio en la situación política actual, la gestión ambiental no mejorará. La coalición gobernante no muestra interés en los temas ambientales, lo que ha llevado al país a un deterioro en el manejo de la minería aurífera, beneficiando la informalidad e ilegalidad. Esta falta de interés y compromiso por parte del gobierno ha generado una situación insostenible, donde los recursos naturales están siendo explotados sin control ni regulación adecuada.
Además, la débil implementación de políticas ambientales ha resultado en la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. La falta de planificación y coordinación entre las entidades públicas ha agravado la situación, permitiendo que proyectos extractivos y de infraestructura se desarrollen sin las debidas evaluaciones de impacto ambiental. Esta situación no solo afecta al medio ambiente, sino también a las comunidades indígenas y rurales, quienes dependen directamente de estos recursos para su subsistencia.
Implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático
Estrategia Nacional de Cambio Climático a 2050
Lissette Vásquez, ex Adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, destaca que en 2025 será crucial la implementación adecuada de la Estrategia Nacional de Cambio Climático a 2050, aprobada en noviembre de 2024. Esta estrategia contempla una serie de medidas destinadas a promover una economía baja en carbono, aunque su implementación podría no ser efectiva sin el compromiso y coordinación de las entidades públicas y privadas. Entre las medidas más relevantes se encuentran la promoción de energías renovables, la reforestación y la mejora en la gestión de residuos, todas esenciales para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático a 2050 representa una oportunidad única para que Perú se convierta en un líder regional en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del país para involucrar a todos los sectores de la sociedad en su implementación. Esto incluye no solo a los gobiernos locales y nacionales, sino también a las empresas, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado se podrán alcanzar los ambiciosos objetivos de esta estrategia.
Coordinación entre entidades públicas y privadas
La implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático requiere un compromiso real y una coordinación efectiva entre las entidades públicas y privadas. Sin este esfuerzo conjunto, las medidas propuestas podrían no tener el impacto deseado en la reducción de emisiones y la promoción de una economía sostenible. La participación activa del sector privado es esencial, ya que muchas de las medidas propuestas dependen de la inversión y la innovación en tecnologías bajas en carbono. Además, es necesario fortalecer la capacidad institucional de las entidades gubernamentales para supervisar y regular adecuadamente las actividades que tienen un impacto en el clima.
La colaboración internacional también jugará un papel crucial en la implementación de esta estrategia. Perú necesita aprovechar las oportunidades de financiamiento y asistencia técnica disponibles a través de organismos internacionales y acuerdos multilaterales. La cooperación con otros países de la región puede facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, lo que contribuirá a mejorar la efectividad de las medidas adoptadas. En última instancia, el éxito de la Estrategia Nacional de Cambio Climático dependerá de la voluntad política y el liderazgo para priorizar la acción climática en todas las áreas de la política pública.
Pendiente Política Nacional de Pueblos Indígenas
Brechas en el otorgamiento de derechos
Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), menciona que está pendiente la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, la cual espera se concrete en 2025. Indica que existen grandes brechas en el otorgamiento de derechos a favor de los pueblos indígenas, quienes no cuentan con acceso a la energía, lo que cuestiona las promesas de una «transición justa». La falta de una política clara y robusta ha dejado a estas comunidades en una situación de vulnerabilidad, donde sus derechos son frecuentemente ignorados o violados.
Estos problemas se ven exacerbados por la falta de consultas previas e informadas en proyectos que afectan directamente a los territorios indígenas. La implementación de proyectos extractivos y de infraestructura sin el consentimiento de las comunidades ha resultado en desplazamientos forzados, pérdida de tierras y destrucción de recursos vitales. La ausencia de un marco legal sólido que proteja los derechos de los pueblos indígenas ha permitido que las actividades ilegales y la explotación irresponsable de recursos continúen sin consecuencias significativas.
Necesidad de una transición justa
La falta de acceso a la energía y otros recursos básicos para los pueblos indígenas pone en duda las promesas de una transición justa. Es fundamental que la Política Nacional de Pueblos Indígenas aborde estas brechas y garantice que los derechos de estas comunidades sean respetados y protegidos, asegurando su participación activa en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios. Una transición justa no puede lograrse sin abordar las desigualdades y garantizar que los beneficios del desarrollo sostenible lleguen a todos, especialmente a aquellos que han sido históricamente marginados.
Es crucial que se desarrollen políticas inclusivas que reconozcan y valoren los conocimientos tradicionales y las prácticas de los pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales. La integración de estas prácticas en las estrategias nacionales puede no solo fortalecer la resiliencia de las comunidades, sino también contribuir significativamente a los esfuerzos de conservación y sostenibilidad. La participación activa de los pueblos indígenas en la formulación y ejecución de políticas es esencial para garantizar que sus voces sean escuchadas y sus derechos sean protegidos.
Problemas en la modernización del Senace
Debilitamiento del Senace
En el año 2025, Perú se encuentra enfrentando una serie de desafíos ambientales de gran envergadura que requieren de atención inmediata y soluciones efectivas. Las reformas legislativas recientes han mermado la protección de los recursos naturales, lo que agrava la situación ambiental. Paralelamente, la economía ilegal y la criminalidad en la Amazonía siguen siendo problemas persistentes y graves, afectando tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales.
Además, la inminente contienda electoral añade un nivel adicional de complejidad, ya que las decisiones políticas futuras serán cruciales para la implementación de medidas de preservación y restauración ambiental. La importancia de la COP 30, que se celebrará en Belém do Pará, resalta aún más la necesidad de un compromiso político serio y real para enfrentar los problemas ambientales. Este evento internacional representa una oportunidad única para que Perú muestre su dedicación a la protección del medio ambiente y busque soluciones conjuntas con otros países afectados por problemas similares.
En este contexto, es fundamental que tanto el sector público como el privado trabajen juntos para desarrollar estrategias sostenibles y de largo plazo. Solo a través de una colaboración efectiva y el compromiso responsable, Perú podrá enfrentar estos desafíos ambientales y asegurar un futuro más sostenible para las próximas generaciones.
The SEC’s Cautious Approach and Call for Public Comment
In its deliberate approach to addressing the complexities of cryptocurrencies, the SEC opted for another delay in its verdict on the spot Ethereum ETF. The extension grants the SEC an opportunity not only to conduct an in-depth examination of Ethereum’s suitability for ETF status but also to source public insight, which could heavily sway the conclusion. This speaks to the SEC’s attentiveness to the nuances of digital assets and their integration into regulatory frameworks, which it does not take lightly. The situation closely parallels the stalling faced by Grayscale, who is also waiting for the green light to transform its Ethereum Trust into a spot ETF, raising questions about the contrasting regulatory processes for Bitcoin and Ethereum.
