La discusión sobre la eliminación del Crédito con Aval del Estado ha sido reactivada en la Comisión de Educación del Senado, reabriendo así uno de los debates más sensibles y esperados por miles de familias en el país. El proyecto de ley no solo busca terminar con un sistema de financiamiento que ha generado un endeudamiento masivo entre los estudiantes, sino que también propone la creación de un mecanismo completamente nuevo, el Sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), con la promesa de ser más justo y sostenible a largo plazo. Este reinicio legislativo se produce en un contexto de alta expectación y notable incertidumbre, ya que el avance concreto de la iniciativa depende de manera crucial de las indicaciones que el Ejecutivo se ha comprometido a presentar para perfeccionar y hacer viable la propuesta. La atención se centra ahora en la capacidad del sistema político para construir los consensos necesarios que permitan transformar una demanda social histórica en una política de Estado sólida y perdurable, superando las barreras técnicas y las divisiones ideológicas que han caracterizado su tramitación hasta ahora.
Un horizonte de incertidumbre y cuestionamientos técnicos
El reinicio del debate legislativo se desarrolla en un clima de espera y cautela, donde el futuro inmediato de la iniciativa está supeditado a la presentación de las indicaciones prometidas por el Ejecutivo. Estas enmiendas son consideradas un elemento fundamental, pues se espera que aborden las principales debilidades técnicas y políticas del proyecto original y allanen el camino para su votación en la comisión. La ausencia de estas modificaciones mantiene la discusión en un estado de suspensión, lo que impide que los parlamentarios puedan formarse una opinión definitiva sobre la idea de legislar. La comunidad educativa y los deudores del sistema actual observan con atención, conscientes de que el contenido de estas indicaciones determinará si la propuesta de un nuevo sistema de financiamiento logra superar las críticas y consolidarse como una alternativa viable. La presión sobre el Gobierno aumenta a medida que transcurren las sesiones, pues de su capacidad de articulación y propuesta depende que el debate no vuelva a estancarse.
Para arrojar luz sobre las complejas aristas técnicas del proyecto, la comisión ha convocado a las más altas autoridades en materia fiscal y de control. Se recibió a la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, y se cursó una invitación formal a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, buscando así obtener un diagnóstico experto e independiente sobre los puntos más controvertidos de la reforma. Las comparecencias tienen como objetivo principal clarificar dos dudas fundamentales que generan inquietud tanto en el ámbito político como en el económico. La primera se refiere a la capacidad real de recaudación que tendría el nuevo sistema FES y su sostenibilidad financiera a largo plazo. La segunda, de carácter contable pero con profundas implicancias presupuestarias, se centra en si debe clasificarse como un gasto fiscal en lugar de un activo para el Estado, un detalle que podría afectar significativamente a las finanzas públicas y limitar el margen de acción del Gobierno en otras áreas.
El intrincado ajedrez político en el Congreso
El avance del proyecto para reemplazar el CAE se encuentra en una encrucijada procedimental, donde cada paso legislativo está condicionado por la acción de los distintos actores políticos. El destino inmediato de la iniciativa depende directamente de que el Ejecutivo presente formalmente sus indicaciones, un requisito indispensable para que la Comisión de Educación pueda proceder a la votación sobre la idea de legislar. Este trámite no es menor, ya que representa el primer filtro que debe superar la propuesta antes de ser despachada a la sala del Senado para su discusión general. Dicho mecanismo convierte a la comisión en un escenario clave, donde se librará una batalla política para definir los contornos del futuro sistema de financiamiento. La demora en la presentación de las enmiendas no solo retrasa el cronograma, sino que también alimenta la tensión entre las distintas bancadas, cada una de las cuales defiende su visión sobre cómo el Estado debe garantizar el acceso a la educación superior.
El debate en la comisión ha servido para exponer con claridad las profundas diferencias que existen entre el oficialismo y la oposición respecto a la reforma. Las posturas reflejan no solo visiones contrapuestas sobre el rol del Estado en el financiamiento estudiantil, sino también estrategias políticas calculadas para influir en el resultado final. El senador Gastón Saavedra (PS) criticó abiertamente la propuesta de la oposición de tramitar la eliminación del CAE en un proyecto separado de la creación del nuevo FES. A su juicio, esta estrategia busca desmembrar la reforma y dificultar la aprobación de una solución integral. En contraste, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) aprovechó un problema coyuntural, como la demora en la transferencia de recursos a universidades con gratuidad, para enfatizar su punto sobre la necesidad de que el Estado actúe de manera predecible y financieramente responsable, sembrando dudas sobre la capacidad de cumplir las promesas del nuevo sistema.
Hacia un consenso en medio de la polarización
A pesar de las marcadas diferencias políticas y las complejidades técnicas, el Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su disposición a incorporar cambios y buscar puntos de encuentro para asegurar la viabilidad del proyecto. Existe una clara conciencia en el Gobierno de que una reforma de esta magnitud, que busca solucionar uno de los problemas más sentidos por la ciudadanía en las últimas décadas, solo puede prosperar sobre la base de un amplio acuerdo político y social. Esta apertura al diálogo se ha materializado en la voluntad de acoger observaciones no solo de los parlamentarios, sino también de los actores directamente involucrados en el sistema de educación superior. La estrategia gubernamental parece centrarse en construir un consenso progresivo, modificando la propuesta original para hacerla más robusta desde el punto de vista técnico y más aceptable desde la perspectiva política, evitando así un rechazo que signifique un nuevo fracaso en el intento de reformar el financiamiento estudiantil.
El debate se ha visto enriquecido por la participación activa de diversas instituciones del mundo académico, que han aportado sus propias visiones y propuestas para mejorar la iniciativa legislativa. El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), junto a otras entidades representativas de la educación superior, ha presentado documentos y ha participado en las sesiones de la comisión, ofreciendo análisis detallados sobre los posibles impactos del nuevo sistema FES. Estas contribuciones se consideran valiosas, ya que provienen de quienes gestionan día a día las instituciones y comprenden las complejidades del financiamiento, la calidad académica y la equidad en el acceso. La integración de estas perspectivas técnicas y académicas al debate político es fundamental para que la solución final no solo responda a una demanda ciudadana, sino que también sea funcional, sostenible y beneficie realmente a los estudiantes y a las instituciones que los forman.
Una solución que mira al futuro
El debate legislativo que se reactivó en el Senado representó un momento decisivo en la larga búsqueda de una solución al endeudamiento estudiantil. Las discusiones estuvieron marcadas por una tensión constante entre la urgencia social y la responsabilidad fiscal, donde cada sector político defendió su visión sobre el rol del Estado. Las comparecencias de expertas como Paula Benavides y Dorothy Pérez aportaron una necesaria cuota de rigor técnico, obligando a los parlamentarios a considerar las implicancias presupuestarias de la reforma más allá de los discursos. El proceso dejó en evidencia que la construcción de un nuevo sistema de financiamiento requería no solo voluntad política, sino también un diseño cuidadoso que garantizara su sostenibilidad a largo plazo. Finalmente, el camino elegido estuvo pavimentado por negociaciones complejas y la integración de propuestas del mundo académico, sentando las bases de un sistema que buscó equilibrar el acceso universal a la educación con la salud de las finanzas públicas.
