La reciente decisión del Gobierno nacional de implementar medidas extraordinarias y transitorias ha generado una considerable incertidumbre en el sector energético y entre los consumidores, quienes se preguntan si estas nuevas cargas fiscales se traducirán en un incremento en sus facturas mensuales. En el marco de la emergencia económica declarada, se han establecido nuevos gravámenes dirigidos a las empresas generadoras de energía con el fin de fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Este fondo es crucial para respaldar financieramente a las compañías de servicios públicos que se encuentran bajo intervención estatal, buscando así asegurar la continuidad y calidad del suministro eléctrico en regiones vulnerables. La medida principal consiste en una contribución parafiscal que busca recaudar fondos para garantizar la sostenibilidad del servicio. La pregunta que queda en el aire es si, a pesar de las aseveraciones gubernamentales, los costos adicionales que enfrentan los generadores terminarán repercutiendo, directa o indirectamente, en el bolsillo de los usuarios finales a lo largo del país.
1. Detalles de la Nueva Contribución Parafiscal
Mediante la resolución 044 del 21 de enero, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se formalizó la creación de una contribución parafiscal de carácter temporal para las empresas generadoras de energía. El propósito explícito de este gravamen es financiar las actuaciones necesarias para «garantizar la continuidad, calidad, cobertura y sostenibilidad de la prestación del servicio de energía eléctrica», especialmente en el contexto de las empresas intervenidas. La tarifa de esta contribución se ha fijado en un 2.5 % sobre las utilidades antes de impuestos que dichas compañías reportaron tras la vigencia fiscal de 2025. El esquema de pago se ha estructurado en dos plazos definidos. El primer desembolso, correspondiente al 1.25 %, se estableció para el 2 de febrero, liquidado «con base en la información certificada de los Estados Financieros de la vigencia 2024». El segundo pago, por el 1.25 % restante, deberá realizarse el 15 de mayo, una vez se presenten «los estados financieros consolidados y debidamente aprobados de la vigencia fiscal 2025». Esta estructura de pagos busca agilizar la recaudación de fondos para atender la emergencia del sector sin esperar al cierre contable completo del año en curso.
Adicionalmente a la contribución parafiscal, el Gobierno nacional ha instituido una contraprestación tributaria en especie, dirigida específicamente a las empresas de generación hidráulica. Esta medida les exige entregar una porción de su energía eléctrica con una destinación específicgarantizar la prestación del servicio por parte de las empresas intervenidas, siendo Air-e una de las principales beneficiarias. Según lo estipulado en la resolución, «el aporte en especie corresponderá al 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista que se distribuirá proporcionalmente entre las empresas intervenidas, liquidada mensualmente». Para incentivar esta contribución, se ha establecido un beneficio fiscal significativo para las generadoras participantes. Dicho aporte «constituirá un descuento tributario del 50% sobre la base gravable del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del aportante». El Ejecutivo ha sido enfático en señalar que «este aporte no podrá tener efectos en la tarifa, ni afectar el despacho económico, ni la formación de precios del mercado», buscando con ello disipar los temores de un posible traslado de costos a los consumidores finales a través de un aumento en las tarifas del servicio eléctrico.
2. La Postura del Gobierno y su Impacto en el Usuario
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha defendido firmemente el alcance y la necesidad de estas nuevas regulaciones, asegurando que su implementación no afectará negativamente a los usuarios del servicio eléctrico. En sus declaraciones, fue categórico al señalar que el decreto no modifica el modelo fundamental del sector ni está diseñado para que sus costos se trasladen a las facturas de los consumidores. Según el ministro, la iniciativa no debe ser vista como una medida en contra del sector, sino como una acción necesaria para «salvarlo de la falta de acción de los Gobiernos anteriores y de los honorables parlamentarios que han asfixiado la política fiscal del país para la prestación del servicio». Subrayó que la intervención gubernamental responde a la necesidad de actuar para evitar un «riesgo sistémico real» que podría, en última instancia, dejar a millones de colombianos sin energía si no se hubieran tomado decisiones oportunas y responsables. El ministro reiteró con insistencia la garantía de que «este decreto no se traslada a la factura de los usuarios, no altera el despacho económico ni cambia las reglas del mercado».
Profundizando en su argumentación, el ministro Palma explicó que el objetivo primordial de estas medidas es proteger tanto a la población como a las empresas del sector para asegurar la continuidad del servicio. En su intervención, dirigió críticas a ciertos congresistas, en particular a los de la «bancada Caribe», a quienes acusó de, al parecer, desear que su región y el país terminen en una situación de apagones. Recordó que el Estado posee la obligación constitucional de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y que, dada la magnitud de la situación financiera de las empresas intervenidas, los instrumentos ordinarios de política pública resultaron insuficientes. «Cuando está en riesgo un servicio público esencial, el Estado no puede mirar para otro lado», afirmó el ministro. Concluyó que las medidas adoptadas representan un acto de «solidaridad temporal» indispensable para evitar un «daño permanente al sistema eléctrico y a la economía del país», enmarcando la decisión como una respuesta responsable ante una crisis inminente que requería una acción gubernamental decidida y contundente para estabilizar el sector.
3. Una Mirada Retrospectiva a las Medidas Implementadas
Las medidas adoptadas por el Ejecutivo representaron una intervención directa en el mercado energético, justificada por la necesidad de evitar un colapso sistémico. La creación de una contribución parafiscal sobre las utilidades de las generadoras y la exigencia de un aporte en especie a las hidroeléctricas fueron herramientas diseñadas para inyectar liquidez y recursos a las empresas intervenidas. Aunque el Gobierno aseguró que estos nuevos gravámenes no se reflejarían en las tarifas de los usuarios, el debate sobre la sostenibilidad de estas soluciones y sus efectos a largo plazo se mantuvo activo entre los expertos del sector. La implementación de estas políticas puso de manifiesto la tensión existente entre la necesidad de mantener la estabilidad del sistema eléctrico y el objetivo de no trasladar cargas económicas adicionales a los consumidores finales. La efectividad de estas acciones se evaluó en función de su capacidad para estabilizar a las empresas en crisis sin generar distorsiones significativas en el mercado ni afectar la confianza de los inversores.
